Consejo de Estado admite demanda contra la elección de Jorge Andrés Carrillo en ISA

Tras casi seis meses de haberse anunciado a Jorge Andrés Carrillo como nuevo presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), se siguen dando a conocer polémicas y procesos judiciales por este nombramiento.

Uno de los primeros en criticar esta designación y emprender acciones legales para que dicho nombramiento fuera declarado nulo fue el diputado de Antioquia, Luis Peláez.

Y aunque en su primer intento la demanda no fue aceptada, el político anunció este miércoles 26 de febrero que la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una nueva demanda.

"Por fin demanda admitida ¿Qué sigue? Pruebas, alegatos y fallo, será complejo por el 'talante' de lo que enfrentamos, pero lo haremos con mucha disciplina", celebró el diputado en sus redes sociales.

Explicó el abogado que, en dicha demanda, además, se vincula a toda la junta directiva, la cual deberá argumentar la elección de Carillo.

"Será un proceso corto, esperamos de dos meses, donde practicarán pruebas, alegatos y fallo, de única instancia, así que no existirá apelación", explicó Peláez. 

Cuestionamientos

En la demanda, Peláez expuso que, en su criterio, no se tuvieron en cuenta requisitos necesarios para la designación de un presidente, como lo era la contratación de una empresa cazatalentos, "cuyo contrato no fue suministrado, ni tampoco sus etapas, y sin evidenciar si (…) había cotejado las referencias laborales".

A lo anterior, el diputado afirmó que Carrillo no cuenta con la experiencia mínima profesional requerida para el cargo.

En la resolución de la tutela, el Consejo de Estado le advierte a la Junta Directiva de ISA que, "durante el término para contestar la demanda, deberá allegar copia íntegra de los antecedentes del nombramiento efectuado al demandando mediante el Acta 918 de 2024, incluso aquellos expedidos con posterioridad a la referida acta, y que se encuentren en su poder".

Otra demanda

Esta demanda se suma a otro proceso que hay en contra de la elección de Carrillo.

Se trata de una demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado en diciembre del 2024 por el abogado Julio César Yepes Restrepo. 

El abogado argumenta que hay evidencia para demostrar que, ante las dudas de miembros de la junta directiva de ISA sobre el nombramiento de Carrillo, varios de estos requisitos nunca se cumplieron o se demoraron incluso en registrar. Además de posibles inconsistencias en la hoja de vida presentada por Carrillo.

Sin embargo, la sección quinta del Consejo de Estado le solicitó el pasado 20 de febrero al abogado subsanar tres puntos de su demanda para darle trámite y decidir si es o no admitida.

En las últimas horas, el abogado radicó la subsanación de estos tres puntos que constan de lo siguiente:

En el primero le solicitan al demandante que “debía encuadrar la moralidad administrativa en una causal de nulidad o desistir de ese cargo en la demanda”, por lo que el abogado respondió:

“El demandante opta por encuadrar la moralidad administrativa dentro de la causal genérica de que trata el artículo 137 del CPACA, relativa a la “infracción de las normas en que deberían fundarse”, toda vez que la moralidad administrativa está consagrada en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991 como un principio de la función pública de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, el acto de elección debía ceñirse a dicha norma constitucional, pero no lo hizo, configurándose la infracción de dicha norma”.

Y agrega que, “en la demanda adjunta podrá verificarse cómo se encuadró la moralidad administrativa dentro de la causal genérica de “infracción de las normas en que deberían fundarse” el acto electoral objeto de la demanda de nulidad”.

En el segundo punto, el Consejo de Estado le indica que no puede vincular el supuesto cuestionamiento de que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no pudiera hacer parte de la Junta Directiva, por lo que el abogado subsanó esta solicitud en el segundo punto.

El tercero consta en que solo se deberá vincular a Jorge Carrillo y no a los miembros de junta que votaron favorables en su elección, hecho que también fue subsanado en la nueva demanda.

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