Contraloría Distrital de Cartagena es acusada de extralimitarse en sus funciones fiscales

El Distrito de Cartagena denunció que la Contraloría Distrital, bajo la dirección de Ángela Cubides, cometió irregularidades al ordenar allanamientos en varias dependencias de la Alcaldía. Estas acciones se fundamentaron en las circulares 014 del 24 de diciembre y 015 del 30 de diciembre, las cuales implementaban un control fiscal previo, una facultad que, según la Constitución de Colombia, es exclusiva de la Contraloría General de la República.

El Comité Central de Auditoría del Distrito, integrado por los jefes de control interno de las diferentes dependencias, envió un oficio a Cubides rechazando estas actuaciones y señalando su falta de fundamento legal. 

El documento enfatizó que el control fiscal previo está expresamente prohibido por la Constitución, y ni siquiera la modalidad de control preventivo y concomitante puede ser aplicada por la Contraloría Distrital, ya que esta es potestad exclusiva de la Contraloría General, según lo estipulado en el Decreto 403 de 2020.

Además, el Distrito recordó que las circulares emitidas por la Contraloría Distrital intentaron validar información de manera previa para determinar la situación fiscal de los entes bajo control, un procedimiento que consideraron claramente irregular. 

Estas observaciones, según el Distrito, no solo violan la Constitución, sino que también generan un ambiente de incertidumbre en el manejo de los recursos públicos.

Divergencias legales sobre el cierre fiscal

Otro punto crítico planteado por el Distrito se relaciona con el principio de anualidad presupuestal. Según la administración, aunque este principio es fundamental, no es absoluto. 

Existen excepciones establecidas en la Ley 819 de 2003 y el Decreto 4836 de 2011, como las reservas presupuestales, las cuentas por pagar y las vigencias futuras, que son mecanismos legales para garantizar la continuidad de proyectos y el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El Distrito destacó que la normativa vigente establece que las reservas y las cuentas por pagar deben constituirse antes del 20 de enero de cada año, como lo estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Sin embargo, estas disposiciones parecen haber sido ignoradas por la Contraloría Distrital en su interpretación de las obligaciones fiscales.

El oficio enviado a Cubides también criticó la falta de publicación del Plan de Vigilancia Fiscal Territorial, una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en las auditorías. Según el Distrito, la ausencia de esta publicación dificulta la legitimidad de las acciones emprendidas por la Contraloría.

Asimismo, se cuestionó la Resolución 047 de 2023, expedida por la Contraloría Distrital, que regula la rendición electrónica de cuentas. Según el Distrito, esta normativa no incluye la obligación de presentar un acta de cierre fiscal, lo que contrasta con los lineamientos establecidos en las guías de auditoría internacional aplicables.

¿Un conflicto por el presupuesto de 2025?

La controversia entre el Distrito y la Contraloría Distrital podría estar relacionada con ajustes en el presupuesto del ente de control para 2025. Según algunas interpretaciones políticas, las recientes acciones de la contralora podrían ser una retaliación por la reducción presupuestal avalada por la Contraloría General de la República.

Esta modificación presupuestal surgió de un plan de mejoramiento ordenado por la Contraloría General, tras detectar irregularidades en el cálculo del crecimiento proporcional del presupuesto desde 2010. E

stos errores, según el ente nacional, afectaron las finanzas distritales hasta 2022 y generaron un exceso de recursos asignados a la Contraloría Distrital.

El plan de mejoramiento exigió al Distrito corregir estas deficiencias mediante acciones concretas que aseguren el cumplimiento de las normas fiscales. Este ajuste presupuestal, aunque necesario para garantizar la sostenibilidad financiera, pudo haber generado tensiones con la Contraloría Distrital.

Finalmente, el Distrito instó a Cubides a respetar los límites establecidos por la Constitución y la ley, y solicitó abrir un espacio de diálogo para establecer mecanismos efectivos de comunicación. De esta manera, se busca garantizar que las funciones de control se realicen en el marco de las normas vigentes y sin exceder las competencias asignadas.