Así es como ICE logra rastrear las transferencias de banco de los migrantes en Estados Unidos

La situación migratoria en Estados Unidos atraviesa momentos complicados producto de las herramientas y poderes que tiene el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detectar inmigrantes ilegales. En este caso, se trata de una que le permite rastrear las transferencias en bancos estadounidenses.

El Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC, por sus siglas en inglés) contiene información sobre millones de transferencias de dinero enviadas desde y hacia México. Dentro de estos registros, aparecen nombres y direcciones de remitentes y destinatarios, a los que ICE accede sin la aprobación de un juez.

Según The Intercept, ICE se posicionó como el primer usuario de TRAC en 2018 e incluso financió su funcionamiento en 2019. La información brindada por este abarca desde zonas cercanas a la frontera hasta todos los estados del sur de Estados Unidos y el territorio mexicano completo.

De esta manera, el organismo identifica a los migrantes que se encuentren de manera ilegal y realicen transacciones bancarias de más de US$500, desde y hacia México, en los territorios de Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Las organizaciones que apuntaron contra esta herramienta de ICE

La reconocida organización que boga por los derechos de los migrantes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) apuntó contra este programa de vigilancia, debido a que “el costo humano de este tipo de vigilancia gubernamental es grave”.

Luego, desde el sitio web, explicaron: “Esto es especialmente perjudicial porque somete a la gente común a un escrutinio injustificado por parte de las fuerzas del orden y permite al gobierno acumular información sobre las actividades cotidianas de millones de personas sin justificación.”.

Finalmente, destacaron que estos registros presentan un panorama alarmante de la “extralimitación del gobierno” y que se trata de un tipo de vigilancia rutinaria “corrosiva” y que socava “la libertad de expresión y la democracia”.