Dos muertos y ocho desaparecidos, tras combates entre grupos armados en límites entre Nariño y Putumayo

Dos personas muertas, ocho más desaparecidas y otros 189 habitantes desplazados dejan los fuertes combates entre grupos armados ilegales en los límites entre el municipio de Ipiales, Nariño, y el departamento del Putumayo.

Allí, la situación de violencia se torna tan compleja que las comunidades, para proteger la vida, adoptaron medidas de prevención como no salir de sus viviendas, y si se ven obligadas de hacerlo, utilizar prendas de vestir de color blanco.

La Asociación de Consejos Comunitarios Afro-amazónicos de las riberas del río San Miguel, en el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, de Ipiales, había advertido a las autoridades civiles y organismos de seguridad que los combates entre los grupos armados se desarrollan desde el pasado 2 de abril en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, ubicado sobre el río San Miguel, en los límites entre Colombia y Ecuador.

En un comunicado, esa organización había informado: “Las familias de los Consejos Comunitarios Liberación y Futuro, Nuevo Renacer y Nueva Esperanza están abandonando masivamente los territorios a raíz de los enfrentamientos”. 

Desaparecieron ocho personas

El pasado viernes 4 de abril la situación se tornó más compleja, según lo revelado por los consejos comunitarios antes mencionados, que denunciaron la desaparición de ocho personas en el territorio, todos hombres. 

Los desaparecidos fueron identificados como: Carlos Agustín Quijije Espinel, de 47 años de edad; Carlos Antonio Quijijije Cortés, 18; Jesús David Rojas, 25; José Ángel Gómez Sinisterra, 28; Iván Andrés Narváez Florez, 26; Yamid Cifuentes Cruz, 35; Fredy Obando, 55 y Jhon Kevin Bastidas Benavides, 24. 

Sus familiares intensifican la búsqueda, aunque con el temor y el miedo de quedar en medio del fuego cruzado. 

En cuanto a la población desplazada desde el pasado 2 de abril, se anunció que hasta el momento los intensos combates dejan 189 personas que debieron abandonar sus casas y parcelas, entre ellas niños, mujeres y adultos mayores. 

Hay medidas de prevención

Ante la delicada situación de violencia en la región, los consejos comunitarios reunidos en asamblea general el pasado 3 de abril, tomaron la decisión de adoptar medidas de prevención orientadas a proteger la vida de los pobladores.

Se recomendó a las familias permanecer en sus casas y abstenerse de movilizarse en el territorio. 

También se aconsejó que las personas que se vean obligadas a desplazarse, deben utilizar prendas de color blanco. 

Igualmente se determinaron los puntos de encuentro ante la situación de emergencia humanitaria que se registra en la región. 

Para los habitantes del Consejo Comunitario Nueva Esperanza el punto de encuentro es la Escuela Rural Mixta San José de los Pinos, para los pobladores de Nuevo Renacer es la Caseta el Bambú y para el caso de Liberación y Futuro es la Escuela Rural Mixta Fronteras del Amarradero. 

Responsabilizan al Gobierno nacional

Los Consejos Comunitarios legalmente constituidos ante la difícil coyuntura que enfrentan todos los pobladores en la zona, rechazaron todo acto de violencia y señalaron a los responsables. 

“Responsabilizamos al Gobierno Nacional, al ministro de Defensa, ministro del Interior, la Fuerza Pública, las autoridades Municipales y Departamentales por las acciones u omisiones de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, enfatizaron en un comunicado.

Solicitaron a las autoridades con carácter implementar la ruta de atención colectiva integral a los Consejos Comunitarios como víctimas con enfoque étnico del conflicto armado, y además realizar un estudio de reevaluación para fortalecer las medidas de protección. 

La crisis humanitaria en ese territorio se desató en momentos en que el presidente de la república Gustavo Petro y varios de sus ministros visitaban el sábado, la ciudad de Pasto.

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