Detención de ‘Araña’ desnuda nuevos vacíos en la ‘paz total’ y siembre dudas en otros procesos

La detención de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, por miembros del CTI al cierre del tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ -grupo que surgió tras la fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’ y que componen los ‘Comandos de la Frontera’ y la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’- da muestras de cuán frágil es la política de ‘paz total’ y de los vacíos jurídicos y de metodología que el Gobierno no ha sabido llenar.

‘Araña’, cabecilla de los ‘Comandos de la Frontera’, grupo que surgió tras una unión entre disidentes de las Farc y personas ligadas a ‘La Constru’, el principal actor del narcotráfico en el Putumayo, es parte de la delegación de ese grupo armado que desde el lunes estaba reunida en un hotel del occidente de Bogotá con voceros del Gobierno y con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, calificó esta aprehensión -así fue notificada la detención- como un “entrampamiento” a la paz, término que recuerda la férrea defensa de varios sectores tras la captura de alias Jesús Santrich por delitos de narcotráfico. “Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes”, les dijo Patiño a los agentes del CTI que detuvieron a alias Araña frente a otros delegados de la ‘Coordinadora’ como José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’.

El jefe de la oficina de paz argumentó, frente a decenas de agentes del CTI que tenían la orden de llevarse al disidente, que este debía ser liberado debido a que la Fiscalía, en abril del año pasado, había revocado temporalmente la orden de captura.

Sin embargo, la Fiscalía justificó el operativo en un requerimiento de la Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) en contra de Rojas por cargos relacionados con narcotráfico, delito que presuntamente seguía cometiendo pese a que estaba sentado en la mesa de diálogo. “En cumplimiento de compromisos internacionales, dicha suspensión (de la orden de captura) no cobija las circulares rojas de Interpol, como la que se ejecutó”, explicó el ente acusador en un breve comunicado.

Rojas fue trasladado al búnker de la Fiscalía en la madrugada de ayer y se espera que en las próximas horas el gobierno de los Estados Unidos haga oficial su orden de captura. Asimismo, este diario conoció que el Gobierno, así como el jefe de la delegación del Ejecutivo, Armando Novoa, se mueven para lograr la liberación de ‘Araña’ bajo el argumento de que hace parte del proceso de paz.

Para el abogado Hollman Ibáñez, el comisionado de paz se equivoca debido a que la suspensión de las órdenes de captura internas no tiene efecto sobre las órdenes de captura internacional (circular roja de Interpol), en la que se basó la Fiscalía para efectuar su aprehensión.

“Esta prima sobre la suspensión de las otras órdenes, sobre todo porque siguió delinquiendo en el marco de los acercamientos de paz. Ahora tendrán que ponerlo a disposición de las autoridades norteamericanas. Es obligación del Estado colombiano prestar atención a los tratados internacionales vigentes”, señaló el experto.

En términos de la negociación, el escenario es igual de complejo. El diálogo ya enfrentaba escollos jurídicos debido a que varios de los integrantes de la ‘Coordinadora’ habían firmado el acuerdo de paz de 2016, por lo que ante los ojos de la ley eran desertores sin posibilidad de obtener algún beneficio jurídico derivado de los compromisos alcanzados en La Habana.

Ahora, en medio de este escenario, se habla incluso del final de estas negociaciones. Sin embargo, para Luis Fernando Trejos, experto en conflicto y profesor de la Universidad del Norte, esta situación no solo asesta un duro golpe a esta mesa, sino que condiciona las otras mesas de diálogo.

“En la práctica, esta situación deja en cuidados intensivos este proceso en la medida en que se pierde la confianza construida con los representantes del gobierno ya que estos no pueden garantizar la seguridad jurídica de su contraparte y seguramente la continuidad de la mesa dependerá de lo que suceda con ‘Araña’”, dijo el analista, quien prevé dificultades en la ya golpeada mesa con las disidencias del Estado Mayor.

No hay que perder de vista que uno de los temas que se trató durante el tercer ciclo que finalizó el miércoles fue la posibilidad de trabajar con las otras mesas -fundamentalmente Comuneros del Sur y disidencias de Calarcá- de manera simultánea para hallar caminos jurídicos con miras al sometimiento de los grupos armados. “Esto es un golpe a los procesos de paz”, señaló Walter Mendoza, jefe de la delegación del grupo armado ilegal, en diálogo con EL TIEMPO.

Los analistas sostienen que, en todo caso, esta situación solo evidencia un problema recurrente en la política de paz: la falta de límites claros para miembros de las organizaciones armadas, situación que ha mutado incluso en un aumento de la violencia y en que sus cabecillas puedan seguir delinquiendo sin oposición alguna. “Es evidente qué hay una sistemática falta de coordinación interinstitucional que sigue afectando la implementación de la ‘paz total’, esta situación se ha presentado desde el inicio del gobierno”, añadió Trejos.

Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, considera que esta es una de las dificultades que surgen de negociar dentro de Colombia. “Por eso es que generalmente las negociaciones se hacen en el exterior y se hacen con países garantes y acompañantes, cuya intención, en todo caso, es hacer cumplir los protocolos. Parece ser que entonces aquí no se tenía un protocolo”, señaló el académico.

Ahora, el único camino que le queda al Gobierno para no dilapidar el proceso, según analistas consultados por este diario, es justificar la presencia de ‘Araña’ en la mesa de diálogo y reafirmar la solicitud que hicieron de suspender la ejecución de las órdenes en su calidad de miembros representantes de esta organización.

“Si el trámite de la solicitud avanza, el presidente puede denegar la extradición o puede hacer uso de la figura de extradición diferida la cual implica justificar que en este proceso los señores de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ tienen el compromiso de firmar un acuerdo, dejar las armas y responderles a las víctimas”, explicó el investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Gerson Arias.

De esto dependerá en gran parte la realización del cuarto ciclo de la mesa, programado para marzo, y los avances en el acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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