¿Cómo llegó Ecuador a tener dos vicepresidentas?: así se gestó la polémica movida que agita el mandato de Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa parece haberlo logrado: librarse de su vicepresidenta, Verónica Abad Rojas, y no permitirle que lo reemplace durante el tiempo que legalmente debe ausentarse para su campaña electoral, con miras a seguir en el mandato presidencial en Ecuador.

Noboa es candidato presidencial en las elecciones que se desarrollarán el 9 de enero de 2025 (primera vuelta) y, según lo establece el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral, “los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”. La Constitución prevé que “en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia”.

Mediante una polémica maniobra administrativa del ministerio de Trabajo, calificada por varios juristas como una “aberración jurídica”, con fecha 8 de noviembre, Abad fue suspendida por 150 días, sin sueldo y sin seguridad, por “abandono injustificado del cargo”, a pesar de que la norma no aplica para funcionarios de elección popular. Inmediatamente, invocando la ausencia temporal, Noboa nombró a Sariha Moya, como vicepresidenta encargada.

Dominique Dávila, abogada de Abad asegura que la medida busca “evitar la sucesión presidencial” con una sanción que no está tipificada en la ley laboral. “Se la suspende en el cargo de vicepresidenta, ni siquiera en sus funciones de embajadora”, cuestionó la defensora y aseguró que se trata de una “artimaña para impedir la sucesión presidencial”, señaló a medios locales.

Es el desenlace de una guerra abierta entre el binomio presidencial que se notó desde la campaña y quedó en plena evidencia cuando asumieron el mando el 23 de noviembre de 2023 en elecciones anticipadas ante la “muerte cruzada” que ejecutó el expresidente Guillermo Lasso, Noboa y Abad fueron electos para gobernar por 18 meses y completar el periodo presidencial de cuatro años.

“Soy de derecha, una liberal clásica, creyente en Dios, la Biblia, defensora del individuo, de la familia, la vida, propiedad, gobierno limitado, libre empresa y competitividad, amo la libertad y sueño con un Ecuador de orden, de justicia, de paz y verdad, ¡uno libre, republicano y capitalista…y a mucha honra carajo!”, fue la autoidentificación que Abad, una empresaria de 49 años, nacida en Cuenca, capital de la austral provincia del Azuay.

Si hoy se sanciona con una media así a una autoridad de elección popular, mañana podría hacérselo contra el propio presidente, dejando un terrible presidente para la estabilidad y la constitucionalidad del país

En esa línea, Abad habría puesto en riesgo el triunfo del binomio con declaraciones de campaña en las que se declaró anti impuestos y recomendó evadirlos, cuestionó que el Estado pague la educación y la salud de los ciudadanos, puntualizó que las feministas se inventaron la violencia de género para ganar dinero y consideró que las mujeres en embarazo o periodo de lactancia trabajan menos y por lo tanto deberían ganar menos que un hombre. Pero los rumores van desde mal uso de fondos de campaña hasta la traición.

“El camino hacia la Presidencia de la República también tiene traiciones, muchas veces de gente que uno ni siquiera espera, que uno escoge; pero así es la vida, así es la naturaleza humana”, dijo Noboa en un corto discurso de la entrega de credenciales al binomio presidencial. Jamás se miraron, se acercaron, o se dieron la mano durante el evento.

La vicepresidenta no fue invitada por Noboa a los festejos privados del triunfo electoral que organizó Noboa y Abad le respondió con un desplante público al acudir al almuerzo oficial de asunción del mando que ofreció Noboa en el Palacio de Gobierno y prefirió almorzar en un mercado popular.

Abad, que asegura señalado que no entiende la razón de la ruptura, a dos semanas de asumir el poder fue delegada por Noboa como Comisionada de Paz en Israel “para evitar una escalada de violencia en la zona de conflicto y de ese modo, tratar de prevenir una catástrofe humanitaria”. La Constitución ecuatoriana establece que la o el vicepresidente cumplirá las funciones que le asigne el Primer Mandatario.

Daniel Noboa.

Foto:(EPA) EFE

Así, sin alternativa legal y ante la disyuntiva de cumplir la designación o renunciar, el 10 de diciembre, Abad se fue a promover la paz entre israelíes y palestinos y fijo su residencia en Tel Aviv. Sus denuncias y reclamos sobre el peligro que corría junto a su familia, fueron constantes.

En medio de la pugna, Francisco Barreiro, hijo de Abad, fue detenido por un supuesto tráfico de influencias al entregar cargos públicos a cambio de dinero. Fue internado en “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil en donde guardan prisión los líderes de organizaciones criminales, pero también están altos exfuncionarios como el exvicepresidente, Jorge Glas, el ex presidente de la Judicatura, Wilman Terán y otros exjueces y asambleístas.

Oswaldo Trujillo, abogado de Barreiro aseguró a EL TIEMPO que la detención, a más de no haber contado con sustento, hacerlo en ese centro carcelario fue utilizado como presión para que la vicepresidenta renuncie y al no lograrlo, a través de la Fiscalía, se intentó también involucrarla en la investigación.

El 8 de agosto, aduciendo razones de seguridad por la escalada de tensiones en Medio Oriente, Noboa ordenó el traslado de Abad a Turquía, donde debía presentarse el 1 de septiembre. Lo hizo, el 9 de ese mes. Esos ocho días son considerados por el ministerio de Trabajo como “abandono injustificado de trabajo” y así Noboa logró no solo el alejamiento físico sino también político de su vicepresidenta.

Abad calificó su suspensión como” ilegal, abusiva y dictatorial” y resaltó que Noboa y sus ministros han buscado inhabilitarla para que no asuma la presidencia de la República durante la campaña electoral como dispone la Constitución.

Se sacaron de la manga una sanción inexistente y fijaron la sanción de manera arbitraria en 150 días cunado ninguna norma establece esa sanción

Pero las implicaciones políticas y jurídicas de la decisión aún están por venir. Un grupo de once juristas emitió un comunicado en el que luego de su sesudo análisis jurídico manifiestan su “profunda preocupación” ante la “improcedente” suspensión de Abad y piden que se garantice la protección efectiva de sus derechos y garantías.

Otros criterios académicos califican la decisión como netamente política y aseguran que el ministerio de Trabajo constitucional o legalmente, no podía sancionar a la segunda mandataria con un sumario administrativo. “Si hoy se sanciona con una media así a una autoridad de elección popular, mañana podría hacérselo contra el propio presidente, dejando un terrible presidente para la estabilidad y la constitucionalidad del país”, advierte el experto Juan Francisco Guerrero.

El constitucionalista Stalin Raza, en análisis para EL TIEMPO, señaló que esta “aberración jurídica” y un monumento a todo lo que no se tiene que hacer jurídicamente. La medida “viola el ordenamiento ya que tanto el presidente como la vicepresidenta tienen un régimen especial de control político en la Asamblea. Agregó que la sanción impuesta no corresponde a la infracción alegada. “se sacaron de la manga una sanción inexistente y fijaron la sanción de manera arbitraria en 150 días cunado ninguna norma establece esa sanción”.

Puntualizó que, si bien la medida es apelable, los efectos de la decisión no se suspenden y cualquier resultado jurídico tardaría en resolverse más tiempo de lo establecido para la suspensión. En otras palabras, Abad no podrá regresar a su cargo hasta después de la segunda vuelta electoral, si la hubiese. “Hay una Acción de Protección (tutela) que es la única opción de dejar sin efecto la medida. Hay que esperar el pronunciamiento judicial”, indicó.

La columnista del diario La Hora, Mílica Pandzic, considera que las razones y la forma de la suspensión “son irrisorias”, siendo un intento desesperado por dar apariencia de legalidad a un capricho del Presidente: que la Vicepresidenta no asuma la Presidencia como constitucionalmente le corresponde. “Además de ser incomprensibles, todos los esfuerzos que el Presidente ha destinado en tratar de alejar a la Vicepresidenta -especialmente en un contexto en el que se necesita de un líder enfocado en solucionar los graves problemas que el país enfrenta– esta última acción refleja el poco valor que la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho parecen tener para esta administración”, escribió.

La mayoría de la Asamblea Nacional condenó la acción del Ejecutivo por considerarla "ilegal”, “inconstitucional" y que “que afecta de manera grave los principios democráticos” por lo que pidió un pronunciamiento sobre la competencia a la Corte Constitucional. El juicio político a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ya está en debate.

Maggy Ayala Samaniego - Corresponsal de EL TIEMPO - Quito