Anif sobre la reforma al Sistema General de Partipaciones en Colombia: "debe ser sostenible"

En Colombia hay polémica por la reforma que impulsa el Gobierno Nacional al Sistema General de Participaciones (SGP), a pesar de que este y el senador ponente, Ariel Ávila, acordaron varios cambios al acto legislativo para lograr consensos.

La principal modificación es que el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se transferirá a las regiones ya no será 46,5 por ciento, sino que la cifra quedará en 39,5 por ciento.

Hoy en día, estas transferencias que llegan a los departamentos, distritos y municipios son del 25,7 por ciento, tomando como base el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el 2025.

De acuerdo con el senador Ariel Ávila, uno de los argumentos para hacer este cambio es garantizar la sostenibilidad fiscal, pero al mismo tiempo asegurar la entrega de mayores recursos a los municipios, porque actualmente hay más de 300 que están quebrados.

La reforma al SGP actualmente avanza en su sexto debate en el Senado de la República.

'La sostenibilidad fiscal se vería comprometida'

Sin embargo, la intención del Gobierno sigue generando reacciones en varios sectores,  uno de ellos los gremios económicos. En entrevista con La FM de RCN, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el José Ignacio López, afirmó que "aunque la descentralización es una meta necesaria, la propuesta actual podría comprometer la sostenibilidad fiscal y afectar el crecimiento económico del país, dada la magnitud de los compromisos que se estarían transfiriendo a los gobiernos regionales".

López añadió: “es claro que las transferencias a los entes territoriales se han venido reduciendo y, desde Anif, hemos dicho que hay que avanzar en la descentralización. En este proyecto hemos hecho un orden que es insólito y que estamos discutiendo cuál es el monto de estas transferencias, y el reordenamiento de competencias”.

Para el líder gremial, existe un riesgo al establecer una cifra fija sin definir competencias específicas ya que podría llevar al gobierno a perder flexibilidad fiscal. Además, esto afectaría la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

“Es difícil definir un monto sin las competencias, pero la propuesta inicial decía que iban a dejar al gobierno sin ningún espacio fiscal. Entonces hemos insistido que, si se define una fórmula paramétrica, se necesita tener una discusión de hasta dónde podemos llegar, y decimos que nuestra cifra es muchísimo menor”, señaló López.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS