El crudo relato de los desplazados por la ola de violencia en el Catatumbo: 'Toca perder lo que se tiene o perder la vida'

hace 13 horas 48

“El 16 de enero fue el día en que estalló todo”. Con estas palabras describe Alejandra*, una joven de 23 años y líder comunal de la vereda Bocas de Orú, ubicada en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, el día en el que su hogar se convirtió, nuevamente, en ‘zona roja’. Antes de esa fecha, rumores y amenazas venían rondando en el sector, pero cuando los grupos armados mataron a dos miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda, entre ellos su padre, se dio cuenta de que el Catatumbo se había convertido nuevamente en el epicentro de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.

Así lo contó la mujer, quien con menos de un metro cincuenta se para firme en medio de la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, a más de 700 kilómetros de la casa que dejó abandonada, y se niega a soltar una lágrima, limpiándose violentamente la mejilla cuando se asoma algo de agua. Su papá llevaba ocho años como líder del Comité de Trabajo de la zona y había sido secuestrado por algún frente que hace presencia en el municipio.

De acuerdo con Alejandra, el hombre fue interrogado, presionado y herido de gravedad durante las horas de retención: “Lo retuvieron, le hicieron varias preguntas, le tomaron fotos e incluso le pegaron tres tiros”. Pese a las lesiones, tan pronto existió un descuido de sus captores, la víctima corrió por la zona rural de la región hasta encontrar una vía que lo ayudara a llegar a su casa.

Minutos después de arribar, sufrió un infarto y falleció. Mientras esto pasaba, a pocos metros de su vivienda era asesinado el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Bocas de Orú. Alejandra y su familia salieron de la vereda 24 horas más tarde, sin llevar nada más que la ropa que tenían puesta, el cuerpo de su padre para darle “cristiana sepultura” y algo de dinero.

Conforme con Indepaz, ese mismo día fallecieron también cuatro firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, los cuales se sumaron al número de víctimas que había dejado la masacre de Miguel Ángel López Rojas, su esposa y su bebé, el pasado 15 de enero, en zona rural de Tibú, Norte de Santander. López, sepulturero del municipio, y su familia fueron vilmente asesinados al interior de un coche fúnebre y sus muertes dieron inicio a una ola de violencia que ya cumple medio mes.

Hasta este martes 28 de enero se contabilizan 50 homicidios en la región, que incluyen a dos líderes sociales, cinco firmantes y cuatro menores de edad; junto con más de 50.000 desplazados y al menos 28.549 personas confinadas en sus municipios por el conflicto, de acuerdo con las cifras otorgadas por el Puesto de Mando Unificado instalado en el departamento.

Alejandra y otros 80 líderes sociales, que llegaron a la capital este martes en buses y solo con cobijas, hacen parte de la cifra de personas que se marcharon de sus residencias por temor a perder la vida.

Entre ellos se encuentra José*, presidente de la Junta de Acción Comunal en una vereda aledaña a Tibú, quien es víctima de desplazamiento por segunda vez. Según cuenta, la primera experiencia fue “en la época de los paramilitares” en los 2000. Ahora, con 43 años, lo vuelve a vivir en compañía de su esposa e hija de 11 años, a quienes montó en una moto para marcharse de la región el pasado lunes, 20 de enero, tras recibir la advertencia de una vecina sobre la presencia de dos hombres armados, vestidos de negro, en inmediaciones de su casa.

“Por ahí rondaban las voces que buscaban los líderes. No tengo seguridad de nada allá, por eso me vine (...) ahí uno queda neutro porque le toca perder lo que tiene o perder la vida”, aseveró.

De acuerdo con José, ahí dejó su finca, pertenencias y hasta parte de su familia, quienes decidieron quedarse. “Yo volvería al territorio cuando ya fuera un territorio de paz, cuando uno vea que a la gente que retornó le respetaron la vida”, señaló. Por su parte, indicó que la presencia del Estado en estos sectores no llega más allá del municipio, pues en las veredas existe incertidumbre y poca ayuda humanitaria.

Las amenazas y la presencia de los combatientes en las inmediaciones de los barrios no dejan de aumentar, sin embargo, no son lo único de qué preocuparse. Al parecer, según su relato, minaron las salidas y entradas de algunas zonas rurales.

Pese a las intimidaciones y señalamientos, Hermides Hernández, presidente comunal de la vereda El Diviso, en el corregimiento Filo Gringo, ubicado en el municipio de El Tarra, fue uno de los últimos en abandonar su vivienda en la que residió durante 14 años.

De hecho, el hombre fundó un refugio para las familias de la vereda en el que se alojaron más de 400 personas hasta el sábado 25 de enero, cuando lo llamaron sobre las 6 a. m. a decirle: “Que me fuera o nos iban a sacar junto a otros líderes comunales que se encontraban allí”.

La alerta tuvo peso y decidieron partir, ya que en la vereda vecina, de acuerdo a su explicación, “tenemos el vicepresidente muerto, en la otra tenemos al marido de la vicepresidenta muerto y muchas amenazas directas a los líderes”.

Lo que piden los líderes que vienen a Bogotá

Tras varios días residiendo en refugios en Cúcuta, capital del Norte de Santander, decenas de líderes tomaron la decisión de viajar al centro del país con el fin de exigirle al presidente Gustavo Petro garantías para regresar a sus lugares de origen.

Sin ahorros, tomaron unos buses que les facilitó la Gobernación del departamento y llegaron a Bogotá para encontrarse solo con unas carpas en la intemperie de la Plaza de Bolívar. Así lo denuncian los líderes presentes, quienes afirmaron que no tienen acceso a comida, baños y colchones para quedarse y protestar “dignamente” por parte de la administración distrital.

Los más de 80 líderes se convocan en la plaza, donde se concentran los centros de poder en Colombia, para exigir soluciones concretas, entre estas proyectos que lleguen a los corregimientos, inversión social y un acuerdo que termine las confrontaciones.

Carlos*, un líder y agricultor del municipio de Abrego, detalló que, desde que tiene uso de razón, “siempre ha existido conflicto. El Catatumbo ha sido una región de violencia, pero ahorita es más difícil porque ver varios muertos, de pronto familiares, amigos, por una guerra que al fin y al cabo nosotros como habitantes no sabemos por qué es, por qué se están enfrentando”.

De acuerdo con el hombre, el problema principal radica en que “el estado nunca ha estado allá” y como consecuencia, no existe la posibilidad de que los jóvenes puedan completar su educación secundaria o acceder a la educación superior. “Muchas veces toman la decisión de empuñar un arma o irse a cualquier cosa y es que no hay las oportunidades necesarias para ellos salir, estudiar”, criticó.

Al respecto, *Luz, otra vocera, mencionó que lo que se exige es: “El goce efectivo de los derechos, que haya proyectos productivos y que verdaderamente lleguen a los territorios, porque hay muchos proyectos que se quedan en los caminos (...) se piden ayudas permanentes y garantías para los líderes, que han estado amenazados en muchos sectores y que temen retornar por el peligro y las masacres”. 

*Los nombres fueron cambiados a petición de las víctimas.

Laura Nathalia Quintero.

Redacción Últimas Noticias. 

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