Colombia no cabe en Bogotá/ columna de opinión

Mientras en el Congreso se discute la nueva Ley de Competencias, derivada de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), lo que está en juego no es solo una redistribución de funciones entre el centro y la periferia. 

Está en juego el futuro de un país que se ha construido de espaldas a sus regiones. Y aunque desde las regiones respaldamos la necesidad de una reforma, no podemos quedarnos callados frente a un proceso que, en lugar de corregir el centralismo histórico, lo disfraza de descentralización.

Hoy, el gobierno nacional maneja el 86% del presupuesto general de la Nación, municipios y departamentos, apenas el 14%. En países desarrollados, por lo general la distribución es 50% gobierno nacional, 50% regiones. 

Aquí seguimos atrapados en un modelo colonial donde todo pasa por Bogotá, mientras en las regiones nos ahogamos con necesidades básicas insatisfechas. Quiero resaltar que el problema no es Bogotá como espacio geográfico, sino el modelo de Estado como tal, que también asfixia a Bogotá como ciudad – región. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, y el centralismo es una de las causas principales. La desigualdad no es casualidad, es sistema.

El gobierno central ni siquiera ejecuta lo que concentra. El año pasado solo ejecutó el 42% de su presupuesto general. El Ministerio del Deporte, apenas el 19%, y el Ministerio de la Igualdad, apenas el 3%, por citar algunos ejemplos. Mientras tanto, alcaldes y gobernadores hacen malabares con recursos escasos para suplir necesidades urgentes. ¿No será que ese 58% del presupuesto no ejecutado es justamente el que le falta a las regiones para cubrir sus necesidades? ¿Acaso no es esta la razón principal de la desigualdad en Colombia?

Pero en lugar de corregir esta lógica, el debate se centra en una “descentralización” mal planteada. Hablan de descentralizar la salud y la educación, pero en realidad solo quieren trasladar las nóminas a los territorios, sin autonomía real ni recursos de libre destinación. Cambiar el pagador no transforma el modelo. Los listados de profesores y médicos seguirán llegando, y los entes territoriales seguirán siendo simples tramitadores de pagos. Eso no es descentralizar. Eso es descargar problemas.

Descentralización no significa autonomía. La discusión no puede seguir gravitando alrededor del concepto de descentralización, eso es un error. El debate sesudo que se debe dar en el país es el de la autonomía, consagrada en nuestro artículo primero de la Constitución. Lo que necesita el país es que las regiones tengan poder de decisión, libertad para priorizar y capacidad real de ejecución. Queremos descentralizar el presupuesto de inversión, no solo el de funcionamiento. 

No más giros condicionados. Queremos administrar nuestros propios recursos y no seguir pidiendo permiso cada vez que queremos hacer inversión social. Queremos la libertad de poder invertir en infraestructura, saneamiento básico, vivienda, tecnología, seguridad, cultura o medio ambiente en nuestros territorios

¿Y si eliminamos entidades nacionales ineficientes como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que maneja alrededor de 10 billones de pesos anuales para la inversión social del país desde una oficina fría alejada de las realidades locales? En las regiones vivimos las necesidades de primera mano y por eso sabemos en qué invertir esos recursos para que al que menos tiene, le llegue más.

¿Y si descentralizamos el 50% del presupuesto del INVÍAS? Que la Nación se quede con las vías primarias, pero que las secundarias y terciarias sean responsabilidad directa de las regiones, municipios y departamentos. Nadie conoce mejor las necesidades viales que quienes vivimos en el territorio. Desde Bogotá no se ve ni se entiende la urgencia de una trocha que impide sacar una cosecha o llevar un niño al colegio.

Nos están vendiendo una falsa descentralización: una en la que las regiones reciben más responsabilidades, pero no más poder. Nos quieren dar el hueso —la carga de los problemas estructurales— y quedarse con la carne —los recursos de inversión y el control político. La reforma que hoy se discute dice que en 2039 llegaremos al 39% de los recursos para las regiones. ¿En serio? ¿Vamos a seguir esperando 15 años más para que nos reconozcan lo que ya debería ser nuestro?

El ordenamiento territorial debe ser una herramienta de autonomía, no un tabú. Asocapitales y la Federación de Departamentos deben ser actores protagónicos en este debate. Nadie siente más el rezago del centralismo que quienes gobiernan en las regiones. Somos un país diverso, territorial, con múltiples realidades sociales. Gobernar desde el centro como si todo fuera igual es una necedad histórica.

Queremos autonomía, no solo descentralización. Queremos que se respete el espíritu de la Constitución del 91, que nunca se ha honrado en más de 30 años. Queremos que los recursos lleguen a quienes conocen y sufren los problemas, no a burócratas de 25 millones de pesos al mes que traban los proyectos desde sus escritorios miopes, esos mismos que diseñan colegios para San Onofre, Sucre en la Costa Caribe con las condiciones térmicas de Guatavita, Cundinamarca. 

El Estado central debe achicarse para que los gobiernos territoriales crezcan. Las regiones ya no somos niños pequeños: hace rato somos mayores de edad. No estamos mendigando, estamos exigiendo administrar lo que producimos y nos pertenece. Colombia no puede seguir siendo el país de las reformas aplazadas, los cambios a medias y los discursos vacíos. Esta debe ser una conversación nacional. Y solo será nacional si se hace desde las regiones.

Pablo Jaramillo Arango

C. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos