El gobierno Petro ya se alista para presentar una tercera reforma tributaria

El presupuesto nacional, estipulado en 511 billones de pesos, está diseñado para cubrir los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública, pero requiere de una tercera reforma tributaria para el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Gobierno, además de garantizar la ejecución adecuada de los recursos aplicará un plan de austeridad por falta de nuevos ingresos tributarios.

Hay que tener en cuenta que todavía falta por conocerse un nuevo decreto de recorte por los 12 billones de pesos que se contemplaban con la reforma tributaria que se cayó en el Congreso y que era la segunda que llevaba el gobierno actual.

De acuerdo con el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, si bien no habrá recorte del gasto y el rubro faltante se aplazará, el plan por seguir es presentar una nueva reforma tributaria. 

“Los recursos son insuficientes y vamos a insistir en que el Congreso debe aprobar o una ley de financiamiento o una nueva reforma tributaria en donde los que tienen más, en donde los que han sido protegidos por el propio Congreso, pues paguen los impuestos que tienen que pagar para que definitivamente los sectores más vulnerables puedan recibir el apoyo del Estado y reciban los recursos que se requieren”, manifestó.

Esta es la alternativa que también ven como opción desde el Ministerio de Hacienda: hacerle un nuevo ajuste al esquema tributario, el segundo del presidente Petro. 

Según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, la instrucción es priorizar los programas de gobierno, que son fundamentalmente de gasto social.

Este recorte se sumaría al que ya tendrían de manera inicial algunas carteras como la de Prosperidad Social, puesto que el Gobierno Nacional presentó en juliopasado un presupuesto para ellas con menos recursos.

A propósito, el director de esta entidad, Gustavo Bolívar, aseguró que las únicas ayudas que de momento están cubiertas son las de los adultos mayores, las de renta del cuidado para las mujeres cabeza de hogar con hijos menores de seis años y la devolución del IVA. Adicionalmente, se está revisando la posibilidad de mantener renta joven.

En suma, el presupuesto del 2025 decretado estaba por un monto de 523 billones de pesos, como en el proyecto de ley hundido en el Legislativo, pero tras la orden de la suspensión por los 12 billones en que está desfinanciado según las cuentas que tiene el Gobierno, se sabrá qué rubros de los distintos sectores serán sometidos al recorte.

De acuerdo con el primer mandatario, quien ha criticado en repetidas ocasiones el hundimiento de la tributaria, “en el decreto de liquidación se expresará cuáles partidas de funcionamiento e inversión se aplazarán en el 2025, mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”.

Si bien, para el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional, el hueco es por los 12 billones de pesos que se planteaban en la reforma, los expertos y centros de pensamiento e investigación económica ubican el faltante entre los 26 y los 52 billones de pesos para el 2025.

En opinión de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Presupuesto está desfinanciado en al menos 26,6 billones de pesos, pues 12 billones corresponden a una ley de financiamiento que es inconveniente en este momento, y 14,6 billones, a ingresos adicionales que el Gobierno añadió a la gestión de la Dian.

El economista señala que “el Gobierno ya había incorporado una cifra exactamente igual en gestión de la Dian cuando publicó el ‘Marco fiscal’ en julio, por lo que el Presupuesto dependería de esa gestión en más de 29 billones de pesos, cifra inédita en la historia moderna del país. A esto hay que agregar que hay un faltante estimado de 6,6 billones en la meta recortada de recaudo para este año, por lo que el tamaño del problema de financiamiento puede ser incluso mayor”, explicó.

De acuerdo con del director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, la oficialización del decreto del Presupuesto requiere que el Gobierno se sincere sobre las cuentas fiscales.

“Tenemos unos ingresos pronosticados por el Gobierno por el orden de los 511 billones de pesos y unos gastos de 523 billones de pesos, para cerrar esa brecha de 12 billones se requiere un decreto en el que se especifique cuáles son los sectores en los que se va a hacer el recorte. Esto es solo el 2 por ciento del Presupuesto, y por tanto llamamos la atención, pues no es cierto que todo el Plan de Desarrollo y los planes del Gobierno están desfinanciados”, aseguró el académico.

Salazar hizo énfasis en que hay que ver cuáles son los rubros por recortar. “En el ‘Marco fiscal de mediano plazo’ y la ley de financiamiento se inflaron los ingresos por 31 billones de pesos en las cuentas presupuestales; por lo tanto, para el 2025 esperamos que haya recortes significativos dado que la estimación de los ingresos fue demasiado optimista y no coherente con la realidad macroeconómica y del recaudo que ha mostrado Colombia, para así saber con certeza con qué contamos y con qué no”, explicó.

Para Lisandro Junco, exdirector de la Dian, presentar una nueva reforma tributaria no es el camino acertado. “No es técnico, ni es adecuado, porque el presupuesto no está desfinanciado por 12 billones de pesos, está desfinanciado por muchísimo más. El punto es que ese dinero que buscan es insuficiente si ellos quisieran más recursos para poder financiar su Presupuesto General de la Nación”, señaló.

“Alternativas tienen y no han entendido que es trabajando y no pidiendo. Acá el Gobierno Nacional se ha puesto de limosnero del Congreso de la República para que les apruebe una reforma tributaria y se han lamentado cuando tienen 48 billones de pesos, con corte a septiembre, en cartera de la Dian y pueden vender activos de la Sociedad de Activos Especiales”, apuntó.

Además, el Gobierno debe buscar alternativas que den tranquilidad a los mercados y reiterar el compromiso del cumplimiento de la regla fiscal como por ejemplo, con el pago de la deuda pública, que supera los 109 billones de pesos y que es una carga considerable.

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