Alerta en La Guajira por reclutamiento forzado a menores: el 51 % de las víctimas en Colombia son indígenas

La Guajira, y en especial el municipio fronterizo de Maicao, enfrenta una emergencia silenciosa que afecta directamente a los más vulnerables: los niños indígenas. Según datos revelados por la Defensoría del Pueblo, el 51 por ciento de las víctimas de reclutamiento forzado en Colombia pertenecen a comunidades indígenas, lo que pone de manifiesto la crítica situación que viven estos pueblos ancestrales.

La región se ha convertido en terreno fértil para grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que estarían aprovechando la ausencia estatal, la pobreza extrema y la falta de oportunidades educativas y laborales para vincular a menores de edad a sus filas. Los testimonios recogidos por líderes comunitarios y autoridades militares confirman que los niños son utilizados para tareas como transporte de drogas, vigilancia, extorsión e incluso combate.

“La situación es dramática. Los niños que no tienen acceso a la escuela ni a espacios recreativos son fácilmente cooptados por los grupos armados. Les ofrecen falsas promesas y los arrastran a una vida de violencia y crimen”, explica líderes de estas comunidades. Desde su perspectiva, los grupos criminales están llenando el vacío que deja el Estado en los territorios más olvidados de la nación. 

Aumentan la presencia de grupos armados ilegales

Las autoridades han confirmado que en los últimos meses se ha intensificado la presencia de estos grupos ilegales, lo cual ha obligado al Ejército Nacional, la Policía y otros entes de seguridad a reforzar los operativos en la zona. El objetivo es prevenir el reclutamiento forzado y proteger a las comunidades, especialmente a la infancia indígena.

El comandante destacó que parte de la estrategia institucional consiste en fortalecer la confianza con las comunidades para que se animen a denunciar cualquier intento de captación por parte de grupos al margen de la ley.

Además del despliegue militar, en las últimas 72 horas se ha desarrollado una jornada médica y social en la alta Guajira, con la que se busca brindar atención integral a los grupos más vulnerables. La iniciativa incluye servicios de salud, vacunación, entrega de alimentos y actividades lúdicas para los menores. Esta jornada también tiene un fuerte componente pedagógico: explicarles a los padres, madres y cuidadores cómo identificar señales de reclutamiento y qué hacer en caso de detectar riesgos en su entorno.

Comunidades exigen una intervención integral

La preocupación de las autoridades no es infundada. La historia de Colombia está marcada por décadas de conflicto armado, en las que miles de menores fueron utilizados por guerrillas, paramilitares y bandas criminales como combatientes, mensajeros, espías o esclavos sexuales. Aunque el país ha firmado compromisos internacionales para erradicar esta práctica, la persistencia del conflicto y la expansión de economías ilegales siguen poniendo en peligro a la niñez, especialmente en regiones periféricas como La Guajira.

Los líderes sociales insisten en que la solución no pasa únicamente por una mayor presencia militar, sino por una intervención integral que combine educación, salud, cultura y generación de empleo. “Si el Estado no llega con oportunidades, los grupos armados seguirán teniendo el terreno libre para reclutar a nuestros hijos”.

A pesar del temor que se respira en Maicao, hay señales de esperanza. Organizaciones comunitarias, líderes indígenas, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares están articulando esfuerzos para romper el ciclo de reclutamiento y violencia. Una de las estrategias clave es promover la denuncia anónima y crear canales seguros para reportar cualquier actividad sospechosa.

“Queremos que las comunidades sientan que no están solas, que tienen apoyo. Solo así podremos evitar que estos grupos arranquen a nuestros menores de sus familias y los conviertan en herramientas de guerra”, concluyó el coronel Rodríguez.

El desafío es inmenso, pero también lo es la voluntad de quienes resisten en el territorio. La lucha por proteger a los niños de La Guajira —y por garantizarles un futuro digno— sigue siendo una deuda pendiente del Estado colombiano.

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