Ayotzinapa: 10 años del crimen no resuelto de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos, lejos de conocerse la verdad y sin responsables condenados

Las familias de los 43 estudiantes mexicanos de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014, salieron a la calle este jueves para exigir la verdad en el décimo aniversario de un crimen que conmocionó a ese país y que sigue sin ser resuelto.

"Diez años de sufrimiento, diez años de dolor, de no tener a tu hijo. No es fácil. Aquí andamos, gritando, para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueve el corazón", dijo en la mañana una de las madres, en un auditorio a rebosar en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El caso, una de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas en un país asolado por la violencia, se ha convertido en emblema de las desapariciones forzadas en México, donde se cuentan más de 100.000 víctimas.

Pero este fue un caso particular. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Guerreros Unidos -un grupo criminal escindido de la Organización Beltrán Leyva que se dedica a la extorsión, el secuestro y el tráfico de heroína a Estados Unidos, según Insight Crime- junto con la policía mexicana, y respaldados por una corrupta red de instituciones locales, estatales y federales, secuestraron a 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, una localidad en el estado de Guerrero.

Diez años de sufrimiento, diez años de dolor, de no tener a tu hijo. No es fácil. Aquí andamos, gritando, para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueve el corazón.

Los jóvenes fueron atacados a balazos cuando intentaban trasladarse en cinco buses desde la ciudad de Iguala hacia la capital del país para la conmemoración de otra masacre estudiantil, la del 2 de octubre 1968 en la plaza de Tlatelolco.

Miles de personas, entre familiares, estudiantes y otros manifestantes, marcharon este jueves por Ciudad de México y varios puntos del país al grito de "¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!", días antes de que Claudia Sheinbaum preste juramento como la primera mujer presidenta de México el 1º. de octubre.

Después de una década, y de dos Gobiernos que han revisado con muy pocos avances el caso —el de Enrique Peña Nieto, y el del saliente Andrés Manuel López Obrador— la atención se ha centrado en encontrar los restos de los jóvenes, así como en conocer la verdad sobre los responsables, pues a la fecha lo único que se ha recuperado de los 43 desaparecidos han sido tres trozos de huesos de tres de ellos y ninguno de los señalados ha sido condenado.

"Una década después, aún estamos lejos de conocer la verdad y el paradero de los estudiantes", advirtió Vidulfo Rosales, abogado de las familias.

Rosales afirmó que, en una reunión previa, Sheinbaum "ofreció que va a haber un diálogo y que se va a construir una nueva metodología, una nueva ruta, entonces creemos importante esperar eso: que ella tenga ya las riendas de la administración del Gobierno y podamos sentarnos y diseñar esa nueva ruta".

Rosales aclaró que su esperanza nace de la falta de alternativas, pues no hay hoy en día ninguna vía legal ni institucional en México que no pase por la colaboración con las administraciones para conseguir esclarecer los hechos.

Las familias de los 43 estudiantes le reclaman López Obrador, estrecho aliado de Sheinbaum, por no haber localizado a los demás desaparecidos. "Creemos que este presidente nos mintió. Este presidente nos engañó", dijo María Elena Guerrero, madre de una de las víctimas, en uno de los actos de conmemoración del sombrío aniversario.

Por su parte, Hilda Hernández, cuyo hijo también desapareció, dijo que las autoridades están "tratando de desgastar a los padres" y esperando que olviden. "Pero a pesar de todos los intentos de dividir y desacreditar, sin descanso ni tregua los padres siguen exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas", afirmó.

López Obrador defiende su gestión, pero las familias denuncian pocos avances

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que hizo "todo" lo posible en el caso y expresó su solidaridad con los padres y madres de los jóvenes que siguen exigiendo justicia.

"Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió", afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

En una carta enviada a los familiares esta semana, López Obrador destacó el procesamiento de 151 personas por el caso, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares.

"No existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes", dijo el presidente saliente este miércoles, y agregó que los comandantes militares habían cooperado en la investigación.

Quienes han liderado la investigación del caso, sin embargo, creen que los jóvenes fueron secuestrados por Guerreros Unidos con la ayuda de la policía local, aunque no está claro exactamente qué sucedió después.

La llamada "verdad histórica" -como se le conoce a una versión del caso presentada en 2015 por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto- fue ampliamente desacreditada, en particular la teoría de que los restos fueron incinerados en un vertedero de basura.

En 2022, una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de López Obrador calificó el caso como un "crimen de Estado" y dijo que policías, militares y funcionarios del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto compartían la responsabilidad, directamente o por negligencia.

Esa comisión estableció que el Ejército estaba al tanto de lo que sucedía y tenía información en tiempo real sobre el secuestro y la desaparición. Además, presentó la hipótesis de que los miembros de Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes porque, sin saberlo, habían tomado un autobús con drogas escondidas en su interior.

Y si bien en 2018 la llegada al poder de López Obrador trajo grandes esperanzas a los familiares de los desaparecidos tras prometer en campaña que resolvería el caso, con el paso de los años se fue diluyendo a medida que las investigaciones apuntaban a sectores del Ejército.

"Cuando la investigación toca al Ejército mexicano (...) creemos que hay un manotazo del Ejército y una presión ejercida contra este poder ejecutivo, concretamente contra el presidente, que termina por sucumbir ante esta presión y empieza una confrontación con los padres de familia", afirmó el abogado Vidulfo Rosales, quien detalló el deterioro en las reuniones que los familiares y él mismo mantuvieron con el mandatario mexicano saliente.

Según Rosales, con el paso del tiempo, López Obrador achacó el deterioro de las investigaciones a "un complot" de organizaciones conservadoras, de organizaciones de derechos humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El abogado lamenta también la estrategia final del presidente mexicano de intentar dividir al movimiento de los padres, de querer dar una "impresión de factura" en su lucha y así debilitar las protestas, lo que no consiguió.

Sin verdad ni justicia, ¿qué viene ahora?

La normal rural de Ayotzinapa es una institución gratuita, la única opción para muchos jóvenes provenientes de familias pobres, mucha de ellas campesinas, que viven en la región circundante. A sus alumnos se les instruye desde el principio en los ideales socialistas y de lucha contra el Estado. Hoy conviven allí bajo estrictas medidas de seguridad en la entrada y salida del recinto.

Una decáda después el sentir entre las familias de los desaparecidos es una mezcla entre ira y frustración. "Para muchos de nosotros, estos 10 años representan impunidad, injusticia y falta de compromiso, seriedad y avances significativos en esta investigación", cuenta Melitón Ortega, tío de uno de los estudiantes desaparecidos.

Manuel Vázquez, sobreviviente de los hechos de septiembre de 2014 y hoy diputado del partido oficialista Morena, reconoce que "hubo muchos avances durante el gobierno de López Obrador", pero insiste en que "nunca serán suficientes si no sabemos qué pasó con los compañeros, dónde están, qué hicieron con ellos".

El diputado, reelegido en junio, tiene en la mira al "superpolicía" Omar García Harfuch, futuro secretario de Seguridad de Sheinbaum. "Puedo afirmar que sí supiste lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala", dijo Vázquez acusándolo en un video de octubre pasado. "Más aún, que sí supiste después cómo se construyó la verdad histórica", añade.

Como él, los familiares de los desaparecidos ven en el nombramiento de García Harfuch una "mala señal". El futuro secretario fue señalado por el jefe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, de haber participado en las reuniones donde se elaboró la "verdad histórica".

En todo caso, las esperanzas están depositadas en Sheinbaum, quien tiene "una oportunidad invaluable para impulsar la investigación del caso que permita a las familias de los jóvenes acceder a la justicia y así poner fin a una década de incertidumbre y dolor que tanto las ha afectado", como lo señaló Amnistía Internacional.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre tanto, persiste "el pacto de silencio" entre las autoridades para mantener impune e irresuelto el crimen y que, en últimas, "impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores".

"Subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad", agregó la CIDH, que envió a México un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso, pero que en julio de 2023 tuvo que abandonar el país tras acusar a las Fuerzas Armadas de no entregar toda la información sobre los hechos.

A ese llamado se sumó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que le pidió al Gobierno mexicano "acciones renovadas" ante los "resultados insatisfactorios" de la investigación.

Stephanie Brewer, la directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), apunta en el marco de esta sombría conmemoración que "las familias todavía no han accedido ni a verdad ni a justicia".

Brewer explica que son tres los puntos pendientes para el nuevo gobierno de Sheinbaum: "poner toda la información en poder del Estado al servicio de la búsqueda de la verdad y del paradero de los normalistas", "garantizar la participación de las familias mediante espacios de diálogo respetuosos y basados en la verdad" y "reimpulsar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas", que en México, según cifras oficiales, son casi 116.000 aquellas que están desaparecidas y no localizadas.

"Es esencial que la totalidad de documentos y evidencia en poder de las fuerzas armadas y cualquier otra institución sea compartida para que las autoridades puedan desplegar todas las acciones necesarias en la búsqueda de los normalistas y de la verdad", explica Brewer.

El recuerdo de los 43 estudiantes se mantiene indeleble en la memoria de sus familias y de miles de mexicanos que acompañan sus exigencias.

"A los padres de familia nunca se les va a dejar solos, porque son nuestros hermanos que pertenecieron a esta Normal, aunque no los llegásemos a conocer, nunca se les va a dejar solos, es lo que en Ayotzinapa se nos enseña", cuenta Fernando García, estudiante de la Escuela Rural de Ayotzinapa y quien tenía 8 años cuando ocurrió la desaparición.

Diez años después, en un cartel en medio de una manifestación en Ciudad de México se lee: "Fue el Ejército". En otro, en letras rojas y con un 43 en el medio, aparece la frase: "Somos memoria, queremos justicia". Circulan 43 fotos con sus 43 nombres. Los padres y las madres caminan. Las familias no detienen su peregrinaje. Diez años después, sigue inquebrantable el reclamo de verdad y justicia.