El segundo proceso contra el presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha tenido tanta difusión o atención. Este plantea que supuestamente el ahora mandatario comenzó de forma extemporánea su campaña que lo llevó al cargo que ostenta en la actualidad.
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La ponencia es del magistrado Alfonso Campo y pide abrir investigación administrativa contra el primer mandatario por presuntamente incurrir en actos de campaña y publicidad electoral en un periodo anterior a los fijados por la ley, para esto se fundamenta en la ley 1475 de 2011.
Allí queda consignado en sus artículos 34 y 35 que la campaña comienza apenas el candidato se inscribe; que los actos en el espacio público solo pueden hacerse en un periodo no mayor a tres meses antes de las elecciones; y la propaganda a través de medios solo se podrá emitir o distribuir en los 60 días antes de los comicios.
Bajo estas premisas se pide imputar al ahora Presidente por cuenta del evento que hizo en Barranquilla el 16 de septiembre del 2021 en Barranquilla, más conocido como el evento de la P, y por piezas publicitarias emitidas en distintos espacios antes de la campaña.
De llegar a prosperar este caso, las sanciones serían de tipo económico e irían ente los 18 millones y los 184 millones de pesos. Sin embargo, el tema legal en Colombia no es tan claro frente al comienzo extemporáneo de campaña, por lo que no está claro si el segundo proceso contra el mandatario pueda prosperar.
Expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en que la ley colombiana deja mucho al campo de las interpretaciones frente al aspecto electoral, incluyendo el tema de inicio extemporáneo de campaña. En ese sentido señalaron que hay dos leyes que entran a regir este tema la ley 1475 de 2011, que es la que usa el magistrado Campo para su ponencia, y la ley 996 de 2005, que es la ley de garantías.
Precisamente la segunda hace referencia puntual al tema de las candidaturas presidenciales y la primera se toma como referencia en el resto de candidaturas.
En ese sentido se señala que el artículo 24 de la ley de garantías establece que “las campañas presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la prensa escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección presidencial”. Sin embargo, en la revisión de la ley, la Corte Constitucional fijó estos criterios sobre todo al candidato presidente y no al resto.
Sin embargo, expertos consultados señalaron que al desaparecer esta figura el candidato presidente, al no haber reelección, se debería pensar si se extienden estos criterios al resto de candidatos.
Por otro lado, los consultados indicaron que la ley 1475 termina siendo el criterio para medir a todos los candidatos y que allí incluso se abre la puerta a que haya gastos de campaña por parte de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos en los seis meses anteriores a la votación.
En esa excepción entran muchas cuestiones de posible proselitismo político. Esto abre la puerta para que un acto de campaña fuera de tiempo pase como un acto de mero proselitismo político o viceversa. Por lo que un comienzo antes de tiempo de campaña pasa a ser un tema de interpretación de si no es un acto propio de un movimiento político.
"Es una zona gris, es un espacio de difusión del partido político o del candidato. Es una doble temporalidad. Un partido se hace con candidatos y ya han definido sus listas. Es una zona gris que no se ha aclarado", dijo Marlon Pabón, de encargado de temas de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Otro aspecto a tener en cuenta es que el tema de la recolección de firmas y las precandidaturas que se baten en una consulta interpartidista también abren la puerta a campañas antes de los tiempos fijados para el proselitismo ordinario. De esta forma, se abre un campo muy grande para hacer eventos y propaganda antes de lo fijado por la ley.
De esta forma, la ley electoral adolece de ciertas vaguedades, señalan, que puedan dar paso a interpretaciones de un lado o en el otro. Así se ha evidenciado el caso del presidente Petro por posible inicio extemporáneo de la campaña.