¿Empresarios del asfalto?: Firma cartagenera sigue ejecutando contratos en Cesar pese a dejar una vía colapsada

El pasado 18 de enero de 2025, la Gobernación del Cesar adjudicó uno de los contratos de infraestructura vial más importantes de este primer semestre: la pavimentación y mejoramiento de la carretera que une los corregimientos de Mariangola y Villa Germania, en jurisdicción del municipio de Valledupar.

El proyecto, por un valor de 60.666 millones de pesos, quedó en manos del Consorcio Transversal Vial Nevada, conformado por las empresas Equipos y Construcciones del Caribe S.A.S., con un 70 % de participación, y JTD S.A.S. Zomac, con el 30 % restante.

En dialogo con EL TIEMPO, un ciudadano que por seguridad prefiere no se mencione su identidad manifestó, "a primera vista parece un avance para la región, es en realidad la reedición de un capítulo que ya dejó huella: las dos firmas que liderarán esta obra son viejas conocidas de los cesarenses. Ambas protagonizaron la construcción de una vía de $107.000 millones que, pese a su costo y relevancia, se encuentra hoy plagada de huecos, grietas y tramos intransitables a menos de un año de haber sido inaugurada2.

Una obra colapsada y una adjudicación sin consecuencias

La vía Codazzi-Aguas Blancas, que comunica al municipio de Codazzi con el corregimiento Aguas Blancas en Valledupar, fue presentada por la Gobernación como una apuesta estratégica para mejorar la conectividad del Cesar con la región Caribe. Se esperaba que redujera hasta 45 minutos en el viaje hacia ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

Sin embargo, a los pocos meses de su entrega en mayo de 2023, la carretera comenzó a mostrar un deterioro prematuro, con baches de gran tamaño, desprendimiento de material asfáltico y segmentos donde la carpeta vial ya cedió. Todo esto, pese a haberse recategorizado como vía secundaria (antes terciaria) y a haberse reforzado con una capa de asfalto de 10 centímetros, gracias a una adición presupuestal de 34 mil millones de pesos en el gobierno del exgobernador Luis Alberto Monsalvo.

La ejecución estuvo a cargo del Consorcio Vial Codazzi-Aguas Blancas, integrado por cuatro firmas: Equipos y Construcciones del Caribe S.A.S. (50 %), Ingeniería y Construcciones del Cesar (29 %), MEG Obras S.A.S. (20 %) y Constructora y Promotora ODIN S.A.S. (1 %).

"En esa ocasión, Juan David Mindiola Acosta, representante legal de Equipos y Construcciones del Caribe, firmó el contrato como cabeza del consorcio. Hoy, cinco años después, su empresa vuelve a figurar, ahora en el Consorcio Transversal Vial Nevada, como la principal beneficiaria de una nueva adjudicación millonaria en el mismo departamento", denuncia el ciudadano.

La segunda empresa del consorcio actual, JTD S.A.S. Zomac, es la que genera mayores alertas. Su rastro la conecta directamente con Ingeniería y Construcciones del Cesar, la firma que participó en la anterior vía fallida. En los registros mercantiles y las bases de datos de contratación pública, hay elementos que sugieren que se trata de la misma razón empresarial bajo otro nombre, "una estrategia frecuente para limpiar historial negativo y seguir contratando con el Estado".

Advertencias técnicas ignoradas

En enero de 2025, apenas unos días antes de la nueva adjudicación, la Sociedad de Ingenieros del Cesar envió una comunicación oficial a la Gobernación advirtiendo sobre el estado “crítico, avanzado y prematuro de deterioro” de la vía Aguas Blancas–Codazzi.

“Esta obra, que representaba una esperanza de desarrollo regional, hoy es símbolo de negligencia técnica. La calidad de ejecución, la supervisión y el control institucional están en entredicho”, señala el documento firmado por su presidente, con respaldo de más de 40 ingenieros estructurales.

Las fotografías anexas a la denuncia muestran tramos agrietados, tramos colapsados por completo y hundimientos en sectores que deberían soportar el tránsito pesado. Además, se alerta sobre el riesgo para los habitantes y transportadores, así como el impacto económico para el comercio intermunicipal.

En respuesta, la Gobernación aseguró haber iniciado “las acciones administrativas pertinentes para exigir al contratista las reparaciones necesarias”. No obstante, ninguna sanción pública, penalización contractual o inhabilitación fue registrada hasta la fecha: "Por el contrario, se les premió con un nuevo contrato de más de 60 mil millones de pesos".

Prórrogas, adiciones y demoras sistemáticas

El contrato de la vía Aguas Blancas–Codazzi también fue polémico por sus ocho prórrogas de tiempo, que extendieron la obra de los 12 meses inicialmente estipulados a más de 25 meses. Inició en febrero de 2020 y finalizó, formalmente, en mayo de 2023.

Entre los argumentos presentados por el contratista para justificar los retrasos estuvieron la pandemia por COVID-19, la creciente del río Cesar que afectó un puente y el incremento del flujo vehicular. Todos fueron aceptados por la interventoría.

La adición presupuestal que llevó el contrato de $73.000 millones a $107.000 millones fue aprobada por el gobernador Monsalvo bajo la premisa de que la carretera debía ajustarse a una categoría más alta, dada la proyección de tráfico. No obstante, expertos sostienen que los materiales empleados fueron de baja calidad y que los controles sobre la ejecución fueron laxos.

¿Un patrón que se repite?

La coincidencia entre actores, razones sociales, ubicación geográfica (Cartagena y Bolívar), estructuras societarias y métodos de contratación refuerza una hipótesis que ronda los círculos técnicos del Cesar: "se trataría de una red empresarial que cambia de nombre para seguir participando en licitaciones, pese a los antecedentes negativos."

Juan David Mindiola, en particular, figura como representante o apoderado en múltiples empresas que han contratado con el Estado en Bolívar, Cesar y Magdalena, siempre en el sector de infraestructura vial. Varios de esos contratos terminaron con observaciones, modificaciones o demandas.

JTD S.A.S. Zomac, por su parte, presenta un comportamiento típico de empresa “vehicular”: "escaso historial de ejecución, bajo capital reportado, sede compartida con otras firmas del mismo grupo y participación súbita en contratos multimillonarios".

¿Quién responde?

La falta de sanciones, las conexiones empresariales opacas y la reincidencia en la adjudicación de contratos públicos a empresas con resultados cuestionables revelan las grietas del sistema de contratación estatal en Colombia.

"El caso de la vía Mariangola–Villa Germania no es un hecho aislado es el reflejo de una lógica de impunidad técnica en la obra pública, donde el fracaso no penaliza y los millones continúan girando", advierte el denunciante.

EL TIEMPO intentó contactar a los implicados en esta denuncia para conocer respuesta al estado de la vía y las razones por la que no se ha cumplido y las líneas telefónica suministradas no fueron respondidas.