El plan B que tendría Colombia si pierde la Línea de Crédito Flexible del FMI para atender emergencias

En el país ha generado preocupación la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de suspenderle a Colombia el acceso a su Línea de Crédito Flexible (LCF); sin embargo, existe un plan B al que podría acudir el Gobierno Nacional para no quedarse sin estos recursos en caso de una emergencia. 

Este acceso se perdió porque el FMI aún no ha terminado las consultas del Artículo IV, un proceso que este año ha tomado más tiempo de lo usual. Según pudo establecer EL TIEMPO, esta demora se debe a los cambios seguidos del ministro de Hacienda.

El inicio del 2025 fue atípico porque, primero, vino la transición entre Ricardo Bonilla y Diego Guevara y, en cuestión de semanas, entre Diego Guevara y Germán Ávila (actual ministro de Hacienda).

En febrero, cuando se dio la acostumbrada visita del equipo del FMI para las consultas del Artículo IV, el exministro Guevara estaba recién posesionado, tras permanecer por casi dos meses como encargado.

Para concluir sus consultas y decidir si restablece o retira definitivamente la LCF a Colombia, el FMI espera la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se debe hacer, por tarde, el próximo 14 de junio.

Una vez publicadas las conclusiones de esas consultas, comenzaría la revisión de mitad del periodo de dicha línea de crédito, que se cumplió el pasado 26 de abril.

“Si después de que el Gobierno presente en junio el Marco Fiscal el FMI decide quitarle a Colombia la Línea de Crédito Flexible será porque no fuimos capaces de mostrar disciplina fiscal”, afirma Juan Alberto Londoño, exviceministro general de Hacienda.

Colombia cuenta con los recursos de esta línea desde el 2009 para la atención de emergencias y la única vez que la ha usado fue durante la pandemia del covid-19. El 26 de abril de 2024 el FMI se la renovó por cerca de 8.100 millones de dólares.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el Gobierno Nacional no tiene interés en hacer algún desembolso de estos recursos por sus costos y porque es una línea de muy corto plazo.

Por el contrario, tiene previsto pagar el saldo del crédito que se usó en la pandemia en diciembre o antes si es posible. Ese desembolso fue por 5.400 millones de dólares y el saldo pendiente es de 1.800 millones.

Como no se pensaba usar, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, asegura que es “poco relevante” que el FMI haya suspendido el acceso a la LCF.

Lo que sí considera importante es saber si el FMI ratificará o no que Colombia mantiene un marco de política macroeconómica muy sólido, lo cual ayuda a que el país pueda colocar recursos en los mercados financieros externos en mejores condiciones.

El plan B que tendría Colombia

Si Colombia pierde definitivamente el acceso a dicho crédito, existe un plan B que le seguiría garantizando acceso a más de 8.000 millones de dólares para emergencias.

Según pudo establecer EL TIEMPO, el FMI le habría ofrecido a Colombia pasarse a la Línea de Precaución y Liquidez (LPL), diseñada para atender las necesidades de liquidez de los países miembros con fundamentos económicos sólidos, pero que aún tienen algunas vulnerabilidades que les impide utilizar el crédito flexible.

“Esa línea del FMI también es muy buena, pero no tanto como la flexible, que es como tener una tarjeta de crédito platinum. No es que sea mala, pero tiene una menor reputación”, señala Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y director ejecutivo de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments.

Esta línea ha sido utilizada por varios países en el pasado, como Jamaica, Panamá, Macedonia del Norte y Marruecos, que han renovado sus acuerdos en múltiples ocasiones.

Para acceder a la LPL, además de una evaluación muy positiva en las consultas del Artículo IV, Colombia tendría que cumplir nueve criterios que usa el FMI con el fin de evaluar si se reúnen los requisitos para solicitar este apoyo.

Estos criterios incluyen una posición externa sostenible; una cuenta de capital en la que predominen los flujos privados y un historial de acceso estable del país a los mercados internacionales de capital en condiciones favorables.

También se exigen finanzas públicas sólidas, incluida una situación sostenible de la deuda pública; y una inflación baja y estable, en el contexto de un marco sólido de política monetaria y cambiaria.

A esto se suma un sistema financiero sólido e inexistencia de problemas de solvencia que puedan plantear una amenaza a la estabilidad sistémica; una supervisión eficaz del sector financiero y una integridad y transparencia de los datos.

Estos ocho criterios son los mismos que se tienen en cuenta para la LCF, la diferencia está en el nivel de reservas exigidas si se solicita un acuerdo precautorio.

La LCF exige un nivel de reservas “relativamente holgado”, independiente de las presiones en la balanza de pagos que justifiquen la asistencia del FMI. En contraste, la LPL requiere un nivel de reservas “relativamente cómodo”.

Según el gerente del Banco de la República, en este momento el nivel de reservas de Colombia “es adecuado desde cualquier punto de medición que se quiera hacer, estamos en la parte alta del rango de reservas internacionales recomendado por el FMI a las economías emergentes”.

Otra diferencia importante es que el desembolso de recursos de la LPL exige el cumplimiento de las condiciones que establezca el FMI, algo que no pasa con la línea flexible.

Además, según explica Andrés Pardo, para los acuerdos de la LPL que duran uno o dos años se exige una revisión cada seis meses, mientras que el crédito flexible, con vigencia de dos años, establece una revisión en la mitad del periodo para evaluar la permanencia.

Sin embargo, el exviceministro Londoño cree que Colombia tampoco podría acceder a la LPL porque uno de los requisitos que se exige es un plan creíble de ajuste fiscal y “el Gobierno no ha mostrado voluntad de sincerar las finanzas públicas”.

Igualmente, asegura que esta línea es para quienes no tienen acceso a los mercados internacionales y, por fortuna para Colombia, esto aún no ha sucedido.

“El país sí está colocando deuda, pero a un costo mucho más alto. Esperemos no llegar a un momento en que se cierren los mercados. Sería terrible que el Gobierno esté contemplando esta posibilidad”, agrega.

El principal reto que tiene Colombia

Tras la decisión del FMI de suspender el acceso a la LCF, el principal reto que enfrenta el Gobierno es restablecer la credibilidad de los inversionistas en su manejo fiscal.

Para eso, Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos en Grupo Bolívar, asegura que una buena señal sería comprometerse a cumplir la regla fiscal, realizar recortes tempranos en los gastos y mejorar el recaudo de impuestos.

“El problema es que nadie le está creyendo al Gobierno la cifra de déficit fiscal del 5,1 por ciento para 2025. Pensamos que será mayor”, dice.

Por su parte, Andrés Pardo considera importante “hacer ajustes fiscales para que los mercados comiencen a creer que, efectivamente, se está tratando de hacer lo necesario para que la deuda como porcentaje del PIB no siga creciendo”.

Y para mejorar el recaudo, el Ministerio de Hacienda tiene pensado radicar “muy pronto” una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República, pero si esa propuesta va a generar ingresos a partir del 2026 “vamos a seguir en problemas. Lo ideal sería aumentar el recaudo este año”, dice Langebaek. 

A esta reforma tributaria también le juega en contra el poco apoyo político que tiene en este momento para ser aprobada, además de las tensiones que hay entre el Ejecutivo y el Congreso.