Así era como operaba la red criminal que robaba tierras en el Atlántico: se apoderaron de terrenos de colegios

La Policía Metropolitana de Barranquilla continúo entregando detalles sobre la captura de 17 personas, ocurrida este lunes, señaladas de integrar una red criminal dedicada al robo de tierras en Barranquilla y su área metropolitana, mediante actos de corrupción y falsificación documental, en un caso sin precedentes en el departamento del Atlántico.

Cabe recordar que entre los capturados se encuentran servidores públicos de alto nivel, como registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, un notario, un calificador de instrumentos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta es la primera operación de tal magnitud en la región en la que se logra evidenciar la articulación sistemática de funcionarios públicos para facilitar la apropiación ilegal de predios destinados originalmente a proyectos de infraestructura social. El proceso investigativo sigue en curso y se esperan futuras imputaciones.

La Policía, a través del general Yesid Peña, comandante de la Regional Ocho, durante la investigación, que se desarrolló a través de cuatro líneas estratégicas, se descubrió cómo esta estructura delictiva operaba mediante la omisión deliberada de revisiones jurídicas y documentales para dar apariencia de legalidad a terrenos adquiridos irregularmente. “Estos terrenos eran luego fraccionados y vendidos a terceros de buena fe”.

Terrenos de colegios y parques no se salvaron

Entre los predios afectados figura un terreno destinado a la construcción de un megacolegio, el cual fue desviado a manos de particulares y comercializado de forma ilegal en lotes con un valor aproximado de 50 millones de pesos cada uno.

El avaluó comercial total de los predios comprometidos asciende a 22 mil millones de pesos, con una extensión de cerca de 277.000 metros cuadrados.

Los registradores involucrados habrían facilitado la expedición de matrículas inmobiliarias y el desbloqueo de resoluciones sobre predios de dudosa posesión. A su vez, los notarios permitieron la protocolización de escrituras sin verificar el pago de impuestos ni la legalidad de los registros catastrales.

“El calificador jurídico omitió su deber de revisión de los documentos presentados para el registro. Por su parte, los inspectores de Policía habrían emitido amparos policivos a favor de los usurpadores, permitiendo la ocupación indebida de los terrenos”, señala una comunicación de la Policía.

Este caso también afectó a diferentes constructoras que habían planeado desarrollar proyectos urbanísticos, como jardines infantiles y parques, en zonas destinadas para uso público. 

El accionar de la red criminal no solo perjudicó a terceros compradores, sino también a más de 1.800 familias residentes de la zona que fueron impactadas por el caos legal y social derivado de estas acciones ilícitas.

Las autoridades reiteraron que esta acción es solo el inicio de un proceso más amplio y advirtió que continuarán las investigaciones para judicializar a todos los responsables.

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