El CNE decidirá el futuro del caso Petro por presunta financiación irregular de la campaña 2022: así está el ambiente

La decisión de fondo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el caso de Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 se ha pospuesto por poco menos de seis meses. Todo parece indicar que este martes se acabará la espera y el tribunal electoral definirá si decide imputar cargos y abrir una investigación formal o precluye.

La ponencia presentada hace varios meses por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada busca imputar cargos contra la campaña presidencial. De acuerdo con los hallazgos previos de ambos togados, habría elementos muy claros para solicitar que se abra investigación por presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña.

El sentido de los votos entre los magistrados siguen sin ser muy claro. La ponencia tendría a su favor al menos cinco votos, pero no serían suficientes para lograr la mayoría exigida por el alto tribunal de seis votos. Por el otro lado, el sector a favor del primer mandatario apenas arrancaría con dos votos, el de las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, las dos llegaron en representación del Pacto Histórico.

En este ambiente cobran importancia los votos de Altus Baquero y Cristian Quiroz, el primer de origen liberal y el segundo de la Alianza Verde. El sentido de sus decisiones no es muy claro. En cuanto a Baquero, no ha participado en las discusiones previas ante la suspensión llevada a cabo por el Consejo de Estado en su contra. No se conoce bien si se decantará a favor de la ponencia o no.

En cuanto a Quiroz, han sido varias las versiones en los últimos días. Inicialmente se tenía en las cuentas de los que votarían en contra de la petición de Prada y Ortiz. No obstante, un supuesto distanciamiento de algunos sectores verdes con el Presidente podría inclinar su voto a favor de la imputación.

No obstante, sectores de la Alianza Verde que conocen a Quiroz insisten en que sus decisiones han sido ajustadas a derecho y no en criterios políticos. Incluso han señalado que en esta ocasión se repetiría la tendencia y solo se pronunciaría de acuerdo con las pruebas que presenten los magistrados.

Sin embargo, ninguna de las decisiones, salvo las de los ponentes, se conoce a ciencia cierta. Se ha mantenido el tema con amplio hermetismo e incluso se ha evitado dejar consignada la opinión sobre el dossier. Normalmente la rotación viene acompañada de un documento en el que los togados reflexionan sobre el proceso, esta vez se ha evitado y las posiciones serán dadas a conocer de forma personal en la sala plena

Los pasos a seguir

Se espera que este martes se comience oficialmente la discusión de la ponencia que pide imputar. No es claro si habrá una decisión en la misma jornada ante lo espinoso del tema y los muchos temas a analizar. De llegarse a conseguir los seis votos a favor, se imputaría oficialmente a la campaña y a los responsables.

No obstante, aún se están moviendo recursos que podrían postergar la decisión. Incluso hace unas semanas, cuando se esperaba el inicio de la discusión del caso, llegó una recusación que no fue acogida por no cumplir con los requisitos. De haberse subsanado, podría aplazarse el tema para una próxima sala plena.

Por otro lado, las demoras en las discusiones comienzan a despertar el fantasma de la caducidad, pues solo se tiene hasta tres años desde la presunta ejecución de la acción irregular para llevar a cabo todo el proceso de principio a fin.

“Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado”, dice el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).

Esto quiere decir que para el caso puntual, de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, se estaría acercando cada vez más a la fecha de caducidad. Como las elecciones fueron el 29 de mayo -primera vuelta- y 19 de junio -segunda vuelta-, se tiene hasta dichas fechas del 2025 para proceder en todas las fases del proceso en primera instancia o el caso queda automáticamente archivado.

Aunque queda poco más de 9 meses para llegar a la caducidad del caso, el ritmo que se ha llevado este proceso hace pensar que podría llegarse a fechas cercanas al límite. Mucho depende de lo que se decida este martes.

Si se formulan cargos en dicha jornada, se debe proceder a notificar y desde entonces se abre un término de 15 días para que se conteste los cargos, se ejerza la defensa, se aporten las pruebas, se controviertan las pruebas. Luego se establece un término probatorio que al vencerse deben darse los alegatos de conclusión, donde nuevamente se podrá rebatir las pruebas. Solo después de esta fase se emitirá una decisión de fondo en primera instancia.