En un proceso que marca un precedente en la lucha contra el fraude eléctrico (robo de energía) el Juzgado 4 Penal del Circuito de Santa Marta condenará a tres miembros de la banda Los Neutrales por los delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir.
La decisión se tomó tras un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Policía y la empresa Air-e Intervenida.
Los condenados, identificados como Luis Alfredo Polo Cadena, Jhon Jairo Fernández Rodríguez y Dámaso Guerrero Acosta, aceptaron los cargos en su contra, luego de que las autoridades recopilaran pruebas contundentes sobre su participación en la manipulación ilegal del servicio eléctrico.
Además, siete clientes que habían contratado los servicios ilícitos de la banda admitieron su vinculación y conciliaron con la justicia para evitar ser procesados. Los implicados se enfrentan a penas de hasta seis años de prisión.
Red de fraude eléctrico
La investigación reveló que Los Neutrales operaban en barrios como Ciudadela 29 de Julio, Parques de Bolívar, Villa Bella y El Pando, donde manipulaban equipos de medición y realizaban instalaciones clandestinas de transformadores. Estas acciones impactaban negativamente el suministro de energía y afectaban tanto a la empresa prestadora del servicio como a los usuarios legales.
Fachada de la sede de Air-e en Barranquilla. Foto:Archivo EL TIEMPO
Interceptaciones telefónicas autorizadas por la Fiscalía permitieron identificar una estructura criminal organizada que promovía y ejecutaba alteraciones en los sistemas de medición, facilitando el robo de energía a sus clientes.
El llamado a la legalidad
Fermín De la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e Intervenida, destacó que esta condena es un paso clave en la lucha contra la defraudación de fluidos. "Las personas que se apropian ilegalmente de la energía pueden enfrentar penas de hasta seis años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos. Si además hay concierto para delinquir, la sanción es aún mayor", señaló.
Actualmente, Air-e y la Fiscalía adelantan más de 600 investigaciones penales por hurto y fraude en el servicio eléctrico, en un esfuerzo por combatir estas prácticas ilícitas y proteger la estabilidad del sistema energético.
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