La empresa Air-e, encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha enfrentado desafíos significativos en su operación.
Desde su inicio de operaciones el 1 de octubre de 2020, la empresa ha lidiado con problemas financieros y operativos que culminaron en su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios en septiembre de 2024.
Designación de Diana Bustamante Rueda como agente interventora
Diana Bustamante, nueva interventora de Air-e; y Edwin Palma, ministro de Minas. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
Tras la intervención, se han sucedido nombramientos en la dirección de la empresa. Inicialmente, Carlos Arturo Diago Abello asumió el rol de agente interventor en septiembre de 2024. Posteriormente, en octubre de 2024, Edwin Palma Egea llegó a este cargo y recientemente fue designado por parte del presidente Gustavo Petro momo ministro de Minas y energías.
Ahora llega como agente interventora de Air-e, Diana María Bustamante Rueda Diana. Actualmente es gerente de Mercado Mayorista de esta misma empresa, donde desempeña roles clave relacionados con la gestión y regulación de servicios públicos, acumulando 24 años de experiencia en la administración y supervisión de empresas del sector.
Su formación académica incluye estudios en ingeniería eléctrica y una maestría en gestión de servicios públicos, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral de los desafíos y oportunidades en el ámbito energético asumiendo la responsabilidad de liderar la empresa en un momento crítico para el sector energético de la región Caribe.
Retos y prioridades de la intervención
La gestión de Bustamante Rueda enfrenta múltiples desafíos que requieren atención inmediata para estabilizar y mejorar el servicio de energía en la región:
- Saneamiento financiero: La principal causa de la intervención fue la crisis financiera de la empresa. Es esencial implementar medidas de control de gastos, incluyendo la revisión de salarios directivos, y gestionar el pago de subsidios adeudados por el gobierno desde abril de 2024.
- Reducción de pérdidas no técnicas: Se estima que cerca de 190,000 predios carecen de contador eléctrico, lo que representa pérdidas significativas para la empresa. Implementar programas de normalización y formalización del servicio en estas áreas es crucial para mejorar la eficiencia operativa.
- Negociación de contratos de energía: Establecer acuerdos a largo plazo con generadores de energía puede reducir la dependencia de la bolsa de energía, donde los precios son más volátiles y elevados.
- Fortalecimiento de la infraestructura: La falta de inversión en infraestructura durante décadas ha llevado a altos costos en la distribución de energía. Es vital continuar con las inversiones para modernizar y expandir la red eléctrica, reduciendo así las pérdidas técnicas.
- Implementación de tarifas justas: La empresa ha propuesto medidas como establecer una tarifa diferencial para el Caribe con precios justos y fijos, especialmente para los usuarios más vulnerables, y corregir incrementos injustificados en el precio del kilovatio de generación.
Necesidad de reducir las tarifas de energía
La reducción de las tarifas de energía es una prioridad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región Caribe y fomentar el desarrollo económico. Las altas tarifas actuales afectan desproporcionadamente a las poblaciones de estratos 1 y 2, que constituyen el 75% de los clientes residenciales de Air-e.
La implementación de las medidas mencionadas anteriormente, junto con políticas públicas que promuevan la eficiencia energética y subsidios focalizados, es esencial para lograr una disminución sostenible de las tarifas.
Diana María Bustamante Rueda enfrenta el desafío de liderar una transformación integral en Air-e. Expertos en el tema consultados por EL TIEMPO destacaron que la gestión de Bustamante deberá enfocarse en estabilizar las finanzas de la empresa, mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la infraestructura y, fundamentalmente, implementar estrategias que conduzcan a una reducción efectiva de las tarifas de energía, beneficiando así a millones de habitantes en la región Caribe.