Crisis en el Catatumbo: a pesar de balance positivo de la Policía de Norte de Santander, la emergencia no da tregua

Norte de Santander presenta un balance contradictorio en el primer trimestre de 2025. Si bien la Policía reporta aparentes reducciones en delitos y operativos que han debilitado estructuras criminales, la región vive una creciente crisis humanitaria marcada por denuncias de violaciones a derechos fundamentales y tensiones en zonas de conflicto.

¿Qué han hecho entidades en Norte de Santander?

Las cifras oficiales de la Policía de Norte de Santander destacan avances importantes en materia de seguridad. Durante este periodo se registraron 480 detenciones y reducciones notables en delitos como secuestro (-75%), hurto a comercios (-73%), celulares (-45%), personas (-36%), extorsión (-18%) y residencias (-14%).

Operativos conjuntos en municipios como Ocaña y Pamplona han permitido incautar automotores, motocicletas, grandes cantidades de estupefacientes, 147 armas ilegales y otros insumos delictivos.

Los logros reportados de la Operación Catatumbo

En el marco de la denominada Operación Catatumbo, la coordinación entre Policía, Ejército, Cenit y la ONU posibilitó la evacuación de 783 personas, mediante 72 vuelos de apoyo humanitario, además de intervenciones en Tibú y Teorama que han contribuido a mejorar la movilidad y seguridad vial, reflejada en 2.190 comparendos y 159 inmovilizaciones.

En paralelo, la Fiscalía ha intensificado su accionar contra grupos delictivos. Un juez de control de garantías impuso medidas. Entre esas, la captura de tres integrantes del grupo 'Los Zamuros', implicados en el hurto de tractocamiones y mercancías en la ruta entre Ocaña y Aguachica, luego de incidentes ocurridos en 2023 y 2024 que involucraron robo de combustible y paquetes valorados en millones de pesos.

Asimismo, dos presuntos cabecillas de las disidencias de las Farc –Alveiro Ramírez Contreras y Fermín Pérez (alias Carrolo)– han sido judicializados por la Fiscalía por su presunta participación en secuestros y concierto para delinquir en localidades como Hacarí, Ábrego, La Playa de Belén y Ocaña.

La crisis humanitaria no entiende de cifras oficiales

A pesar de los logros en seguridad, el ambiente en Norte de Santander se sigue viendo ensombrecido por la persistencia de graves problemas sociales y humanitarios.

Según la Defensoría del Pueblo, en zonas como Tibú y veredas rurales de Caño Negro, comunidades denuncian que grupos armados ilegales impiden el ingreso de insumos esenciales, lo que afecta el funcionamiento de plantas de energía y genera la suspensión de servicios básicos como la atención en salud y el calendario escolar.

En el ETCR de Caño Indio, ubicado en la zona rural de Tibú, 30 familias viven bajo la amenaza inminente de un desplazamiento forzado masivo, mientras que la circulación de panfletos estigmatizantes y restricciones en el acceso al Sisbén agravan el clima de incertidumbre.

La Defensoría ha reaccionado a la creciente tensión en el territorio, exigiendo que actores armados como el Eln y el Frente 33 respeten la vida y las actividades sociales, y cumplan con el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

La entidad insiste en la instalación de una mesa de diálogo humanitario, con la participación de la comunidad, la Iglesia y firmantes de paz, que permita dar respuesta a las demandas y garantizar el libre tránsito y acceso a servicios básicos en la zona.

Por otro lado, la Unidad para las Víctimas insiste sobre la alarmante cifra de 9.417 eventos victimizantes reportados entre enero y marzo de 2025, de los cuales el 66% se vinculan al desplazamiento forzado

Más de 10.000 personas se encuentran registradas en el RUV, con un impacto particularmente fuerte sobre las mujeres, que representan algo más del 50% de los afectados y son las que enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y abuso en el contexto de la confrontación armada.

El panorama en Norte de Santander se define por una dualidad marcada: por un lado, importantes avances operacionales y reducciones en delitos que evidencian la eficiencia de las fuerzas de seguridad; y por otro, una crisis humanitaria persistente, en la que las denuncias de violaciones a derechos humanos muestran un escenario de inquietud social.

Las autoridades hacen un llamado a la denuncia de hechos y a una respuesta integral que involucre tanto a organismos estatales como a líderes comunitarios, para revertir esta espiral de violencia y restablecer la normalidad en un territorio que clama por soluciones urgentes.

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