Pareja de inmigrantes recibirá indemnización de US$80.000 por esta polémica situación con ICE

Con la defensa de una organización nacional latina de derechos civiles y legales frente a la justicia estadounidense, una pareja de inmigrantes recibirá más de US$80.000 en daños debido a que los propietarios de un inmueble que alquilaban los amenazaron con llamar al Servicio de Ciudadanía y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), violando una ley de Illinois sancionada en 2019.

El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educativo, mejor conocido como MALDEF, aseguró que es el primer caso que llega a una sentencia a partir de la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de Illinois de 2019. El caso sienta un precedente importante para los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para aquellos que residen en ciudades o estados santuario.

La ley que rige en el estado de Illinois prohíbe a los propietarios discriminar o acosar a los inquilinos en función de su estatus migratorio real o percibido, así como también prohíbe denunciar o amenazar con denunciar a un inquilino ante el ICE con fines de intimidación o represalia. Asimismo, la legislación impide a los propietarios desalojar a los inquilinos únicamente por su estatus migratorio.

La sentencia que favoreció a la pareja inmigrante

La demanda fue presentada por la pareja compuesta por Maltos Escutia y Valdez García en 2022 contra los propietarios Marco Antonio Contreras y Denise Contreras, quienes deberán pagar daños y perjuicios, honorarios de abogados y costos por violar la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes tras la sentencia de la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Catherine A. Schneider.

El documento judicial indica que "los acusados amenazaron injustamente con denunciar a los demandantes ante el ICE con la intención de acosarlos, intimidarlos e inducirlos a pagar el alquiler y entregar la posesión de las instalaciones".

En un comunicado oficial, MALDEF, Maltos Escutia y Valdez García se pronunciaron al respecto. "Decidimos no quedarnos en silencio porque nuestros propietarios nos amenazaron con llamar a inmigración y no creemos que nadie tenga derecho a amenazarnos", remarcaron.