Comunidades del Atlántico se movilizan contra el nuevo peaje en Arroyo de Piedra

El Comité No al Peaje, junto a líderes sociales y habitantes del corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, Atlántico, se ha declarado en alerta máxima tras evidenciarse movimientos de tierra que podrían corresponder al inicio de las obras para la instalación de una caseta de peaje en la zona. 

Este anuncio ha generado preocupación entre la comunidad, que teme los efectos económicos y sociales que podría traer este proyecto vial.  

Humberto Currea, líder social y miembro del Comité, afirmó que no permitirán el avance de estas obras sin antes agotar todos los mecanismos de protesta pacífica. 

“Están haciendo desmonte del terreno, y esto nos parece muy preocupante”, expresó Currea, quien también rechazó categóricamente señalamientos que los acusan de incitar a la violencia. Según Currea, la lucha del Comité busca evitar que los municipios de la región central del Atlántico sean perjudicados.

“No somos enemigos del progreso y del desarrollo. Lo que queremos es que Luruaco y los municipios de esta zona del departamento no se vean afectados por este peaje”, aseguró el líder social, enfatizando que el diálogo debería primar antes de cualquier acción que afecte a la comunidad.  

Peajes en Atlántico  

El conflicto por los peajes no es nuevo en la región. A lo largo del mes de diciembre, Autopistas del Caribe ha denunciado actos de desinformación y protestas en otros puntos de recaudo, como el peaje de Sabanagrande. 

La concesión sostiene que estos actos, que incluyen el levantamiento de talanqueras y la distribución de panfletos con información falsa, no solo afectan la operatividad del proyecto, sino que también violan la Ley 850 de 2003, que regula las acciones de las veedurías ciudadanas.

Según la empresa concesionaria, los peajes son una fuente esencial para financiar obras estratégicas, como el mantenimiento de los 253 kilómetros de vías del corredor vial y proyectos clave como el Canal del Dique. Sin embargo, las comunidades afectadas señalan que las tarifas actuales afectan su economía y exigen tarifas diferenciales que alivien el impacto económico en las familias locales.

Además, Autopistas del Caribe ha programado reuniones informativas en las que se busca socializar los beneficios y avances de proyectos como el nuevo peaje en Arroyo de Piedra. La primera de estas reuniones se realizará el lunes 9 de diciembre en el salón comunal del corregimiento.  

Reacciones de la comunidad

Mientras tanto, la comunidad continúa mostrando su inconformidad. Manifestantes de municipios cercanos como Santo Tomás y Palmar de Varela han llevado a cabo marchas pacíficas para exigir soluciones. 

El pasado 6 de diciembre, en una protesta frente al peaje de Sabanagrande, los manifestantes levantaron las talanqueras como acto simbólico de rechazo. Aunque la jornada transcurrió sin altercados, dejó claro el malestar generalizado en la población.

Los pobladores también temen que el nuevo peaje en Arroyo de Piedra siga un camino similar al del peaje Papiros en la Vía al Mar, que enfrentó meses de protesta antes de que se suspendiera temporalmente su cobro para vehículos de categorías I y II. 

En este caso, la comunidad reclama que la instalación de una nueva caseta agravará la situación económica de las familias que dependen de la movilidad para sus actividades diarias.

El impacto en la región  

La instalación del peaje no solo plantea desafíos económicos, sino también sociales y de movilidad. Según los líderes comunitarios, el incremento en los costos de transporte podría limitar el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, especialmente en municipios rurales. Por su parte, la concesión asegura que medidas como las tarifas diferenciales buscan mitigar estos impactos y garantizar el desarrollo sostenible de la región.

Ante este panorama, el llamado de la comunidad es claro: detener las obras en Arroyo de Piedra hasta que se logre un consenso que equilibre las necesidades del progreso con las demandas sociales. Mientras tanto, los habitantes y líderes sociales insisten en mantener las protestas pacíficas y en defender lo que consideran un derecho colectivo: una infraestructura vial que beneficie a todos por igual.