Casi 40.000 empleos directos se generan en los peajes que tienen dificultades en orden público: CCI

De acuerdo con un estudio del Centro independiente de investigación económica y social Fedesarrollo  hecho por Juan Benavides, Germán Lleras y Armando Montenegro, el avance del sector de la infraestructura, al menos de los últimos 25 años en el país se ha dado gracias a la inversión privada, y  al esquema de alianzas público-privadas, lo que lleva a defender ese modelo para el desarrollo del país.

El estudio hecho por  solicitud de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), reúne todos los aportes del modelo de concesión, o Alianza Público Privada (APP), en el desarrollo de infraestructura en Colombia.

Además, según cifras de la CCI, el impacto social que se genera alrededor de los peajes que hoy presentan dificultades en materia de orden público incluye casi 40.000 empleos.

En la malla Vial del Meta que incluye los peajes, La Libertad (Villavicencio), Ocoa (Acacías) e Iracá (Granada), las cifras detallan 3.929 empleos totales, 3.477 indirectos, 19 programas ambientales  y una población impactada con los programas sociales de  68.363 personas.

En el caso de Villavicencio-Yopal, en el peaje de Puente Amarillo, son  26.108 empleos totales, 25.051 indirectos, 28 programas ambientales y una inversión en estos de 2.458.976.377 pesos. En el caso de la inversión en programas sociales son  1'576.752 pesos y una población impactada con los programas sociales de 12.932 personas.

En Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, en el peaje Papiros, los empleos totales son 9.671, indirectos 8.574, una inversión en programas ambientales de 11.334.736 para 26 iniciativas relacionadas, mientras que la inversión en programas sociales es de   3'712.000.000 y 9.625 personas impactadas con los programas sociales en 7 unidades productivas.

De acuerdo con el estudio de Fedesarrollo, las  público-privadas han entregado al sector más de 140 billones desde 2012 hasta 2024  y han contribuido con la construcción de cerca de 3.000 kilómetros de nuevas carreteras entre 1900 hasta 2023.

Además el  72 porciento de estas vías son por doble calzada y se han construido 72 túneles y casi 1.200 puentes. 

Además, estas inversiones en obras civiles y en servicios de transporte terrestre tiene un efecto multiplicador amplio sobre el PIB, la creación de empleo directo e indirecto, y el recaudo de impuestos. 

"Cada peso invertido en obras civiles se traduce en un aumento de de 2,25 pesos en la producción nacional, 2,46 pesos en salarios y 4,90 pesos en impuestos. Por otro lado, los multiplicadores para el sector de servicios de transporte terrestres son 2,20 en PIB, 2,53 en salarios y 7,91 en impuestos. Este esfuerzo no hubiese sido posible en la medida que fuera exigido a los contribuyentes en el pago de peajes", señaló Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

Para Lleras, el Estado logró este avance gracias a la forma de pago, mediante el esquema que lograron financiamientos para estas obras.

En los puntos a mejorar, el estudio apunta que se debe mantener reglas claras que garanticen la sostenibilidad del modelo y la expansión de la infraestructura del país. 

"De no mantenerse las reglas de juego claras, el acceso al crédito será más costoso, la calificación de riesgo-país empeorará y el clima de inversiones negativo alejará inversiones hacia otras geografías. Lejos de debilitarse, el modelo APP en transporte debe mejorarse, consolidarse y extenderse a otros sectores para que el país continúe con la atracción de inversiones privadas que financien los bienes públicos de calidad que necesita el desarrollo del país”, dice el reporte.

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