Avance de disidencias a las goteras de Popayán enciende alerta en Cauca

hace 1 mes 22

La lucha contra el reclutamiento forzado de los niños y jóvenes del pueblo nasa, que se convirtió en su cruzada personal de los últimos años, terminó el sábado pasado para el líder indígena Édgar Tumiñá Gambuel.

Ese día, los sicarios de las disidencias de alias Iván Mordisco lo asesinaron a sangre fría en pleno casco urbano de Toribío, uno de los municipios del Cauca más golpeados por el conflicto en los tiempos de la ‘paz total’. Tumiñá, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), es el sexto líder social asesinado en el departamento en lo que va corrido del 2025. Al menos 20 más fueron asesinados en ese territorio el año pasado.

Cali Colombia 19 de marzo de 2024 
Carro destruido en el que presuntamente se transportaban miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en la vereda La Bodega de Toribío, Cauca. 
Los indígenas de la zona realizan la velación de la lideresa nasa Carmelina Yule Paví, asesinada el pasado fin de semana cuando intentaba impedir que miembros de la columna Dagoberto Ramos del EMC se llevaran a un menor de edad indígena.
Fotos Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Carro destruido en el que presuntamente se transportaban miembros del EMC Foto:Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Mientras el país asiste a la explosión de nuevas crisis humanitarias generadas por los violentos, como la del Catatumbo, la situación en el Cauca sigue siendo dramática. De los 409 casos de reclutamiento de menores denunciados por la Defensoría del Pueblo en 2024 en todo el país, 300 golpearon a las comunidades indígenas y campesinas de ese departamento.

En general todos los grupos delincuenciales, pero sobre todo el frente ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias, están acudiendo a esa práctica criminal. 

Popayán, la capital, empezó a sentir ya la expansión del accionar de los violentos. A los ataques con explosivos de hace dos semanas se suman ahora graves denuncias de las comunidades de las zonas rurales. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre una avanzada de la columna ‘Jaime Martínez’ en los corregimientos de Los Cerrillos, Las Mercedes, Santa Rosa, La Meseta, La Yunga, El Tablón, El Charco y Cajete. Esas denuncias, que también llegan de otras zonas como La Rejoya, Palacé, San Bernardino y La Tetilla, hablan de reuniones forzadas y de intentos por imponer reglas sociales que aplican en sus áreas de influencia.

“Aunque no se han materializado hechos de alto impacto en el marco del escenario de riesgo –como homicidios u otros graves atentados contra la vida e integridad física de los habitantes–, la conexión de este sector con El Tambo y Cajibío demarca un corredor en el que los repertorios de violencia pueden replicarse en el corto plazo”, argumentó la Defensoría por medio del documento.

Aumentar los operativos de registro y control en las zonas mencionadas en la presente Alerta Temprana, especialmente en las vías rurales que conectan a Popayán con El Tambo y Cajibío

Las disidencias, como lo hacen en otras zonas del departamento, están imponiendo reglas sobre el uso del casco para los motociclistas y, so pena de ser atacados, obligan a los conductores de los carros a andar con los vidrios abajo por las vías de estos territorios. “Aunque no se tiene conocimiento de carnetización por el momento, sí pueden incrementar el ejercicio de control armado y la presión sobre los liderazgos sociales y comunales”, agrega la alerta de la Defensoría. 

Según las denuncias recibidas, un profesor del colegio Las Mercedes renunció por amenazas. “Estamos muy preocupados por lo que está pasando. Mis dos hijos ya no pueden estar en la calle en la noche, nos da miedo. En la madrugada, la gente del grupo siempre pasa cerca de mi casa”, le dijo a este diario un habitante de las goteras de Popayán.

Con un número de armados ilegales que puede estar entre los 1.500 y los 2.500, Cauca completa dos años como el principal escenario del conflicto armado en el país. Allá se desarrolla desde hace seis meses la operación Perseo, que busca acabar con el imperio del narcotráfico en el sur, en la zona de El Plateado –corregimiento de Argelia–, sin que hasta ahora se haya logrado consolidar el control del Estado.

En el norte, entre tanto, la violencia de las disidencias apunta a mantener los corredores del narcotráfico que se proyectan incluso hacia Jamundí y Cali (Valle) y por los que se mueven además millonarios cargamentos de la marihuana cultivada en invernaderos.

Además del llamado ‘Estado Mayor Central’, en el departamento delinque la ‘Segunda Marquetalia’, con su ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’ y el frente ‘Diomer Cortés’. El Ejército de Liberación Nacional (Eln) hace presencia con el frente ‘Manuel Vásquez’. A estos se suman bandas locales dedicadas al tráfico de drogas y carteles internacionales que invierten dinero para las cosechas de coca y marihuana.

Las alertas tempranas de la Defensoría llevaron al Ministerio del Interior a convocar el pasado fin de semana una reunión con entidades públicas y autoridades en Popayán. En esta, la directora de Seguridad de la cartera, Paola Manosalva, aseguró que el Ejecutivo está moviéndose para enfrentar las amenazas. “El Gobierno continúa trabajando para prevenir vulneraciones a los derechos humanos y fortalecer la seguridad en la región. La protección de las comunidades es nuestra prioridad”, enfatizó Manosalva. 

Reuniones de delegados de la Defensoría del Pueblo en colegios.

Reuniones de delegados de la Defensoría del Pueblo en colegios. Foto:Cortesía

La Defensoría del Pueblo, por su parte, instó a tomar medidas urgentes para proteger a la población y evitar que se repita en el Cauca la historia del Catatumbo, cuyos riesgos fueron advertidos en una alerta temprana que se emitió en noviembre, dos meses antes de la escalada del Eln que deja al menos 70 asesinatos y el mayor desplazamiento forzado en la historia moderna del país.

Las recomendaciones

En el documento, la entidad que vela por los derechos humanos en el país presentó un total de 16 recomendaciones para el accionar estatal rápido, con parámetros de focalización territorial y responsables principales de cada recomendación. Lo anterior, indican, “con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población”.

Entre estas, le piden al Ministerio del Interior que garantice la articulación de los planes de acción entre los niveles nacional y territorial. Asimismo, que mantenga equipos en los territorios para hacer un acompañamiento.

Al Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, la Defensoría les recomienda “aumentar los operativos de registro y control en las zonas mencionadas en la presente Alerta Temprana, especialmente en las vías rurales que conectan a Popayán con El Tambo y Cajibío”. Esto se suma a la solicitud de que el Gaula fortalezca las estrategias de prevención y atención a la extorsión. 

Una de las sugerencias para la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán es la de incorporar los escenarios de riesgo de la alerta temprana en los Planes Integrales de Prevención y Protección. Y a la administración municipal le sugiere, en compañía de la Unidad Nacional de Protección (UNP), “presentar ante liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos de los corregimientos focalizados las rutas de protección a su favor”.

En septiembre del año pasado, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares contra jefes del Eln vinculados con el narcotráfico.

Con un número de armados ilegales que puede estar entre los 1.500 y los 2.500. Foto:EFE - Archivo EL TIEMPO

Para atender a los niños y jóvenes de la región, la entidad les recomienda a las secretarías de Educación y de Salud que trabajen con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en distintos aspectos. Uno de ellos es tener espacios pedagógicos en las instituciones educativas con el fin de socializar estrategias de autoprotección y rutas de prevención frente al riesgo de reclutamiento forzado. Además, para “implementar acciones de atención en emergencia de riesgos psicosociales” a quienes estén en riesgo o hayan padecido este flagelo.

De otro lado, a la Fiscalía le sugiere fortalecer inteligencia, investigación criminal y judicialización en esta situación de riesgo, y a la Procuraduría le pide hacerles seguimiento a todas las medidas que se tomen en el marco de este escenario. “Las recomendaciones plasmadas (...) no impiden que las entidades concernidas adopten todas las demás medidas a su alcance”, concluye la Defensoría.

Tumiñá, líder indígena que luchó contra el reclutamiento 

Las exequias del guardia indígena Édgar Tumiñá Gembuel, asesinado el sábado pasado en pleno casco urbano de Toribío, Cauca, se realizaron ayer. Esto, luego de que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció que la caravana fúnebre que transportaba su cuerpo el domingo fue atacada con disparos cuando se movilizaba entre Santander de Quilichao y Toribío.

Tumiñá, de 48 años, era reconocido en la comunidad por su ferviente defensa de la vida y el territorio. Llamado cariñosamente como Tumi, fue coordinador de la guardia de Toribío. Antes del crimen, acompañaba el proceso de Kiwe Thegnas (guardia indígena) en el Plan de Vida Proyecto Nasa, iniciativa que busca proteger los derechos y la autonomía de los pueblos en el norte del Cauca.

El líder, originario de la vereda Pueblo Viejo, era padre de dos hijos y esposo. “Su entrega al proceso organizativo comunitario y su convicción en la defensa de la vida y el territorio fue siempre un ejemplo para todos y todas”, detalló la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

Precisamente su compromiso con la protección de la comunidad lo llevó a ser blanco de amenazas en varias ocasiones. “Venía siendo amenazado y había sufrido atentados por parte de la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos’ de la disidencia narcoparamilitar de ‘Iván Mordisco’ ”, apuntó el Cric. Las intimidaciones habrían sido por liderar operativos de búsqueda y rescate de niños reclutados y comuneros secuestrados por disidencias.

Desde la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron este hecho. “Urgimos que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”, expresaron a través de su cuenta de la red social X. También hicieron un llamado al Gobierno para que implemente “efectivamente medidas colectivas de protección y prevención para la comunidad y el territorio de Proyecto Nasa”.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) también rechazó lo ocurrido. “La falta de seguridad jurídica sobre los territorios indígenas y el rezago en la formalización de nuestros territorios han sido factores que fomentan la violencia en contra de nuestros pueblos”, dice el comunicado. “Les exigimos al Gobierno Nacional, a los órganos de control y organismos de derechos humanos tomar las medidas urgentes y efectivas para garantizar la protección de los pueblos indígenas, sus líderes”, agrega el texto.

Este no es el primer golpe que sufre la familia Tumiñá. En 2014, el hermano de Édgar, Manuel Tumiñá Gembuel, también fue asesinado por el entonces sexto frente de las Farc, mientras cumplía su labor en la protección del territorio como guardia indígena.

Michell Francois Romoleroux 

Especial para EL TIEMPO - Popayán

Leer Todo el Artículo