Con destrucción de artefactos explosivos, comenzó proceso de desarme de Comuneros del Sur: esto es lo que viene

La destrucción de 585 artefactos explosivos, entre minas, morteros, granadas y cilindros bombas en Samaniego (Nariño) el pasado sábado, material bélico que había sido entregado por el Frente Comuneros del Sur a la Fuerza de Tarea Marte (Manejo de Artefactos Explosivos) de la Quinta División del Ejército Nacional, es el primer paso para el proceso de desarme de esa estructura armada, tal como lo afirmaron sus voceros, y representa, quizás, el primer gran hito de la política de ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, aunque el evento del sábado constituye solo la primera etapa de un proceso que se desarrollará a lo largo de tres meses, representa un paso crucial para evitar el naufragio de la política insignia del Gobierno y responde a lo que diversos sectores políticos le han solicitado al comisionado de paz, Otty Patiño: avances concretos y la constatación de una voluntad genuina por parte de los grupos ilegales de abandonar la violencia.

“Desde nuestro sentir como rebelde consideramos que hay un hartazgo de la guerra, consideramos que la lucha armada está caduca, que hay nuevos tiempos y nuevas necesidades. Presidente Petro, nosotros nos rehusamos a volver a la guerra, somos una organización de 32 años y muchos hemos pasado nuestra vida en las montañas de Colombia”, señaló Royer Garzón, alias Jairo, principal vocero de ese grupo armado en la mesa de diálogo.

Cabe recordar que este frente perteneció al Eln desde 1992 y, desde su creación, ha tenido presencia en el departamento de Nariño. Hoy, su principal comandante es Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y, según datos de inteligencia militar, cuenta con aproximadamente 100 hombres en armas y 40 más en redes de apoyo (milicias).

Durante la jornada también se firmó un acuerdo que promete la sustitución de cultivos de hoja de coca de 5.000 hectáreas en los diez municipios de influencia del grupo armado, lo que equivale al 11 por ciento del departamento. El compromiso consta de dos fases: primero se espera declarar al municipio de Samaniego como libre de cultivos de uso ilícito, para luego hacer lo mismo en Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Santacruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor.

Con estas 5.000 hectáreas, serían 20.000 las que el Gobierno busca sustituir en su plan de transformación territorial si se suman las 15.000 acordadas con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ -antes Segunda Marquetalia-, el otro grupo armado que hace presencia en la región y que también está en diálogos con el Gobierno.

“Hemos tenido muchos altibajos pero hoy tenemos en Nariño, en este departamento que el gobernador ha calificado como el sur geográfico que es el norte de la paz. Esto se ha venido ampliando con la delegación de la Coordinadora Nacional, de tal manera que hoy tenemos un proceso irreversible de paz”, señaló Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz.

Otro acuerdo alcanzado fue la aplicación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad, el cual será operado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y tendrá como propósito “satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas y la memoria histórica”. En ese sentido, el grupo armado también se comprometió a participar en espacios para la escucha y el reconocimiento de las víctimas.

Así las cosas, esta mesa ya cuenta con acuerdos para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el retorno de desplazados a la región y un compromiso para limpiar los diez municipios de las minas, en el cual hombres de Comuneros del Sur ya participan activamente. “Todos soñamos con esa paz anhelada. Con cada mina antipersonal que se destruya o se quite, se salva una vida, una vida de nuestra comunidad. (...) Sólo en un territorio sin minas, el pueblo camina”, señaló Cristian Melo, presidente de la Asociación de sobrevivientes de minas antipersonal de Abades.

Los retos

Desde la separación del Frente Comuneros del Sur del comando central del Eln en mayo de 2024, hasta el inicio del proceso de desarme, transcurrieron apenas 11 meses. En el medio, se instaló la mesa de negociación, denominada por el Ejecutivo como la ‘Instancia para la Co-construcción de la Paz Territorial en Nariño’.

Aunque el gobierno y sus representantes han expresado su optimismo sobre el avance y los plazos de este proceso, persisten dudas jurídicas en torno a un posible acuerdo de paz definitivo, ya que hoy no existe una herramienta jurídica clara para la desmovilización de los integrantes de Comuneros del Sur. Este escenario genera automáticamente incertidumbre sobre si, como afirmó Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno en esta mesa, el proceso podrá cerrarse antes de finalizar 2025.

“Tenemos dificultades que se salen de las manos del Gobierno y es la alternativa jurídica. Lamentablemente no tenemos un marco jurídico que cobije este proceso. Estamos con la justicia ordinaria y con la justicia propia de las comunidades indígenas, pero también tenemos listo un documento que puede servir para trazar el camino, pero no es suficiente para ese tránsito de Comuneros hacia la vida civil. Esto nos ha ralentizado”, señaló Erazo.

Otro reto que se avecina es la entrada en vigor del cese del fuego que ambas partes ya acordaron y que tendrá una duración inicial de 180 días. El acuerdo se firmó en diciembre del año pasado y estará acompañado de un mecanismo de monitoreo y verificación que funcionará en los municipios de influencia del grupo armado. Si bien en el pronunciamiento indican que se establecieron una serie de protocolos para su funcionamiento, estos aún no se dan a conocer.

Aunque inicialmente se planteó que esta tregua se aplicara paralelamente con la concentración de los integrantes del grupo en zonas de ubicación temporal, el sábado, Erazo le preguntó al presidente Petro si el cese del fuego podría comenzar simultáneamente con el proceso de sustitución de cultivos.

Documentos de inteligencia militar obtenidos por este diario indican que uno de los retos de este cese del fuego será el proceso de expansión de otras estructuras armadas, fundamentalmente las ligadas a alias ‘Iván Mordisco’.

Asimismo, serán clave los acuerdos que se alcancen en términos de reclutamiento forzado. Ese mismo documento de las Fuerzas Armadas reporta un aumento de este delito en el departamento de Nariño y advierte que se podría estar fraguando la posible creación de una disidencia o de nuevas estructuras armadas ilegales en la región.

CAMILO CASTILLO

Enviado especial de EL TIEMPO a Nariño

Redacción Política