Carlos Ramón González renunció a la Alianza Verde tras la imputación de la Fiscalía por el saqueo a la UNGRD

Tras la imputación de la Fiscalía al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González, por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), se conoció que el exfuncionario renunció al Partido Alianza Verde. 

La información fue confirmado por su apoderado el abogado penalista Iván Cancino, quien dijo: "Puedo confirmar para alejar dudas frente a este tema que Carlos Ramón González. Efectivamente presentó carta de renuncia al partido Verde".

La expulsión que pedían desde la bancada de la Alianza Verde

Luego de que se conociera que el equipo de fiscales que lidera la investigación del entramado de corrupción de la UNGRD citara a imputación al exdirector del Dapre, el representante a la Cámara Cristian Avendaño, miembro de la Alianza Verde, solicitó la expulsión de González de dicha colectividad.

“Hemos solicitado la expulsión del señor Carlos Ramón González del partido Alianza Verde. No puede ser que un partido que enarbolaba la bandera de la lucha anticorrupción ahora se vea enlodado por el caso de corrupción más grande que ha tenido este gobierno”, señaló el congresista en un video publicado en sus redes sociales.

Esta solicitud se dio porque el día antes, 13 de mayo, desde la colectividad anunciaron la suspensión de la exconsejera para al regiones Sandra Ortiz y del senador Iván Name, ambos también investigados y vinculados dentro del escándalo de corrupción.

“En el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los militantes Iván Name Vásquez y Sandra Ortiz Nova han sido suspendidos de manera inmediata en el ejercicio de sus derechos estatutarios como integrantes de esta colectividad”, se lee en el comunicado de la bancada.

También, añaden que, desde el 3 de mayo de 2024, Name y Ortiz fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético del partido, con el propósito de determinar el grado de responsabilidad frente a los hechos denunciados y establecer las sanciones correspondientes.