'Biden le dejó un regalo envenenado a Colombia con lo del TLC': José Manuel Restrepo

En entrevista con María Isabel Rueda, el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, habla sobre el cambio, a última hora, que hicieron el saliente gobierno de Joe Biden y el del presidente Gustavo Petro en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La discusión se centra en si fue una modificación interpretativa o sustancial, lo que podría dejar a Colombia expuesta a demandas judiciales y afectar la confianza de inversionistas.  

¿A usted no le ha parecido un poco extraña la noticia de que a pocos días de la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, y sin que siquiera supiera el Congreso de los Estados Unidos ni la Cámara de Comercio Colombo Americana, hubo cambios por debajo de cuerda en el TLC firmado ente los dos países?

No solamente extraña, sino preocupante y peligrosa. Queda Colombia en la mitad de un debate político que se está dando en el interior de Estados Unidos, lo cual no es una buena estrategia. Para nosotros, el primer socio comercial y de inversión de Colombia son los Estados Unidos, que hoy nos representa recursos muy importantes: cerca de un comercio de 40.000 millones de dólares; 5.500 millones de dólares al año de inversión; más de 1’000.000 de turistas norteamericanos que vienen al país. Y está la carta firmada por 24 congresistas, 14 republicanos, 10 demócratas, en la que se quejan sobre falta de transparencia en el proceso y señalan que esto fue una decisión de última hora, casi que de salida, que afectaría los intereses de la inversión americana.

La muy pila directora de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, sostiene que esta no fue simplemente una decisión interpretativa, sino que el TLC con EE. UU. sufrió modificaciones sustanciales...

Ahí hay una preocupación que no es menor, sino de fondo por el acuerdo mismo.

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Analistas, que lo incluyen a usted, ponen el punto en la llaga: esto tiene unos motivos ideológicos, que arrancan con que a este gobierno de Petro no le gusta dirimir sus conflictos comerciales en tribunales internacionales, porque piensa que son manejados por las corporaciones, y que todo podría hacerlo la justicia interna. ¿Pero no hay unas condiciones ya pactadas donde los tribunales internacionales cumplen un papel de confianza y, de hecho, tan no están comprados por las corporaciones que Colombia ha ganado muchos de esos arbitramentos?

Yo digo de entrada que en el mundo sí existe una preocupación por los acuerdos de protección de inversión, en el sentido de que no debería haber ambigüedades en las cláusulas de los acuerdos de libre comercio; de que debería haber equilibrios justos entre el Estado y el inversionista, y que por lo tanto debería haber cero incertidumbres de interpretaciones en estos acuerdos.

¿Significa eso que usted está de acuerdo con que haya una ola revisionista de TLC firmados por Colombia con muchos países, para revisar si las condiciones, desde el momento en que fueron firmados, han cambiado y se justifican cambios de ciertas cosas?

Lo que he señalado es que por lo menos en los capítulos de inversión, y esa ha sido una posición de Colombia, entre otras, además de tiempo atrás, hay una preocupación por ciertas ambigüedades en los textos de estos TLC, especialmente en el capítulo de inversión, y garantizar equilibrios justos entre Estado e inversionistas.

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¿Y en el caso de EE. UU.?

Se trata del capítulo 10. Pero acuérdese que los acuerdos de inversión tienen dos formas, o dos tipologías. Una es que son un capítulo dentro del TLC y la otra son los acuerdos de protección de inversiones, dos figuras distintas. Cuando se incluye ese capítulo en el TLC, que es el caso de los Estados Unidos, se logra una mayor profundidad. Y cuando no se hace dentro del TLC, lo que se firman son acuerdos de protección de inversión, que son menos profundos, pero tienen el mismo propósito. 

Entonces, en el caso colombiano ha habido una discusión sobre este tema, de tiempo atrás, en donde se ha involucrado a nuestra Corte Constitucional; ella se ha pronunciado sobre los Apri (acuerdos de protección de inversión), por ejemplo, con Francia, España e Israel.

Incluso, el caso de España llevó a que el gobierno anterior firmase una modificación al acuerdo de protección de inversiones con ese país, porque existían unas preocupaciones de equilibrios entre el Estado y los inversionistas, y porque existía una preocupación por ciertas ambigüedades en el clausulado de esos acuerdos de protección de inversión. 

En Francia, la Corte se pronunció también y señaló en su sentencia que debían revisarse algunas cláusulas, por esos desequilibrios que se generaban a favor de inversionistas extranjeros. En el caso de Israel, motivó a que se hicieran ajustes al acuerdo de libre comercio que se firmó con dicho país en su momento. 

Pero diciendo eso, donde reconozco que se necesitan algunos ajustes a esos acuerdos de protección de inversión, en lo que no estoy de acuerdo es en descartar el modelo de arbitraje internacional para dirimir las diferencias y que sea exclusivamente el sistema judicial interno, en este caso colombiano, el que tome esas decisiones.

¿Por qué no está de acuerdo con eso?

No estoy de acuerdo con eso porque claramente siento que no generaría un buen clima de inversión. Desconoce las reglas de juego de la inversión internacional y porque de alguna manera eso iría en contravía de lo que esperan hoy los inversionistas internacionales, porque estos tribunales, a través del Ciadi, envían un mensaje de tranquilidad a los inversionistas internacionales.

Si bien hay que ser cuidadoso con los equilibrios en estos acuerdos de protección de inversión y en los capítulos de inversión de los acuerdos de libre comercio, creo también que si la razón que se está poniendo de presente es que hay que acabar con los modelos de dirimir diferencias a través de tribunales de esta naturaleza internacional, y poner en lugar de eso a actuar al sistema judicial interno colombiano, es equivocado.

¿Porque envía un mensaje incorrecto a los inversionistas?

Sí. Pero además creo que, en la práctica, ninguna nota aclarativa podría de manera alguna modificar eso, porque significaría prácticamente cambiar el acuerdo de libre comercio firmado entre Colombia y los Estados Unidos.

Por un acuerdo que fue gestionado bajo cuerdas entre los dos gobiernos...

Y en este caso, Colombia no solamente se mete en la mitad de una discusión de los Estados Unidos, sino que simultáneamente se está imponiendo una discusión ideológica del progresismo internacional, que le tiene, efectivamente, desafecto al uso de estos tribunales internacionales. Seguramente lo tiene por una serie de decisiones que se han venido tomando en nuestros países, que afectan los intereses de los inversionistas, especialmente en sectores relacionados con la exploración de gas y de petróleo, en el sector minero y en general en sectores de energía relacionados con el tema medioambiental.

¿Entonces, qué es lo que no considera conveniente?

Que Colombia termine por esa vía cayendo en un escenario que no es el conveniente, en el que terminemos simplemente facilitando que nuestro gobierno termine tomando decisiones en contravía del inversionista internacional por la vía de una nota interpretativa, que claramente va más allá del texto del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

¿Por qué cree que los gobiernos de Biden y de Petro se pusieron de acuerdo como tan rápido y tan a última hora para hacer ese cambio?

El Gobierno colombiano viene, si mal no recuerdo, desde el 2023 en esta discusión. Pero el hecho de que se haya acelerado la firma de la modificación no fue necesariamente por el Gobierno colombiano. Era el saliente gobierno norteamericano el que quería acelerar este ajuste en la nota interpretativa. Claramente estaba interesado en este tema y no solamente lo está con Colombia, sino con México y Canadá, y por eso ha generado una preocupación en los congresistas internacionales.

En el fondo, lo que estuvo detrás aquí fue una especie de regalo de despedida, digo yo envenenado, del presidente Biden a gobiernos cercanos ideológicamente. Eso incluye a México, Colombia y Canadá. Estos países están tomando una serie de decisiones ideológicas, como por ejemplo no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, prohibir la exploración de gas y de petróleo no convencional, avanzar en restringir actividades mineras, todo con un énfasis ambiental muy fundamentalista. Y entonces ven temores de que a través de estos tribunales justamente se les genere conflicto a estos países. 

Para evitarse ese problema efectivamente están buscando ajustes a estos capítulos de inversión. Claramente sí hay un interés de una parte de la bancada demócrata por este tema, que presionó al presidente Biden y que constituye el legado de la ministra Tai de Comercio. Eso me acarrea un temor grande y es que a la llegada del presidente Trump habrá mucha discusión sobre esta decisión, porque él puede echar para atrás esto, o puede demandar estas decisiones, porque irían más allá, en el caso colombiano, de una simple modificación interpretativa del texto del acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos.

¿Cree que esta modificación firmada entre los gobiernos de Biden y de Petro nos deja deteriorada la relación con el próximo gobierno de EE. UU.?

E innecesariamente. Por eso digo un regalo de despedida envenenado. Entre otras porque quien modificó el acuerdo de libre comercio con México, para propiciar ajustes incluso en ese capítulo de inversiones, fue el propio presidente Trump.

Y a él no es que le priven los TLC en general...

No le gustan. Mis recomendaciones eran: Gobierno colombiano, siga en la discusión de la nota interpretativa, vincule al sector privado a la conversación, pero no lo haga a la carrera, sino en el marco ya del nuevo gobierno, donde incluso puede haber algún interés de avanzar en este tipo de ajustes porque, repito, es a nivel internacional que hay preocupación por los equilibrios y por las ambigüedades de las cláusulas de inversión. 

Haberlo hecho seis días antes de la posesión de Trump no fue conveniente porque no avanza en preservar y proteger a los inversionistas y parecemos patrocinando poco estratégicamente el legado ideológico de la ministra Tai. No fue oportuno, en medio de una transición de gobierno. Y es peligroso desde el punto de vista jurídico, porque corre el riesgo de que alguien demande esa modificación. Ni siquiera es viable a corto plazo, porque dentro de estos acuerdos que se tienen con modelos tipo existen las Sunset Clauses, que protegen por 10 años a los inversionistas, en el sentido de que durante ese plazo no se pueden cambiar, de buenas a primeras, estos instrumentos y mecanismos.

Y para rematar, doctor Restrepo, la pérdida de la confianza inversionista, porque si los TLC se pueden cambiar así como así, con acuerdos ‘interpretativos’ de gobierno a gobierno, saltándose a todos los demás interlocutores, quién va a volver a invertir con confianza…

Absolutamente de acuerdo. Esta decisión no se ve con transparencia por parte del sector público ni del sector privado norteamericano, lo que podría llevar a un deterioro o a una afectación de los intereses americanos de inversión. Y parece más irracional en momentos en que la inversión extranjera directa en Colombia está cayendo, 17 % en 2024. Pero la norteamericana crece. Es decir, estamos enviando un mensaje equivocado a una nación que sigue aumentando su inversión en Colombia, a pesar de que la totalidad cayó en el último año.

¿Dónde queda entonces el interés de recuperar la dinámica de la inversión para motivar la reactivación económica colombiana? Y, finalmente, en un momento en que podríamos aprovechar el interés del nuevo gobierno americano en el llamado nearshoring o friendshoring, podríamos perder esa oportunidad con esta decisión.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO