¿Aplazamiento de recursos del CNE afectan las elecciones 2026? Las posturas encontradas por recorte de 600.000 millones

hace 1 día 43

La promulgación por parte del gobierno Petro del decreto de aplazamiento de 12 billones de pesos del presupuesto para el 2025 ha generado polémica en muchos puntos, sobre todo en los dineros del CNE. De un monto inicial de poco más de un billón de pesos se redujo a casi medio billón de pesos. Un recorte del 56,7 por ciento. Tanto el tribunal electoral como los partidos políticos alertaron sobre la disminución de los recursos dispuestos, pues se afirmó que se afectaría la preparación para las elecciones de 2026.

El anuncio del aplazamiento se dio justo un día antes de la primera comisión de garantías electorales para las elecciones de 2026. Esto implicó que durante la primera jornada para la revisión de la organización de los próximos comicios, la mayoría de las preocupaciones expresadas por los distintos sectores y los partidos políticos hicieran referencia a ese recorte virtual al CNE, que se materializaría oficialmente al final de la vigencia del año. Tanto el tribunal electoral como la mayoría de los partidos enfocaron parte de sus intervenciones en ese sentido.

Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE -que en elecciones es la encargada de los escrutinios-, tomó la voz para advertir sobre las implicaciones del recorte. Destacó que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció unas mesas de trabajo para hablar sobre el aplazamiento y la búsqueda de formas para revertirlo, pero al mismo tiempo insistió en que se le hace un gran daño a la entidad y al proceso electoral que no se le entreguen los dineros que solicitaron el año pasado y que habían sido incluidos en el presupuesto inicial.

“Voy advertir sobre nuestras funciones y lo que implica quitarle los 600.000 millones”, dijo Prada, que a renglón seguido apuntó cuáles son los aspectos que se verían tocados. Indicó que se afectaría la plataforma de testigos electorales y la debida capacitación de estos, las auditorías externas –que es todo lo que debe haber para advertir posibles fallas de los softwares-, la labor de los escrutinios y “todo lo que significa estar en territorio: los tribunales de garantías electorales y los supernumerarios”.

Prada reiteró que “todo el componente electoral nos lo quitaron”, aclarando que no se le tocó el presupuesto de funcionamiento o los dineros que le entregan a los partidos políticos. “Nos tocaron una parte misional muy importante, cuando en todas las democracias se busca fortalecer el aparato que garantiza las elecciones, en este caso el CNE”, indicó el actual presidente del tribunal, que incluso puso como ejemplo el proceso electoral en Venezuela, que fueron los testigos electorales los que evidenciaron las irregularidades.

En ese sentido, no cerró la puerta a posibles revanchismos desde el Ejecutivo ante la imputación por posibles irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente 2022. Vale recordar que el tribunal electoral actualmente lleva un proceso contra el primer mandatario y los responsables de su campaña ante posibles donaciones irregulares y falencias en los reportes.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior

En esa línea, distintos partidos, a través de sus representantes, expresaron su preocupación ante las posibles afectaciones por los recortes. “Recibimos con preocupación de aplazamiento del presupuesto del 56 por ciento. No solo por los recursos de los partidos, sino por el cumplimiento de la misionalidad del CNE: auditorías y testigos electorales”, dijo Paola Rivera, secretaria general del Centro Democrático.

Otras colectividades, como la Alianza Verde, en voz de su secretario, Jaime Navarro Wolff, cuestionaron “la nueva estrategia en la que ha avanzado el CNE frente al tema electoral”. Navarro Wolff advirtió que el tribunal supuestamente no pudo cumplir con varias de sus funciones en las elecciones extraordinarias de las JAL, que se celebraron en 45 municipios.

La postura del Gobierno

En medio de la sesión, por parte de la administración Petro. hicieron frente a la polémica el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la viceministra técnica de Hacienda, Marta Juanita Villaveces. Esta última hizo énfasis en que parte del debate se debe a que el CNE ahora tiene independencia presupuestal y en los últimos años se le han subido las asignaciones de recursos.

Asimismo, indicó que hasta el momento es un aplazamiento que puede ir cambiando a medida que vayan llegando más recursos a las arcas de la nación. Por último, apuntó que las elecciones no están en riesgo pues en ningún momento se tocó el presupuesto de 3,2 billones de pesos a la Registraduría, que es la que organiza el certamen electoral.

Cristo amplió lo expuesto por Villaveces e hizo énfasis en que todo parte de una duplicidad de funciones entre Registraduría y CNE, que desde que tiene autonomía presupuestal ha buscado asumir unas tareas que legalmente no le corresponderían.

“La organización de las elecciones depende de la Registraduría. Por eso queríamos reformar el sistema porque hay una duplicidad de funciones. Eso no es de ahora, sino desde hace un tiempo. Una cosa es autonomía al CNE otra que se le otorguen unas funciones adicionales que no se le han asignado”, explicó Cristo, que añadió: “Miremos cuáles son esas funciones, pero no dupliquemos y no contratemos más de lo debido”.

Bajo esa premisa, Cristo propuso una mesa de trabajo con la Registraduría y el CNE para que se puedan ver las funciones que se repiten entre las entidades y de esta forma depurarlas. “No pueden pedir en una época de austeridad giremos que todo lo que piden. Me parece difícil que con 3.7 billones, que es el mayor presupuesto de la organización electoral, no se puedan organizar unas elecciones”, indicó el ministro. Este incluso puso sobre la mesa que se vea cuántos recursos pueden dejar pendientes para 2026.

Otras visiones de la polémica

Por su parte, la Registraduría, al frente de Hernán Penagos, no quiso hacer mucha mención al debate por la congelación de recursos al CNE o por las versiones de duplicidad de funciones. No obstante, sí buscó aclarar las afirmaciones del ministro Cristo. Reconoció que es el presupuesto más alto para unas elecciones, pero al mismo tiempo explicó que se trata de los mismos montos que se gastaron en 2022 pero indexados a hoy. “No queremos agregar un centavo más. Pedimos ayuda para que se nos permitiera crecer en biometría, pero a la poca disposición se evitó. No es más dinero, es solo el presupuesto indexado”, explicó.

La sociedad civil, a través de la Misión de Observación Electoral (MOE), intervino para decir que tanto el tribunal electoral como el Ministerio del Interior y la Registraduría deben ser claros en los números. “Estamos pidiendo que mantengan un diálogo transparente sobre los temas presupuestales y las modificaciones para saber cuál es el impacto del recorte”, dijo Alejandra Barrios, directora de la veeduría. En ese sentido pidió que haya claridad sobre los procesos que asumiría cada entidad y fue categórica para decir que “la contratación para las elecciones de 2026 está resguardada en este momento por la Registraduría”.

Por otro lado, magistrados del CNE, que pidieron reserva de su identidad, se desligaron del vocero oficial, el magistrado Álvaro Hernán Prada, para decir que esos recursos congelados no han sido propios del tribunal electoral, sino que han buscado asumir tareas que han sido históricamente de la Registraduría. Incluso expusieron cifras internas del Consejo Nacional Electoral en las que se muestra que gran parte de esos dineros, más de 519.000 millones, son para funciones propias de la entidad liderada por Penagos: divulgación de formularios E-14. Capacitación de jurados de votación, actividades de preconteo y divulgación, entre otras.