Avanza en el Congreso marco normativo para mercado de los criptoactivos en el país: los pasos que le hacen falta

El Proyecto de Proyecto de Ley 510, liderado por el representante a la Cámara, Julián López y el senador Gustavo Moreno, con el que se busca establecer un marco normativo para el mercado de los cripoactivos en Colombia tuvo un nuevo avance en el legislativo, luego de que la iniciativa fuera aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes el pasado 20 de mayo. 

No es el primer intento por establecer una normativa en este mercado y para los llamados Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Como se recuerda, en 2021 se presentó el Proyecto de Ley 139, que buscaba reglamentar las plataformas de intercambio de criptoactivos, seguido por el Proyecto de Ley 267 en 2022, que proponía un marco normativo para su operación. Ahora, en 2025, el Proyecto de Ley 510 retoma este esfuerzo con un enfoque más integral, incluyendo la participación de actores clave en un trabajo articulado.

“En Colombia, la regulación cripto avanza hacia un marco más claro y estructurado, lo que representa una gran oportunidad para fortalecer la industria. Contar con reglas bien definidas no solo brindará mayor protección a los usuarios, sino que también permitirá que más personas y empresas accedan a soluciones financieras innovadoras basadas en blockchain", señala Juanita Rodríguez Kattah, directora de Bitso en Colombia, quien señala que desde la compañía creen que una regulación equilibrada es clave para fomentar la adopción, impulsar la innovación y consolidar a Colombia como un referente en la región.

Datos proporcionados por Bitso, empresa de servicios financieros impulsados por tecnología cripto y con más de 9 millones de clientes en Latinoamérica, ubican a Colombia como un jugador relevante en el mercado cripto de la región. 

Entre julio de 2023 y junio de 2024, el país recibió 28.455 millones de dólares en transacciones de criptomonedas, ocupando la quinta casilla del ranquin de Latinoamérica en adopción de cripto activos. Según Chainalysis, Colombia ocupa el puesto 36 en adopción global y se estima que más de 5 millones de colombianos realizan transacciones con cripto activos, habiendo movilizado cerca de 6.700 millones de dólares en 2024.

El proyecto

El Proyecto de Ley 510, busca regular los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y dictar otras disposiciones para el mercado de las criptomonedas en Colombia. En esencia, se enfoca en la creación de un registro de PSAV, administrado por la Superintendencia de Sociedades, con requisitos de cumplimiento para estos proveedores. Además, busca impulsar el desarrollo y la adopción de la tecnología blockchain el país.

La creación del registro para los PSAV, le permitirá a la Supersociedades ejercer supervisión sobre estos actores, en la medida que les exigirá el cumplimiento de ciertos requisitos, como la presentación de información sobre la empresa, sus operaciones y los activos virtuales que maneja.

La iniciativa también promueve la investigación científica y tecnológica en torno a la tecnología blockchain y busca identificar y aprovechar sus beneficios en diversos sectores.

En ese sentido, sugiere que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales incorporen en sus programas de formación dicha tecnología.

Una encuesta realizada a comienzo del año (febrero) en Colombia arrojó que cerca de ocho de cada 10 consultados considera necesaria una mayor regulación de las criptomonedas. Por ello, la implementación de marcos legales adecuados es esencial para garantizar la seguridad de todos los actores del sector, prevenir actividades ilícitas y fomentar la innovación en el ecosistema cripto, que es lo que busca el Proyecto 510 en curso, precisan los voceros de Bitso. 

Regulación en la región

La regulación de criptomonedas ha ganado importancia a nivel mundial, y Colombia se suma a la tendencia de crear marcos regulatorios específicos para estos activos. Países de la región como Brasil, México y Argentina ya cuentan con reglas en la materia, pero con diferencias notorias entre los países que ya han establecido marcos normativos y aquellos que aún están en proceso de definición.

Por ejemplo, en Brasil se aprobó la Ley de Criptoactivos hace ya dos años, que asigna al Banco Central y a la Comisión de Valores Mobiliarios la supervisión del mercado. Esta normativa busca aumentar la transparencia y reducir el riesgo de actividades fraudulentas, obligando a las plataformas de intercambio a registrarse y cumplir con estándares de seguridad.

Por su parte, México cuentan hoy con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, que establece que las instituciones financieras no pueden trasladar los riesgos de las criptomonedas al usuario final, permitiendo su uso solo para manejo interno.

Según los voceros de Bitso, en el país azteca los proveedores de servicios con criptoactivos deben registrarse en el Sistema de Administración Tributaria y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera para prevenir el lavado de activos.

También en Argentina la Comisión Nacional de Valores (CNV) implementó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, obligando a las empresas cripto a registrarse para prevenir el lavado de activos y garantizar un uso adecuado de las criptomonedas.