Deportaciones exprés de Trump en Estados Unidos entran en nueva fase: ni portadores de green card estarían a salvo

La campaña de deportación que viene ejecutando el presidente Donald Trump, desde que llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, parece haber entrado en una nueva fase mucho más extrema en la que las órdenes judiciales o leyes en vigor no están siendo obedecidas en su integridad, por lo que ni portadores de tarjeta de residente o green card tienen la garantía de que no serán expulsados o si se les permitirá su ingreso a Estados Unidos una vez salgan.

En la última semana han emergido cinco casos puntuales que exponen el incierto momento que se vive en Estados Unidos.

El último de ellos, y quizá el más delicado de todos, se presentó el pasado fin de semana luego de que la administración Trump desempolvó una arcaica ley con más de 200 años de antigüedad (el Acto para Enemigos Extranjeros de 1789) para deportar de manera exprés a supuestos miembros del grupo criminal venezolano 'Tren de Aragua' y otros que fueron enviados a El Salvador.

Aunque la ley le otorga poderes al presidente para expulsar a extranjeros cuando hay una guerra declarada contra el país, o se considere que hay posibilidad de una, -algo que no está sucediendo con Venezuela- Trump alega que se trata de terroristas que están invadiendo al país y, por lo tanto, justifica el acto contra ellos.

Tras una demanda presentada el sábado, donde se alega que la maniobra fue inconstitucional, un juez de distrito pidió devolver los aviones y suspender las deportaciones mientras se revisa si las expulsiones fueron legítimas.

Pero, la tensión llegó a un máximo nivel este lunes luego de que el Departamento de Justicia le informó al juez que no tenía intención de aportar evidencia para determinar si se violó la orden emitida y que, a su juicio, el magistrado estaba interfiriendo con la potestad del presidente para manejar las relaciones exteriores.

En tono aún más desafiante, la fiscal, Pat Bondi, y el zar para la inmigración, Tom Homan, indicaron a medios de comunicación que las deportaciones por esta vía van a continuar.

Si eso sucede, opinan una gran mayoría de expertos, se constituiría una crisis constitucional, pues una rama del poder -el Ejecutivo- estaría desacatando las decisiones de otra equivalente –el Judicial-. Todo un bombazo al concepto de separación de poderes con impredecibles consecuencias.

La pelea escaló este martes luego de que Trump, en referencia a este caso, pero hablando en términos generales, dijo que el Congreso debería abrirle juicios de destitución a los jueces que están litigando en su contra.

Su comentario provocó una insólita reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el conservador John Roberts: “Por más de dos siglos, se ha establecido que la destitución (o impeachment) no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión a través de las apelaciones existe para ese propósito”, dijo Roberts.

Paralelamente, la semana pasada la administración Trump detuvo a Mahmoud Khalil, un migrante palestino portador de green card que está casado con una ciudadana estadounidense por hacer parte de las protestas que se desencadenaron en varias universidades del país en oposición a la guerra que libra Israel en Gaza y que deja más de 45.000 muertos.

Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York, fue arrestado y se han iniciado trámites para su deportación.

Ranjani Srinivasan, otra estudiante en este mismo centro, huyó a Canadá luego de que le revocaran su visa y agentes migratorios se aparecieron en su dormitorio para detenerla.

Sus defensores alegan que ambos están protegidos por la primera enmienda de la constitución que garantiza el derecho a la libertad de expresión y de protesta. Especialmente, en el caso de Khalil por ser portador de green card. Pero, la administración sostiene que esos derechos son limitados cuando hay temas de seguridad nacional de por medio y que la apología o defensa de una organización terrorista como Hamás constituye una violación.

De momento, aparte de participar en las protestas, la Casa Blanca no ha aportado evidencia de que los estudiantes tuvieran un nexo con este grupo.

El temor para sus defensores es que se aplique ese concepto de manera caprichosa y se persiga a quienes no estén de acuerdo con la agenda del gobierno.

Deportaciones de personas con visas de trabajo en Estados Unidos

Un caso similar también se presentó esta semana cuando las autoridades deportaron a una prestigiosa doctora experta en trasplantes de hígado de la Universidad de Brown que residía en Estados Unidos con una visa de trabajo. Se trata de Rasha Alawieh, que es de origen libanés, y que cayó en el radar de los agentes luego de asistir al funeral de una líder de Hezbolá, organización que Estados Unidos considera terrorista.

La semana pasada, la administración Trump también anunció la reanudación del uso de centros de detención para albergar a familias de migrantes con niños menores de edad. De hecho, ya hay dos de estos centros operando en Texas y, de acuerdo con el Centro para los Servicios Legales y Educación de Migrantes y Refugiados, ya han llevado a varias familias, entre ellas de colombianos y brasileños.

Aunque Trump ya había empleado esta práctica durante su primera administración -y otros presidentes la han usado antes- su uso es polémico dado que contempla el arresto de menores. Además, las leyes de EE. UU. prohíben la detención de un menor por más de 20 días, lo cual plantea problemas adicionales.

Durante su primer Gobierno, Trump sorteó ese impasse optando por separar a padres de hijos, lo cual desató enormes protestas y demandas judiciales.

Pero, para esta ocasión ha dicho que los padres indocumentados podrían evitar esa separación si aceptan salir del país con sus hijos, muchos de ellos estadounidenses. Adicionalmente, han presentado una querella ante las cortes para demandar el límite de los 20 días de arresto para menores.

¿Trump prohibirá el ingreso a Estados Unidos de venezolanos y otras nacionalidades?

El quinto tema que genera inquietud son las restricciones al ingreso a EE. UU. para ciudadanos de ciertos países del mundo (travel ban), y que tiene similitudes con otra medida similar de su administración cuando se prohibió el ingreso de nacionales de ocho países, seis de ellos de mayoría musulmana.

El fin de semana, varios medios reportaron sobre los planes para implementar un nuevo Travel Ban que esta vez incluiría a más países (11 en total), entre ellos Cuba y Venezuela, más otros que ya estuvieron señalados en la lista anterior como: Afganistán, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria, Yemen y Bután. Para estos últimos la restricción sería total. Es decir, ningún ciudadano de esas nacionalidades podrá ingresar a EE. UU.

Hay una segunda lista de países a los que se restringiría el ingreso a todos, salvo a empresarios y millonarios. Esta incluye a Haití, Eritrea, Laos, Pakistán, Sudán, Sierra Leona, Rusia, Myanmar, Bielorrusia y Turkmenistán.

Y en una tercera lista que incluye a otros 23 países que tendrían 60 días para resolver inquietudes migratorias del gobierno de Estados Unidos o, de lo contrario, también quedarían vetados. La mayoría obedecen a países de África y el Caribe.

Aunque las listas de nacionalidades vetadas por la administración Trump para ingresar a Estados Unidos no están finalizadas, su anuncio es inminente y con seguridad generará polémica.

De entrada, ciudadanos de más de 20 países del mundo ya no podrán viajar a Estados Unidos ni verse con sus familiares.

Y, en ese sentido, hay muchas dudas sobre el estatus en el que quedarían personas con dichas nacionalidades que actualmente viven legalmente en Estados Unidos con green card, visas de estudiante, de trabajo u otra vía legal.

Muchos creen que a estas personas se les impediría entrar nuevamente si llegan a salir del país una vez el travel ban entre en vigor. Se esperan, además, nuevas demandas enfocadas en la justificación de Trump para decretar este veto.