De acuerdo a lo que detalló The Texas Tribune, esta ley permite a la policía local arrestar a personas sospechadas de haber cruzado ilegalmente la frontera entre Texas y México.
El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó un escrito ante el juez federal David Ezra, notificando su intención de abandonar la demanda federal contra la ley. Sin embargo, la norma seguirá enfrentando oposición en los tribunales debido a la impugnación presentada por el condado de El Paso y dos organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes: American Gateways, con sede en Austin, y Las Americas Immigrant Advocacy Center, con sede en El Paso.
La legislatura de Texas aprobó la SB4 en 2023, y posteriormente, la administración del ex presidente Joe Biden presentó una demanda para bloquear su aplicación. En un primer fallo, el juez Ezra detuvo la entrada en vigor de la norma, pero Texas apeló la decisión. El tribunal de apelaciones devolvió el caso a la corte de Ezra, donde aún sigue en litigio.
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes criticaron fuertemente la legislación, argumentando que viola la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la política migratoria y que podría fomentar la discriminación racial en las detenciones policiales.
Por otro lado, los legisladores texanos que promovieron la ley defienden que Texas debe actuar ante lo que consideraban una falta de acción del gobierno federal de Biden para frenar la inmigración ilegal.
Esta ley permitiría a la policía arrestar migrantes sospechados de haber entrado ilegalmente. Foto:Imagen ilustrativa AFP
Las severas penas de la ley de Texas que obtuvo el favor de Donald Trump
La ley SB4 tipifica como delito estatal el cruce de la frontera entre Texas y México fuera de los puntos de entrada oficiales. Es decir que si un agente de policía considera que hay pruebas de que una persona cruzó ilegalmente el Río Bravo, esta podría ser acusada de un delito menor de Clase B, castigado con hasta seis meses de prisión. En caso de reincidencia, podría enfrentar un delito grave de segundo grado y una pena de hasta 20 años de cárcel.
The Texas Tribune detalló que si un migrante es declarado culpable y cumple su condena, un juez estaría obligado a ordenar su traslado a un puerto de entrada para su deportación.
En ciertos casos, las autoridades podrían desestimar los cargos si el migrante acepta regresar voluntariamente a México. Además, para evitar la separación de familias, la ley permite que la policía entregue a las familias migrantes a los agentes de la Patrulla Fronteriza en lugar de arrestarlas.