El crimen de profesora en Atlántico que salpica a escolta de la UNP asignado a excongresista: ¿de quién se trata?

El jueves 22 de mayo se convirtió en una pesadilla para la familia de Lissi Judith Camargo Noriega, una docente pensionada de 63 años que falleció luego de recibir dos impactos de bala en la cabeza. La tragedia ocurrió en inmediaciones del Castillo de Salgar, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Horas más tarde, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaría que una de las armas utilizadas en el ataque pertenecía a un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana (Mebar), entregó detalles clave sobre el caso en una rueda de prensa. Según las primeras pesquisas, el ataque al vehículo en el que se movilizaban la profesora Camargo y su yerno, Ángel José Daza Cuello, fue ejecutado por al menos tres hombres armados: dos vigilantes privados del conjunto residencial donde vive el excongresista Gerardo Vecino Villarreal y un escolta de la UNP asignado a su esquema de seguridad.

“La inspección técnica al vehículo evidenció que no solo se utilizaron revólveres, sino también una pistola que, de acuerdo con los registros, está asignada al escolta de la UNP”, precisó el general Urrego. La participación de personal armado institucional en un hecho de esta magnitud ha generado indignación y múltiples cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad.

Una persecución sin aparente fundamento

La versión entregada por el propio excongresista Vecino Villarreal indica que, en su trayecto desde Barranquilla hacia el corregimiento de Salgar, notó que una camioneta lo seguía por más de diez minutos. Preso del temor, alertó a los vigilantes del conjunto donde reside. Estos, junto con su escolta, se alistaron para actuar ante lo que creían era una amenaza contra su protegido.

Pasadas las 2 a. m., cuando Vecino ingresó al conjunto, los vigilantes William Sanjuan Núñez y Wilmer Enrique Rosado Mendoza se ubicaron en la entrada y, sin confirmar quiénes venían en el vehículo señalado, abrieron fuego contra la camioneta Duster negra en la que viajaban la profesora Camargo y su yerno. Según versiones familiares, la pareja regresaba de hacer unas compras.

Lissi recibió dos impactos en la cabeza y fue trasladada con vida a la Clínica Portoazul Auna, donde falleció en la noche de ese mismo jueves. Su yerno resultó ileso.

Investigación en curso

Tras el hecho, la Policía trasladó a los dos vigilantes privados ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, se inició una investigación de oficio para establecer si el escolta de la UNP accionó su arma durante el incidente y en qué circunstancias lo hizo.

“Estamos trabajando de forma coordinada con la Fiscalía para esclarecer los hechos. Ya se han recolectado evidencias balísticas y se están haciendo los cotejos respectivos para determinar con precisión qué arma causó la muerte de la señora Camargo”, añadió el general Urrego.

Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un intento de hurto o incluso un atentado contra el excongresista, las indagaciones preliminares indican que no existía una amenaza concreta. Todo apunta a una lamentable confusión con consecuencias fatales.

El dolor de una familia y una comunidad

Lissi Judith Camargo Noriega era oriunda de Ciénaga, Magdalena, y había dedicado su vida a la educación en Barranquilla. Disfrutaba de su jubilación en el municipio de Puerto Colombia, donde cuidaba un jardín y compartía tiempo con sus hijos y nietos.

La educadora dejó tres hijos y cuatro nietos, quienes exigen justicia y una investigación rigurosa que lleve ante la justicia a todos los responsables.

Arma oficial en escena: crecen los cuestionamientos

El hecho de que una de las armas utilizadas en el tiroteo pertenezca a un escolta oficial ha encendido las alarmas sobre el control y uso de armamento en los esquemas de protección institucional. La UNP aún no ha entregado una declaración oficial sobre la participación de su funcionario, pero las autoridades judiciales ya examinan su rol en la escena.

El Ministerio del Interior, del cual depende la UNP, ha sido requerido por organizaciones defensoras de derechos humanos para revisar los protocolos de actuación de los escoltas, especialmente en zonas residenciales y ante situaciones que no constituyen una amenaza confirmada.

En el Atlántico, líderes sociales, docentes y ciudadanos han expresado su indignación en redes sociales y foros comunitarios, exigiendo que este caso no quede impune y que se depuren responsabilidades tanto entre los vigilantes privados como entre los funcionarios del Estado que hayan incurrido en exceso de fuerza o negligencia.

La fiscalía evalúa imputaciones

La Fiscalía adelanta una investigación penal que podría derivar en imputaciones por homicidio agravado, tentativa de homicidio y abuso de autoridad. Las pruebas balísticas serán clave para determinar si el disparo mortal salió del arma del escolta o de las de los vigilantes, aunque las familias insisten en que todos deben responder.

Mientras tanto, el dolor se mantiene latente entre quienes conocieron y apreciaron a Lissi Camargo. El recuerdo de una mujer dedicada, amorosa y entregada a su comunidad contrasta con la manera absurda y violenta en que terminó su vida.

“La confundieron con un enemigo, pero era una madre, una abuela, una maestra”, concluye su hijo Milton. La justicia ahora tiene la palabra.

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