Alerta tras denuncia de Contraloría por presunto millonario detrimento patrimonial en Cartagena

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Una controversia de grandes proporciones envuelve actualmente a la Contraloría Distrital de Cartagena y la administración de la ciudad, encabezada por el alcalde Dumek Turbay Paz.

El detonante es una investigación fiscal que señala un presunto detrimento patrimonial de 264.000 millones de pesos en contratos clave del Distrito.

Los contratos en cuestión

La Contraloría Distrital, liderada por Ángela María Cubides González, ha centrado su atención en dos contratos específicos:

1. Contrato con Aguas de Cartagena (GISAA): La actuación especial de fiscalización identificó cinco hallazgos administrativos, dos de ellos con incidencia fiscal, uno con presunta incidencia penal y tres con incidencia disciplinaria. El detrimento patrimonial estimado, según el órgano de control, asciende a 239.553 millones de pesos.

2. Contrato con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD): Se detectaron doce hallazgos administrativos, seis de ellos con incidencia fiscal, dos con presunta incidencia penal y doce con presunta incidencia disciplinaria. El monto del detrimento se calcula en 25.248 millones de pesos.

El Palacio de la Aduana reacciona

Desde el Distrito, las reacciones no se han hecho esperar. La administración calificó las actuaciones de la Contraloría como "una posible extralimitación de funciones". Según la Alcaldía, el órgano de control habría incurrido en irregularidades al ejecutar allanamientos en dependencias distritales, amparándose en las circulares 014 y 015 de diciembre de 2024.

“El control fiscal previo está proscrito por la Constitución Política de Colombia. Ni siquiera es admisible la figura de control preventivo y concomitante,” señalaron desde el Distrito en un oficio enviado por el Comité Central de Auditoría, que agrupa a los jefes de control interno del Distrito.

Adicionalmente, fuentes desde el Palacio de La Aduana (sede central de la alcaldía de la ciudad) sostienen que las acciones de la Contraloría podrían estar motivadas por una supuesta retaliación tras la reducción presupuestal que el Distrito aplicó al órgano de control para el ejercicio 2025.

Investigación ya está en manos
de Fiscalía y Procuraduría

En respuesta, la Contraloría Distrital defendió sus actuaciones. Cubides enfatizó que el ente de control continuará con su labor en la lucha contra la corrupción, subrayando que los hallazgos “encienden las alarmas sobre la eficiencia y eficacia de la inversión de los recursos públicos”.

Según la Contraloría, los resultados de las investigaciones ya han sido trasladados a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, quienes deberán determinar si existen responsabilidades penales o disciplinarias derivadas de las irregularidades detectadas.

Una polémica en escalada

El enfrentamiento entre ambas entidades refleja tensiones más profundas sobre el manejo de los recursos públicos en Cartagena. Por un lado, la Contraloría afirma estar cumpliendo con su misión constitucional de proteger el patrimonio público. Por otro, la Alcaldía denuncia lo que considera una intervención desmedida y políticamente motivada.

En un comunicado reciente, la Alcaldía exigió a la Contraloría actuar dentro del marco legal y respetar los términos establecidos por la Constitución y las guías de la Contraloría General de la República.

Impacto en la ciudadanía y en
la gestión para el año que inicia

Mientras las entidades se enfrentan, la polémica ha generado preocupación entre los cartageneros: Las cifras del presunto detrimento patrimonial son alarmantes, sobre todo en una ciudad que enfrenta importantes desafíos en infraestructura, servicios básicos y bienestar social.

Organizaciones ciudadanas y líderes locales han solicitado mayor transparencia en la gestión de los recursos y han instado a que las investigaciones avancen con rigor y celeridad.

El proceso fiscal y las investigaciones

Con las pruebas en manos de la Fiscalía y la Procuraduría, el caso podría tener implicaciones legales para funcionarios actuales y anteriores de la administración distrital. Además, el impacto político de este enfrentamiento podría influir en la percepción pública de ambas instituciones.

Mientras tanto, la Contraloría ha reiterado que no se detendrá en su misión de velar por el correcto uso de los recursos públicos. “Nuestra responsabilidad es con los cartageneros, y así seguiremos actuando,” concluyó Cubides en su más reciente pronunciamiento.

Este enfrentamiento entre la Contraloría Distrital y la Alcaldía de Cartagena marca un momento clave para la gobernanza local. Las denuncias de irregularidades deben ser esclarecidas para garantizar la confianza en las instituciones públicas. Más allá del enfrentamiento político, el espera que esta situación conduzca a una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos en su ciudad.