Costa Atlántica, epicentro del contrabando de cigarrillos en Colombia: pérdidas fiscales superan $343.000 millones

El contrabando de cigarrillos en la región Caribe colombiana se ha consolidado como una de las problemáticas más graves que enfrentan las finanzas públicas en el país. 

De acuerdo con el estudio 'Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia 2024', realizado por la firma Invamer, el 69 % de los cigarrillos consumidos en la Costa Atlántica son ilegales, una cifra que supera por amplio margen la media nacional del 36 %.

Los departamentos de La Guajira (87 %), Cesar (81 %), Magdalena (79 %), Bolívar (74 %), Córdoba (69 %) y Sucre (66 %) lideran el ranking de incidencia de cigarrillos de contrabando en el país. Solo el Atlántico (47 %) y San Andrés (2 %) presentan niveles más bajos en la región. Esta situación ha generado pérdidas fiscales por más de $343.215 millones en lo que va del año, afectando de manera directa los recursos destinados a salud y educación.

En términos absolutos, Bolívar es el departamento más golpeado por esta práctica ilegal, con un detrimento superior a los $106.000 millones en impuestos dejados de recaudar. Le siguen Magdalena con $61.833 millones y Córdoba con $55.108 millones. El impacto, sin embargo, no se limita al aspecto económico: la circulación masiva de cigarrillos ilegales tiene profundas implicaciones en la seguridad pública y en la salud de los ciudadanos.

“Hay una relación directa entre el contrabando de cigarrillos y el crimen organizado”, advirtió Martín Orozco, gerente general de Invamer. “Este comercio ilícito sirve como vía de monetización para estructuras criminales. Las organizaciones narcotraficantes han trasladado su experiencia logística al contrabando, adoptando modelos similares de operación, como rutas estables, corrupción local y métodos para minimizar riesgos”, explicó.

De acuerdo con el informe, en promedio una cajetilla de 20 cigarrillos ilegales se vende en la Costa por $4.497, frente a los $11.067 que cuesta una legal, lo que representa una diferencia del 146 %. Esta brecha de precios es uno de los principales factores que estimula el consumo ilegal, especialmente en zonas de alta informalidad y bajos ingresos. Entre las marcas más comunes en el mercado negro figuran Rumba, Carnival, Hamilton, Ibiza y Santa Fe, provenientes principalmente de Uruguay, Estados Unidos y Corea del Sur.

Las consecuencias de esta práctica van más allá del bolsillo del Estado. Según Orozco, el auge del contrabando pone en riesgo los avances logrados en salud pública, ya que los cigarrillos ilegales no cumplen con regulaciones sanitarias, ni advertencias obligatorias sobre los riesgos del consumo. “En los últimos cinco años, Colombia ha perdido cerca de $4,4 billones por este fenómeno. Si no se abordan medidas estructurales, la situación seguirá deteriorándose”, advirtió.

El fenómeno también tiene una fuerte dimensión territorial. Las ciudades de Riohacha, Valledupar, Santa Marta y Cartagena encabezan las zonas urbanas más afectadas, donde la presencia de cigarrillos ilegales es dominante y visible. Esta alta incidencia, además, refleja la fragilidad de los controles en las rutas fronterizas y portuarias del Caribe, utilizadas como puntos de entrada de mercancía ilícita al país.

En cuanto al panorama nacional, el informe revela que 2024 marcó un récord en la incidencia del comercio ilegal de cigarrillos, alcanzando el 36 %, la cifra más alta desde 2013. Las pérdidas fiscales totales superan el billón de pesos, con una tendencia ascendente desde 2017. Los principales países de origen de estos productos son Uruguay (10,1 %), Estados Unidos (8,5 %), Corea del Sur (4,9 %), Paraguay (2,7 %), Emiratos Árabes Unidos (2,6 %) y China (1,9 %).

La situación ha encendido las alarmas tanto a nivel regional como nacional. Expertos en finanzas públicas y seguridad advierten que el problema solo podrá ser contenido si se intensifican los controles aduaneros, se refuerza la capacidad operativa de las autoridades locales y se diseñan políticas fiscales más sostenibles. “Cada vez que se amplía la brecha entre el precio legal e ilegal, se favorece al contrabandista. La solución debe ser integral, técnica y coordinada entre todas las entidades del Estado”, concluyó Orozco.

Mientras tanto, los departamentos de la Costa Atlántica siguen perdiendo recursos vitales para su desarrollo, atrapados en una economía ilegal que alimenta redes criminales, debilita las instituciones y expone a los consumidores a productos de dudosa procedencia.

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