Campaña de Gustavo Petro, bajo investigación del CNE: el ruido político y la realidad jurídica

La decisión de iniciar una investigación formal y elevar pliego de cargos administrativos contra los más altos responsables de la campaña Petro Presidente del 2022, incluido el actual jefe de Estado en su condición de candidato, puso al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el ojo de una tormenta político-jurídica cuyos alcances están aún lejos de poder determinarse con certeza.

El proceso en el CNE apenas empieza –por lo que no puede descartarse una decisión en favor de la campaña– y en el arsenal de los abogados de la defensa hay una serie de recursos previstos en la ley para oponerse no solo a las eventuales conclusiones del organismo, sino a la misma marcha del proceso investigativo.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro lo calificó como el “inicio del golpe de Estado” en su contra –la figura del ‘golpe blando’ entró en su discurso de manera recurrente desde hace un año largo– y ya el viernes salieron a las calles las primeras marchas convocadas por el Gobierno para defenderlo de la supuesta intentona en su contra. Incluso, la versión del jefe de Estado frente a la supuesta ilegitimidad de la investigación del CNE fue recogida por varios de sus pares de izquierda en la región, y el régimen de Nicolás Maduro empieza a capitalizarla para tratar de desinflar la tímida presión de Bogotá para que haga públicas las actas electorales de los comicios del 28 de julio en Venezuela, cuyos resultados siguen manchados por la sombra del fraude.

En el plano interno, el acuerdo nacional, cuyo texto definitivo había sido presentado hace apenas una semana por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, vuelve a quedar en cuidados intensivos. Mucho más después de los crípticos mensajes enviados por el propio Presidente y algunos de los más connotados representantes del petrismo purasangre, como el ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre “tomarse el poder” y la polémica abierta por el mandatario cuando sugirió, en un acto con magistrados a bordo, que la elección popular de jueces que se aprobó en México no podía descartarse de plano.

Debate jurídico

El hecho concreto es que el CNE tomó finalmente una decisión frente a los indicios de posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente y hay recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han ratificado la facultad del tribunal conformado por las principales fuerzas políticas para adelantar esa investigación.

También es una realidad indiscutible que el fuero presidencial protege al primer mandatario en ejercicio, para que solo pueda ser el Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusación de la Cámara, el que pueda adelantar cualquier investigación de fondo y decidir sobre una eventual responsabilidad puntual y específica de Gustavo Petro por las cuentas de su campaña del 2022.

Si las dos realidades jurídicas están tan claras, ¿qué explica la dura reacción del Presidente y su gobierno? La mención del nombre del jefe de Estado en la apertura de la investigación y el pliego de cargos es el florero de Llorente. Para muchos juristas, el camino que debió tomarse fue el de notificar la decisión contra el gerente de la campaña, Ricardo Roa, y los otros tres responsables de la transparencia de las cuentas, y, si al final hay una decisión de sanción contra la empresa política, remitir entonces a la Comisión de Acusación de la Cámara para todos los efectos relacionados con el Presidente de la República.

Pero de la existencia de una decisión que apenas marca el inicio de un largo proceso y que puede ser atacada por múltiples vías legales, incluida una acción de tutela que ya está en curso ante el Consejo de Estado, a descalificar al CNE como una entidad “por fuera de la ley” y denunciar un supuesto golpe de Estado hay mucho trecho. También, señalan los analistas, es una estrategia política que puede terminar minando la institucionalidad del país.

La polémica frente a la jurisdicción del tribunal electoral se inició en abril, cuando se conoció que los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) pedirían la imputación por un exceso de gastos que habría superado los 5.300 millones de pesos entre primera y segunda vuelta.

La defensa presidencial, liderada por Héctor Carvajal, ha insistido en que la Constitución es clara en que el fuero del jefe de Estado es integral, por lo que la única instancia que podría conocer una investigación en su contra, penal o administrativa, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Carvajal asegura también que el proceso es extemporáneo y que supuestamente no se inició en los 30 días que da la ley desde las elecciones para que el CNE dé ese paso.

El 6 de agosto pasado, la Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió un conflicto de competencias y dejó en firme los dientes del CNE frente a las campañas presidenciales. Así, determinó que “el fuero especial del presidente de la República, conforme a lo previsto en los artículos 174, 175 y 178 Constitucional, se predica de las investigaciones penales y disciplinarias, sin que se pueda hacer extensivo a las investigaciones administrativas por presunta violación al régimen de financiación de campañas electorales que dan lugar a sanciones de tipo administrativo de competencia del Consejo Nacional Electoral”. De esta forma, se dio vía libre a ese tribunal para proseguir.

Y así lo hizo el martes, tras varias semanas de aplazamientos y con la presión del presidente Petro, quien también ha hablado del supuesto “golpe de las corbatas”. Finalmente, la Sala Plena del tribunal electoral determinó con una votación de 7-2 que se debía abrir una investigación formal contra Gustavo Petro –como candidato–; el gerente de la campaña, Ricardo Roa –actual presidente de Ecopetrol–; los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus; y la tesorera Lucy Aydee Mogollón. La imputación de esta última fue consensuada por la Sala Plena, ya que no estaba en la ponencia original.

Para proceder con la imputación, la mayoría de los miembros del CNE, elegidos por el Congreso cuando el presidente Petro tenía su poderosa coalición al inicio de su gobierno, determinaron que hay indicios de que en la primera vuelta se habría superado el límite de gastos por poco más de 3.700 millones de pesos y, en segunda, en unos 1.600 millones de pesos. Por eso se decidió abrir el proceso formal, en el que la campaña tendrá la oportunidad de rebatir los cargos antes de una decisión de fondo. Comienza un extenso proceso que podría prolongarse en todas sus fases, al menos, hasta el 29 de junio del próximo año, fecha límite para tomar una decisión en primera instancia sin que aplique la caducidad de tres años de los procesos administrativos.

Esos tiempos serán aún más largos si el CNE procede a sancionar administrativamente y remite al Congreso para el inicio de un proceso contra el Presidente de la República. Hay que anotar que ya hay, por los mismos señalamientos, una investigación en curso en la Comisión de Acusación en contra del presidente Petro.

En esa comisión y en la plenaria de la Cámara, que debe aprobar o improbar un eventual informe, el Gobierno tiene las mayorías. Por eso, los que conocen los ritmos y tiempos del Congreso anticipan que primero se llegaría al 7 de agosto de 2026, es decir, al cambio de mandato presidencial, que a un pronunciamiento de fondo del poder Legislativo.

El ruido político

A pesar de que los tiempos para una decisión administrativa o de juicio político se ven lejanos y hasta poco probables, desde el mismo momento que se emitió la decisión, el primer mandatario ondeó la bandera del ‘golpe de Estado’. “Ha comenzado el golpe de Estado”, trinó de inmediato, y posteriormente ahondó en su tesis en una alocución, en la que pidió reuniones con el cuerpo diplomático en Colombia, convocó a las organizaciones sociales que se declaren en asamblea permanente, llamó a las calles y entró en directa confrontación con los magistrados del CNE.

“Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos”, dijo en el mensaje televisivo.

Desde entonces ha venido desarrollando una estrategia a cuatro bandos: buscó una validación internacional que tuvo un éxito rápido con los pronunciamientos de solidaridad expresados por los presidentes de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y México (Claudia Sheinbaum); hizo un llamado a las calles para marchar, cuyo inicio estaba programado desde el pasado viernes, pero esta no tuvo mayor eco y fue suspendida por sus promotores; activó la vía jurídica con una tutela en contra de la decisión del CNE, y también procedió a atacar la idoneidad moral de miembros del tribunal electoral como su presidente, César Lorduy, y los magistrados Hernán Prada y Maritza Martínez.

El Presidente y sus fuerzas aprovechan la mala imagen del tribunal electoral para cuestionar su legitimidad y aseguran que sus decisiones no son jurídicas sino políticas. Paradójicamente, son señalamientos que, a la luz de su historia, ha recibido una y otra vez la Comisión de Acusaciones.

“El Gobierno, y en especial el Presidente necesitan de un enemigo visible que les permita, como sucedió en la Alcaldía, apelar a la indignación popular y movilizar, para así empedrar sus listas al Congreso y darle impulso a quien se escoja para ser el candidato de Petro en el 2026”, dice el analista Gonzalo Araújo.

¿Y el acuerdo?

Las declaraciones del jefe de Estado impactan directamente el llamado gran acuerdo nacional. A menos de una semana desde que el ministro Cristo reveló los cinco puntos fundamentales de su propuesta, al menos dos de los postulados quedan en pausa por la forma en la que está ejerciendo el Presidente su defensa.

Varios sectores políticos consideran la respuesta presidencial como un mensaje contrario a lo que ha tratado de consolidar el Mininterior, con su llamado a partidos, sectores económicos y otros de respetar la institucionalidad y de bajar el tono de la disputa política. Incluso reiteraron que desde el Ejecutivo se estaría maneando un doble discurso: por un lado, la invitación a un acuerdo por parte del responsable de la política y, por el otro, el del primer mandatario y su estrategia confrontacional.

Se trata de una incongruencia en la que enfatizó el Partido Conservador. “Resulta contradictorio que el Gobierno Nacional busque convocar un gran acuerdo nacional cuando al mismo tiempo desacredita y descalifica las actuaciones del Consejo Nacional Electoral con ataques personales a sus magistrados y no con argumentos jurídicos”, apuntó Nadia Blel, presidenta del directorio conservador.

Los partidos de oposición tuvieron un tono aún más duro y también llamaron la atención sobre la supuesta contradicción evidenciada en el pronunciamiento del presidente Petro en respuesta del CNE. En la réplica a la alocución en la que el mandatario llamó a la movilización ciudadana, Cambio Radical, a través del senador Carlos Fernando Motoa, aseveró que el único golpe a la institucionalidad lo estaba haciendo la propia cabeza del Ejecutivo cuando decía que “el Congreso quiere reemplazarlo por el presidente del Senado o cuando sugiere que los jueces de la República deben ser escogidos por voto popular”.

Por ahora, “erradicar la estigmatización y respetar la diferencia y el disenso” –propuestas que aparecen en el acuerdo– no parecen estar en la lista de prioridades de influyentes sectores del Ejecutivo. Por eso no son pocos los que anticipan que la idea del ministro Cristo no llegará a buen puerto. El exministro de Hacienda Rudolf Hommes sostuvo en un trino que el mensaje presidencial choca directamente con la propuesta de Cristo. “Hasta aquí llega la vida útil del acuerdo nacional para buscar compromisos dentro del marco establecido por la constitución vigente”, dijo Hommes.

El mininterior cree, en todo caso, que hay espacio para la conciliación. “Hoy más que nunca debemos insistir en el acuerdo nacional que, entre otros temas, coincida con el acuerdo institucional. (…) Es clave construir sobre el respeto a la Constitución 1991 y seguir construyendo consensos para todos los frentes de trabajo que el país reclama”, manifestó. Y el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que estuvo en el Ejecutivo hasta mediados de 2023, suscribió esta tesis al decir que “en vez de denunciar un golpe de Estado, que no existe, el Gobierno debe promover activamente la propuesta de acuerdo nacional que presentó su ministro del Interior, contribuyendo así a moderar la polarización política”.

Por ahora, no es claro el impacto que esto pueda tener en el trámite de las reformas sociales del Gobierno. De hecho, el martes, mientras el CNE acogía la ponencia de Prada y Ortiz, la Cámara de Representantes avanzaba en la discusión de la reforma laboral. El trámite no se frenó el miércoles y se espera que la siguiente semana concluya el segundo de cuatro debates. Ninguno de los escándalos que se han dado en el seno del Gobierno Nacional han provocado una parálisis legislativa.

Mientras tanto, cuando ya se vendría un nuevo pulso de movilizaciones, voces como el senador Humberto de la Calle hacen un llamado a la calma: “¡A serenarse todo el mundo! Es unánime que el CNE no puede tumbar al Presidente. Este órgano está habilitado para investigar todas las campañas. Todo eso está resuelto. Lo no resuelto es: ¿investigar la campaña es investigar al Presidente? Cuando baje la marea veremos que la propia ley decidió establecer una solidaridad de responsabilidad entre el candidato y los directivos de la campaña”.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Periodista de Política