Crisis logística y creciente inseguridad golpean al sector bananero del Magdalena: exigen acciones del Gobierno

El sector bananero del departamento del Magdalena, uno de los pilares agroindustriales del Caribe colombiano, enfrenta una crisis logística cada vez más compleja como consecuencia de los reiterados bloqueos viales y el deterioro en las condiciones de seguridad. Así lo advirtió Carlos Pinilla, gerente general de la empresa Banasan, durante su intervención en el Tercer Congreso Bananero Colombiano, realizado esta semana en Santa Marta con la participación de líderes gremiales, autoridades y representantes de empresas exportadoras.

Pinilla expresó su profunda preocupación por el impacto que esta situación está generando en la cadena de valor del banano, especialmente para los pequeños y medianos productores, quienes han sido los más golpeados por la inestabilidad en el transporte y la pérdida de competitividad. “La situación logística es crítica. No estamos hablando de uno o dos eventos aislados, sino de una constante que se repite cada mes, cada semana”, afirmó el directivo ante el auditorio.

El impacto de los bloqueos para el sector

Según explicó, en el último año se han registrado entre siete y ocho bloqueos importantes en el Magdalena, la mayoría de ellos promovidos por comunidades que exigen respuestas a necesidades sociales urgentes, como la falta de agua potable, el mal estado de las vías rurales, deficiencias en el servicio de salud o el abandono de centros educativos. Aunque Pinilla reconoció la legitimidad de muchas de estas demandas, advirtió que los bloqueos se están dando en un corredor vial clave y único para el sector.

El gerente enfatizó que la operación bananera es altamente dependiente del cumplimiento riguroso de los tiempos de recolección, refrigeración y embarque, dado que se trata de un producto perecedero con estándares internacionales estrictos. Un retraso de apenas unas horas puede traducirse en pérdidas millonarias y, en muchos casos, en la cancelación de contratos con clientes en el exterior.

“La fruta tiene un ciclo logístico muy preciso. No podemos darnos el lujo de llegar tarde al puerto. Cualquier desviación afecta la calidad del producto y pone en riesgo la relación con los compradores”, añadió Pinilla, quien además señaló que la situación también está generando una creciente incertidumbre entre los trabajadores del sector.

La inseguridad otro factor que golpea

A esto se suma el factor de la inseguridad, que según el directivo, ha venido escalando en la región en paralelo a los bloqueos. En varias zonas productoras, los conductores han sido víctimas de robos, extorsiones y amenazas, lo que ha obligado a las empresas a incrementar sus costos de operación por el aumento en las pólizas de seguros, la contratación de escoltas y los retrasos logísticos.

“Estamos viendo cómo el entorno se vuelve cada vez más hostil para el desarrollo de la actividad agrícola. Muchos pequeños productores están pensando en abandonar sus cultivos, no porque no quieran trabajar, sino porque sienten que no tienen garantías para operar”, advirtió.

En el Congreso, otros actores del sector coincidieron en que el deterioro en la infraestructura vial y la falta de respuesta oportuna por parte del Estado están minando la competitividad del Magdalena, que históricamente ha sido una de las principales regiones exportadoras de banano en Colombia.

Llamado al Gobierno Nacional para actuar

Frente a esta situación, Pinilla hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades locales para articular soluciones que permitan garantizar la libre movilidad por los corredores logísticos del banano, así como el diseño de una hoja de ruta para mejorar la infraestructura rural y atender las necesidades sociales de las comunidades sin que ello implique afectar el aparato productivo.

La intervención del gerente de Banasan deja en evidencia un problema estructural que va más allá del sector bananero: la urgente necesidad de una política pública que garantice el equilibrio entre las legítimas demandas sociales y la protección de las cadenas productivas que sostienen la economía de las regiones.

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