El giro en dos casos de extranjeros absueltos en Medellín por delitos sexuales contra menores

La lucha contra los delitos sexuales hacia menores de edad se ha convertido en uno de los temas principales y prioritarios de la agenda de seguridad en Medellín. En mayor proporción, la lupa de la ciudadanía está puesta en los crímenes de esta índole que son cometidos por ciudadanos extranjeros que llegan a la ciudad, en muchos casos, con este propósito específico.

Según las cifras recopiladas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad, en 2023 cinco extranjeros fueron capturados por delitos sexuales en toda la ciudad de Medellín, mientras que en 2024 se registraron 23 capturas por estos crímenes. Se trata de una variación del 360 por ciento entre un año y otro.

Por otro lado, en 2023 solo se produjo una captura a extranjeros por casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), mientras que en lo corrido de 2024 se realizaron 12 capturas, una variación del 1.100 por ciento entre ambas vigencias.

Ahora, en 2025, en los primeros 34 días del año en la ciudad se han registrado tres capturas de ciudadanos extranjeros implicados en delitos sexuales contra menores. Las estadísticas son muestra de dos elementos: el aumento de la eficiencia en las capturas contra agresores sexuales de menores, pero a la vez, la continuidad de estos crímenes a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades de Medellín.

Sin embargo, algunas capturas no representan más que una estadística sin las condenas respectivas contra los presuntos agresores sexuales.

Extranjeros absueltos

En 2023, en los meses de agosto y septiembre respectivamente, EL TIEMPO reportó los casos de las capturas de dos ciudadanos extranjeros que presuntamente estuvieron implicados en el abuso sexual de menores de edad en Medellín. Ambos, vinculados a procesos judiciales en su contra, posterior a sus respectivas capturas, por delitos de demanda de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

En ambos casos, este medio informó que los dos extranjeros, un estadounidense y un indio, habían sido capturados en la ciudad a raíz de investigaciones realizadas por las autoridades, e incluso por las denuncias realizadas por las víctimas, en las que indicaban que los hombres las habían contactado a través de redes sociales para ofrecerles dinero a cambio de tener relaciones sexuales.

Los extranjeros fueron procesados e incluso uno de ellos, el ciudadano de origen estadounidense, había sido enviado a prisión en la ciudad, sin embargo, ambos casos dieron un giro completo en 2024.

Llegados los meses de octubre y noviembre de 2024, EL TIEMPO recibió dos notificaciones judiciales en las que se indicaba que los extranjeros habían recibido sentencias absolutorias por los delitos sexuales contra menores que les habían sido imputados; en el caso del ciudadano estadounidense, su defensa argumentó que una ONG les pagó a los testigos para que rindieran falso testimonio en su caso. EL TIEMPO consultó al vocero de la ONG y este aseguró que eso no sucedió; mientras que, en el caso del ciudadano asiático, fue la misma Fiscalía quien solicitó la medida de preclusión, en tanto, tras la investigación, el ente judicial concluyó que el procesado no intervino en los hechos y un juez aprobó esta solicitud luego de la revisión del material probatorio correspondiente.

No obstante, en ambos casos llaman la atención los antecedentes que los hombres presentaban al momento de su captura, y los elementos probatorios que habían sido vinculados en su contra.

En el caso del estadounidense, las autoridades habían determinado que contactaba por redes sociales a adolescentes de Medellín, entre los 14 y los 17 años, para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, una cifra que según testimonios ascendía a los 250.000 pesos colombianos.

Además, se conoció, en ese entonces, que una de sus presuntas víctimas denunció los hechos ante las autoridades y la información dio pie para que se avanzara en la investigación. También, los testimonios indicaban que el hombre les habría impuesto a sus víctimas exigencias en términos de vestimenta, aseo personal y comportamiento durante los encuentros que ocurrieron en una propiedad en Bello.

¿Por qué son absueltos?

EL TIEMPO contactó a los abogados penalistas Richard Mayo Yepes, Andrés Arteaga Franco y Miguel Díez Rugeles, para consultarles sobre los pormenores que, no solo en los casos de estos dos extranjeros, sino de otros foráneos capturados por delitos sexuales contra menores en la ciudad, podrían llevar a las sentencias absolutorias en sus casos a pesar los elementos probatorios preexistentes.

Tras presentar los dos casos a los tres penalistas, los expertos coincidieron inicialmente en un aspecto general en torno a la apreciación de los casos.

“Cada caso es distinto y tampoco se puede generalizar, pues son dos casos de absoluciones que no marcan realmente una tendencia. En todo caso es importante reconocer que el estándar de prueba que se exige para condenar en Colombia es mucho más exigente que el estándar que se verifica para detener provisionalmente a una persona o para conseguir una orden de captura en su contra”, inició señalando el abogado Díez.

Por su parte, Andrés Arteaga, en acuerdo, señaló: “se requieren requisitos de legalidad procesales de no vulneración de derechos, a veces la Fiscalía no argumenta de debida forma la solicitud de medida de aseguramiento”.

Al respecto, Richard Mayo apuntó: “las pruebas, por ejemplo, requieren un debido proceso por medio de una orden, puede ser que la prueba se caiga si las autoridades acceden a ellas o las recaudan de manera indebida. Además, debe haber suficientes pruebas para la captura en estos casos que suelen llegar hasta juicio porque tienen prohibiciones de disminución de la pena, lo que hace que se opte por ir a juicio”.

En ese sentido, los juristas realizaron acotaciones con respecto a otros elementos que podrían haber derivado en las decisiones absolutorias.

“En estos casos, cuando se presenta una absolución es posible que la persona sea realmente inocente y que su defensa lo haya demostrado en juicio. También es posible que se hayan identificado problemas en la investigación de la Fiscalía y que, como consecuencia, surgieran dudas. Además, en muchos casos es posible que se discuta la credibilidad de los testigos y/o peritos, lo que también podría generar dudas sobre la responsabilidad penal del procesado” explicó Miguel Díez.

En esa misma línea, y con respecto a lo argumentado puntualmente por la defensa del ciudadano estadounidense que argumentó que una ONG había pagado a las testigos por sus versiones, Richard Mayo aseguró que: “en efecto se conocen casos en donde algunas ONG dan prestaciones a víctimas de delitos sexuales por parte de extranjeros en función de su reparación, sin embargo, esto puede hacer que se reste credibilidad a sus testimonios por la participación monetaria, esto disminuye la posibilidad de estar más allá de toda duda razonable, principio esencial en el proceso para derribar la presunción de inocencia del acusado”.

Tras revisar en particular el caso del ciudadano de la India, el penalista Diez profundizó en los detalles que llevaron a la preclusión según su estudio: “en este caso fue la Fiscalía la que pidió la preclusión, que equivale a una decisión absolutoria, porque luego de investigar concluyó que el procesado no intervino en los hechos. Esa solicitud se elevó ante un juez de conocimiento y fue respaldada por la defensa, el Ministerio Público y la representación de la víctima. El juez de conocimiento revisó el soporte probatorio y los argumentos que le presentaron y decidió aplicar la preclusión”.

Los juristas, desde sus perspectivas particulares añadieron otros elementos que han de considerarse a la hora de analizar este tipo de casos que resultan en absoluciones de los capturados, uno de los elementos en los que los penalistas coincidieron fue en la reunión de elementos probatorios.

“Hay que diferenciar no quedar con medida de aseguramiento o quedar absueltos, la segunda es porque no hay prueba contundente de la explotación, es necesario comprobar eso. Lo otro son temas de trámites en los cuales se tiene que acreditar el hecho y la intención, continuidad de la actividad delictiva, peligro para la comunidad, entre otros”, explicó Andrés Arteaga.

Otros casos de absoluciones

EL TIEMPO investigó y encontró otro caso registrado en la ciudad, en agosto de 2024, en el que tres extranjeros fueron capturados por explotación sexual de menores.

En ese entonces, dos ciudadanos estadounidenses y un venezolano fueron capturados por presunta explotación sexual de menores en Medellín. Según fuentes judiciales, los hombres habrían contactado a tres menores de 14, 16 y 17 años para tener relaciones sexuales.

Este medio constató los registros procesales de los casos y corroboró que el ciudadano venezolano fue absuelto inmediatamente tras su captura en tanto un juez determinó que la captura del hombre se realizó de manera ilegal.

En el caso de los estadounidenses, del mismo modo, el juez ordenó su liberación debido a supuestas irregularidades en el procedimiento de captura, argumentando que las autoridades, que atendieron a denuncias de vecinos del sector de El Poblado, ingresaron a la vivienda sin la autorización necesaria. Sin embargo, fuentes de las autoridades relataron que los patrulleros habrían tocado la puerta y recibido autorización para ingresar por parte de los mismos extranjeros, lo que habrían derivado a la captura en flagrancia por la presencia de las menores en el inmueble.

Esta decisión generó una fuerte reacción del alcalde Federico Gutiérrez, quien expresó su inconformidad y solicitó la emisión urgente de órdenes de captura para evitar que los implicados escaparan del país.

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional recapturaron a dos de los tres implicados, uno de los estadounidense, quien se disponía a abordar un vuelo a su país de origen en el aeropuerto El Dorado al momento de la captura, y el ciudadano venezolano, quien permanecía en Medellín.

Este caso generó un debate sobre la independencia judicial y la actuación de las autoridades locales. El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia expresó su preocupación por las declaraciones del alcalde Gutiérrez, señalando que podrían poner en riesgo la integridad de los jueces y fiscales del departamento e hicieron un llamado a la mesura y recordaron la importancia de respetar la independencia judicial.

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín.

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