Contraloría detecta irregularidades millonarias en IPS y proyectos de infraestructura en el Atlántico y el Caribe

Durante una visita a Soledad (Atlántico), el vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, expuso una serie de graves hallazgos que comprometen la gestión de recursos públicos en distintos sectores del departamento y en otros departamentos del Caribe colombiano.

 Las investigaciones abarcan desde la operación irregular de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) hasta la inadecuada planeación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y la ejecución deficiente de proyectos financiados con recursos de regalías.

En su pronunciamiento, Zuluaga señaló que cinco IPS del Atlántico están bajo investigación por haber recibido millonarios pagos anticipados a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sin que prestaran los servicios médicos correspondientes. “Son IPS de papel que hicieron cobros sin brindar atención a los pacientes”, afirmó.

Aunque no reveló los nombres de estas entidades, el funcionario indicó que los expedientes están en etapa de recolección de pruebas y enfatizó que “tarde o temprano tendrán que responder”.

Plan de Alimentación Escolar en riesgo en el Atlántico

Estas investigaciones se suman a una serie de visitas técnicas que realiza la Contraloría desde hace más de dos meses, con el objetivo de documentar plenamente los hechos. El equipo designado busca determinar la responsabilidad administrativa, fiscal e incluso penal que puedan tener los representantes legales de estas instituciones, en lo que representa un nuevo episodio del uso indebido de los recursos del sistema de salud.

En paralelo, la Contraloría advirtió sobre un riesgo inminente para más de 43 mil niños de municipios no certificados del Atlántico, quienes podrían quedarse sin alimentación escolar durante al menos 20 días. La causa: la mala planeación del Programa de Alimentación Escolar y los retrasos en la contratación. Si el proceso licitatorio no culmina en los tiempos estipulados, el inicio del nuevo ciclo de atención alimentaria podría postergarse aún más, afectando de manera directa a menores en condiciones de vulnerabilidad.

Avances en la recuperación del CDI del barrio Nueva Esperanza

Uno de los casos emblemáticos de infraestructura inconclusa en el Atlántico comienza a mostrar signos de recuperación. Se trata del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ubicado en el barrio Nueva Esperanza de Soledad, cuya construcción, iniciada con una inversión de $3.937 millones, terminó convertida en un 'elefante blanco tras años de abandono.

El proyecto, entregado en 2017, fue concebido para brindar atención integral a niños de 0 a 5 años en educación, nutrición y cuidado. Sin embargo, debido a múltiples suspensiones contractuales, fue vandalizado y permaneció inutilizado por más de seis años. 

En 2015, la obra fue suspendida por dos meses y 15 días, y en 2016, por un periodo aún más prolongado: un año, dos meses y 26 días.

Ante este panorama, la Contraloría, a través de su Grupo de Participación Ciudadana, intervino con visitas de campo y la organización de seis mesas de trabajo con entidades responsables y ciudadanía. Esta gestión permitió que la Secretaría de Obras Públicas hiciera un inventario de daños y estableciera una inversión adicional de 1.042 millones de pesos para su rehabilitación. 

La Alcaldía de Soledad y el Ministerio de Educación avalaron la adecuación del lugar como sede alterna de la Institución Educativa Juan Manuel Santos, con comedor y cocina para jornada única. Se estima que el centro podría entrar en funcionamiento en un plazo de cinco meses, una vez superado el trámite legal y contractual correspondiente.

52 hallazgos fiscales por más de $223 mil millones

La actuación especial de fiscalización adelantada por la Contraloría General en la región Caribe arrojó cifras preocupantes: de 106 proyectos revisados, **el 55% presenta observaciones fiscales**, por un valor total de **$223.988 millones**. Asimismo, se identificaron seis beneficios de auditoría por $12.146 millones.

El departamento con mayores irregularidades es La Guajira, con nueve proyectos cuestionados por un total de $69 mil millones. En Sucre, se detectaron cuatro hallazgos fiscales por $56 mil millones, entre ellos el escandaloso caso de la vía El Portón,  La Y de los Arrastres, en la subregión de La Mojana, donde se han invertido $30 mil millones para construir apenas 5 kilómetros de los 17 proyectados.

“El manejo de las regalías sigue siendo un problema estructural. Muchos de estos proyectos terminan sin cumplir sus objetivos, y esto nos obliga a revisar cómo se estructuran, cómo se aprueban en el Departamento Nacional de Planeación y cómo se gestionan desde los entes territoriales”, señaló Zuluaga.

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