Con nuevo golpe a la ‘paz total’ dado por alias Calarcá, ¿perdieron las disidencias su oportunidad de dialogar?

El proceso de negociación con las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que llevaba meses gozando de cierta estabilidad pese a los escasos avances, entró en una fase crítica luego de que la Compañía Isaías Carvajal, del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, asesinara a siete militares del Batallón de Infantería N.° 19 Joaquín París, encargado de la seguridad del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras, en el departamento del Guaviare.

Las víctimas fueron identificadas como el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez y los soldados profesionales Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Bohórquez Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Pushaina Pushaina, Jean Carlos Bolaño Romo y Moisés David Cuadros Ruiz. Además, otros cinco soldados fueron secuestrados y posteriormente entregados a la comunidad de Guanapalo.

El crimen, calificado por las Fuerzas Militares como “una evidente falta de voluntad de paz”, ocurrió tan solo siete días después de que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que suspende las operaciones militares en contra de esta estructura y de los otros dos bloques que componen el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una federación de disidentes formada tras la fragmentación del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco.

Es justamente esa decisión —tomada menos de 24 horas después de que se conociera un oficio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el que se recomendaba no extender la tregua— la fuente de decenas de críticas al Gobierno y parte de un error metodológico que nuevamente evidencia las contradicciones y tensiones que atraviesa la política de ‘paz total’.

Esta medida, que se asemeja a los ceses unilaterales al fuego decretados al inicio del Gobierno con otros cinco grupos armados (Eln, Estado Mayor Central, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Autodefensas de la Sierra Nevada), no estableció ningún compromiso verificable para esas organizaciones y se sustentó únicamente en su “buena fe”.

El grupo armado se pronunció tras el ataque y afirmó que había actuado supuestamente en “legítima defensa”. Sin embargo, versiones preliminares indican que el grupo de militares se desplazaba hacia el batallón luego de prestar guardia en el espacio que, desde 2017, es habitado por excombatientes de las extintas Farc, y que no realizaban ninguna operación militar en el momento del ataque.

Frente a este escenario, el presidente Petro pidió que se conforme una comisión independiente para examinar “las circunstancias del ataque al Ejército en el Guaviare”. Cabe mencionar que, para efectos de la evaluación de este cese de operaciones vigente, se prevé la conformación de un equipo político integrado por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; un delegado del Ministerio de Defensa; un representante de la Fuerza Pública, y miembros de la mesa de negociación.

La misión de este grupo —que en este contexto no está claro si estará ligado a la comisión independiente solicitada por el jefe de Estado— es analizar si la estructura armada demuestra una voluntad real de avanzar en el proceso de paz.

Para Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, este episodio no parece un hecho casual ni un desafortunado encuentro entre tropas del Ejército y miembros de esa organización armada, sino que muestra indicios de haber sido planificado. “La sostenibilidad del proceso con el EMBF queda colgando de un hilo, en la medida en que un resultado operacional como el del Guaviare solo se consigue con bastante planeación e inteligencia táctica”, señaló.

Además, el ataque ocurre en medio del ultimátum dado por el Gobierno para que las estructuras que componen estas disidencias inicien su proceso de concentración, de cara a un eventual desarme, el cual, sin embargo, sigue siendo una posibilidad lejana.

Durante la cumbre de Fededepartamentos realizada el viernes en Yopal, Casanare, Armando Benedetti ya había lanzado una advertencia al grupo. “Se han dado en las últimas semanas unos días —que ya deben ser cerca de 20— para que el grupo que no esté concentrado no siga en las mesas de negociación. Al de Calarcá no se le hizo cese del fuego; al 33 de Norte de Santander sí se le hizo, y de lo que estamos hablando es de que deben concentrarse ya en los próximos 20 días. Si no, esas mesas de negociación no se van a dar”, aseguró el ministro del Interior.

La advertencia se intensificó este lunes tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Antes de una reunión del Consejo de Paz y Seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública, el ministro se refirió al futuro del proceso de paz y expuso tres posibles escenarios: suspender la mesa de negociación, expulsar al bloque a Jorge Suárez Briceño o esperar hasta el 18 de mayo para tomar una decisión.

Tras el encuentro, también aclaró que las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional deben emplear toda la capacidad del Estado para protegerse sin importar si tienen en frente a las disidencias de Calarcá o las disidencias de Mordisco.

El jefe de la cartera de seguridad aseguró que “la paz es posible”, pero esta no se mendiga. “No les vamos a rogar a los criminales, y no les vamos a rogar nosotros, como Fuerza Pública, a los criminales”, manifestó.

Estas declaraciones dejan al proceso en un estado delicado, en un momento en el que se habían logrado acuerdos sobre transformaciones territoriales, especialmente en el arco amazónico. Por ahora, la delegación del Gobierno no se ha pronunciado; sin embargo, por hechos similares, el Ejecutivo ya suspendió la mesa con el Eln y dio por terminados los diálogos con las disidencias de alias Iván Mordisco.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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