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hace 1 mes
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Las autoridades distritales han tomado medidas urgentes para intervenir el Centro de Traslado por Protección de Santa Marta, debido a las alarmantes condiciones de hacinamiento y las condiciones infrahumanas que padecen los reclusos.
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El Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, tras recibir un informe detallado sobre la situación, aprobó la declaratoria de calamidad pública, permitiendo así la asignación de recursos y esfuerzos para mejorar la infraestructura y atender las necesidades básicas de las personas privadas de la libertad en este establecimiento.
La infraestructura está en condiciones lamentables, los sistemas de saneamiento son insuficientes, y la alimentación es deficiente. Estas personas merecen, al menos, condiciones dignas mientras se resuelve su traslado o se determina si pueden acceder a beneficios judiciales
El secretario de Seguridad y Convivencia Distrital, Gustavo Berdugo, fue el encargado de presentar la solicitud de intervención, basada en el grave deterioro de las instalaciones, la falta de saneamiento básico, la precariedad en la alimentación y el hacinamiento extremo, que ya supera el 300%.
Estas problemáticas han generado un ambiente insostenible dentro de este centro, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, que acoge a personas en espera de definición judicial sobre su situación.
“La infraestructura está en condiciones lamentables, los sistemas de saneamiento son insuficientes, y la alimentación es deficiente. Estas personas merecen, al menos, condiciones dignas mientras se resuelve su traslado o se determina si pueden acceder a beneficios judiciales”, explicó Berdugo durante la sesión extraordinaria del consejo.
Una solución necesaria, según el gobierno local
La solicitud fue aprobada de manera unánime por los miembros del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo. Esto permitirá la ejecución de un plan de acción inmediato que aborde cada una de las necesidades detectadas.
La intervención contempla mejoras en las áreas de salud, alimentación y condiciones de vida de los internos.
El alcalde Carlos Pinedo Cuello respaldó la medida, asegurando que lo primordial es garantizar que las personas privadas de la libertad no sufran tratos indignos.
“La administración distrital tiene como prioridad asegurar que estas personas, a pesar de estar en condición de reclusión transitoria, cuenten con instalaciones que no atenten contra su dignidad humana”, expresó el mandatario.
Preocupaciones por el hacinamiento y la salud de los internos
Es un alivio saber que, al fin, se va a hacer algo por ellos. Esperamos que esta vez las promesas se conviertan en hechos y que las condiciones realmente mejoren
El hacinamiento es, sin duda, uno de los problemas más graves que enfrenta el Centro de Traslado. Según los informes presentados, este sobrepasa el 300%, lo que ha generado graves repercusiones en la salud física y mental de los reclusos.
Familias y organizaciones de derechos humanos han venido denunciando desde hace tiempo las condiciones de precariedad dentro del centro, señalando que muchos internos enferman debido a la falta de ventilación, la humedad y el contacto cercano con personas con patologías contagiosas.
Una madre, cuyo hijo está recluido en el lugar, relató su preocupación: “Muchas personas se enferman allí por el estado de las celdas y porque conviven con gente con patologías delicadas. Realmente el lugar está en condiciones indignas”. Esta es una de las tantas denuncias que han puesto el foco en la urgencia de una intervención integral.
Los familiares de los reclusos han recibido con optimismo el anuncio de la intervención. “Es un alivio saber que, al fin, se va a hacer algo por ellos. Esperamos que esta vez las promesas se conviertan en hechos y que las condiciones realmente mejoren”, comentó el hermano de uno de los internos.
Con la declaratoria de calamidad pública, se espera que en los próximos días se dé inicio a los trabajos de reparación y adecuación del centro, lo que incluirá el aumento de capacidad, la mejora del sistema de saneamiento y la provisión de recursos básicos para los reclusos.
Además, el plan contempla coordinar con otras instituciones para facilitar el traslado de aquellos que ya cumplieron su tiempo de detención preventiva o que pueden acceder a otras alternativas judiciales.
Este es solo el primer paso en la búsqueda de soluciones a un problema que ha persistido durante años, afectando tanto a los internos como a sus familias.
Roger Urieles
Especial para EL TIEMPO
Santa Marta
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