COP16: el Gobierno entregó más de 1.500 hectáreas de tierras a indígenas, afros y campesinos, tras disputas en haciendas de caña en norte del Cauca

En el norte del Cauca, de 349.714 hectáreas, el conflicto con indígenas, campesinos y afrodescendientes ha girado en torno a la tierra. 

Son casi dos décadas de estas luchas sin cesar y que han dejado a su paso más de una veintena de muertos.

A lado y lado de la vía Panamericana, la columna vertebral que atraviesa todo este departamento para comunicarse con el interior del país, aún se mantienen las ocupaciones e invasiones –como se refieren en el Gobierno Nacional– de predios con extensos cultivos de cañaduzales.

Estas tomas siguen en los municipios Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda.

Es así que gremios e ingenios azucareros viven en una encrucijada, pues reiteran como lo han venido haciendo que estas invasiones repercuten en empleos.

Los gremios de la agroindustria de la caña dicen que en el norte caucano se generan 50.000 empleos, y que por confrontaciones y ocupaciones se ha afectado la productividad de mucho más de mil hectáreas.

Ante la situación, desde Cali, durante el penúltimo día de la COP16, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó que, tras un año y ocho meses de haber iniciado el proceso de la mesa interétnica con indígenas, afros y campesinos para lograr que las haciendas sean desocupadas, se llevó a cabo el acuerdo por la defensa de la vida y el territorio, firmado el pasado 11 de octubre en Santander de Quilichao, en el Cauca, por representantes de la industria de la caña, los trabajadores y el Gobierno Nacional. Según el ministro Cristo, este proceso busca priorizar la defensa de la vida.

"En el marco de esta COP16 quisimos con la mesa interétnica con gremios, los indígenas, con los afros, con los campesinos con la ministro de Agricultura, con la vicepresidenta (Francia Márquez), también que ha jugado un papel importante actualizar el trabajo de la mesa presentar un balance de lo que se ha logrado entender claramente que esto es un punto de partida para que hacia el futuro (...) se pueda defender la vida, defender la paz y defender la actividad y el ingreso digno de las comunidades. Esta mesa interétnica lleva acá 18 meses, en medio de una situación difícil que reconocemos. Se ha deteriorado el orden público en la zona". Pero recalcó que en la zona "se han salvado muchas vidas". 

"Empezamos este trabajo por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT),  adquiriendo unos predios emblemáticos para entregarlos a la comunidades para que conjuntamente con el ministerio de Agricultura y Asocaña acompañen el proceso productivo a esas comunidades en esos predios que ya fueron entregados", afirmó el ministro Cristo. 

El alto funcionario del Estado destacó que la entrega de más de 1.500 hectáreas de tierras a las comunidades indígenas, el campesinado y el pueblo afro, "apenas es el inicio de este proceso que cuenta con la participación de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el acompañamiento de ONU de Derechos Humanos".

“El éxito de esta cumbre es que ha demostrado lo que podemos hacer cuando se trabaja en equipo. Y en el marco de esta COP16 quisimos con la mesa interétnica, con los gremios, con los indígenas, los afros y los campesinos, dar un balance de un trabajo que ha sido muy exitoso y ha salvado muchas vidas (…) Esto es un ejemplo de paz, un ejemplo de concertación que queremos replicar en otras zonas del país", dijo el ministro Cristo.

El Gobierno también anunció la puesta en marcha de un proyecto de economías campesinas sostenibles y rentables; un proyecto de soberanía alimentaria por $ 15.000 millones, que beneficiará a 600 familias con la ADR; la firma de un convenio entre Asocaña y el ministerio de Agricultura por $ 60.000 millones para proyectos productivos y la cofinanciación de proyectos productivos integrales rentables y sostenibles, con énfasis en la preservación del medio ambiente. Además, se entregarán entre $ 600 y $ 800 millones para los proyectos productivos a las comunidades a las que el Estado les ha entregado predios.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, agregó: “Aquí lo que hay es una muestra de unidad de los pueblos de Colombia, de intervención asertiva del sector productivo y de un Gobierno que se dispone con sus instrumentos a acompañar esta transformación territorial en lo que hemos denominado desde el ministerio de Agricultura, la búsqueda de la paz. Este es un ejemplo de paz, es un ejemplo de que podemos construir la gobernanza en el territorio y que de la mano de las comunidades logramos esa cuesta de transformación productiva y asertiva”.

Mesa interétnica en el norte del Cauca: con indígenas, campesinos y afros que ocupan las haciendas cañicultoras

Según el Gobierno Nacional, "esta región habitada por comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, y con amplia presencia de la agroindustria de la caña de azúcar, ha experimentado tensiones profundas debido a factores como la disputa por tierras, recursos naturales y poder. La historia de exclusión y discriminación ha generado desconfianza y conflictos sociales que derivaron en escenarios de violencia".

"Con el concurso de los principales actores presentes en la región, se conformó una mesa de diálogo que hoy se configura como la demostración de que un Acuerdo Nacional sí es posible en Colombia. En este proceso participan la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) del Norte del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca Cxhab Wala Kiwe (ACIN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) del Norte del Cauca, el Palenque Alto Cauca del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y los ingenios azucareros representados por Asocaña, los cultivadores representados por Procaña y trabajadores de la agroindustria de la caña", dice un comunicado.

La presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), Claudia Calero, sostuvo: “Esta mesa, que gracias al Gobierno se pudo consolidar, tiene que trascender gobiernos. Esta mesa tiene que ser parte del territorio y de todos los que habitamos en esta región, porque es el mejor modelo de paz. Este diálogo que hemos ejercido en esta región durante un año y ocho meses tienen que ser el mejor modelo para Colombia. Y sin duda podemos decir que es un modelo de paz para el mundo entero, porque aquí subyace una plurietnia y una multiculturalidad”.

EL TIEMPO habló con algunos indígenas que se mantienen en fincas y haciendas en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, donde manifestaron su preocupación por el anuncio del acompañamiento de Asocaña en procesos productivos. "Nosotros hemos venido luchando por la tierra que era de nuestros ancestros. Tuvimos que ir a la montañas y mientras en la zona plana está el monocultivo de caña. No hay tierra para poder sembrar otros productos. El monocultivo nos perjudica", dijo uno de los indígenas nasa en la hacienda Vistahermosa. 

Restitución de 41.737 hectáreas a dos comunidades indígenas y una afro en Valle y Cauca

De otro lado, durante la COP16, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en cabeza de su director general, el mayor Giovani Yule, anunció la entrega simbólica de tres territorios colectivos a dos pueblos indígenas y una comunidad afrodescendiente, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, del 29 de octubre al 5 de noviembre de  este 2024.

Se trata de acciones para dar cumplimiento a fallos de la justicia especializada en restitución de tierras con enfoque étnico. Estas sentencias benefician al Consejo Comunitario Río San Francisco y al Resguardo Indígena Páez de Tóez, en Cauca, tal como al Resguardo Indígena del Cañón del Río Garrapatas, perteneciente al pueblo ancestral Embera Chamí y ubicado en Valle del Cauca.

El mayor Yule indicó que "el cumplimiento de los fallos judiciales hace parte del

compromiso del Gobierno del Cambio de restituir no solo un pedazo de tierra

sino los derechos étnico-territoriales, la cultura y la economía de las comunidades desarraigadas y desplazadas por la guerra. Tratamos de restituir la vida de las familias, cumplir las sentencias: porque al amparar y restablecer el goce de los derechos de estas comunidades, se posibilita el retorno de quienes aún están desplazados como consecuencia del despojo y abandono forzado”. 

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali