Alcalde de Riohacha cumple medida de arresto por desacato en caso de ocupación de predio de familias vulnerables

hace 6 días 99

La Alcaldía de Riohacha confirmó que el alcalde Genaro Redondo Choles se encuentra cumpliendo una medida de arresto de 10 días, ordenada por el Juzgado Tercero Penal Municipal, por presunto desacato a un fallo de tutela relacionado con un predio ocupado por más de 450 familias vulnerables, en su mayoría indígenas wayús, desde hace nueve años.

Según el comunicado oficial de la Alcaldía de Riohacha, el caso se remonta a una acción de tutela interpuesta en 2018 por Idania Manuela Rodríguez Mindiola, propietaria del terreno, quien solicitó la restitución de su predio ubicado en la calle 40, detrás del sector de Almagrario.

En el comunicado, la alcaldía señala que el mandatario actuó con respeto a la ley y refrendando su compromiso con la ciudadanía, en aras de garantizar los derechos de la población vulnerable que habita en lo que se conoce como Sumuin Wayuu, así como el respeto a la propiedad privada, intentando encontrar una solución justa que no afectara a ninguna de las dos partes. La sanción, según se indica, no se dio por desconocimiento u obstrucción a la justicia.

El alcalde Genaro Redondo, en ejercicio de su deber constitucional de garantizar la protección de los derechos fundamentales de estas 450 familias —incluyendo menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y miembros de la etnia wayuu— y con una visión profundamente humanitaria y social, acudió a la articulación con entidades del orden nacional y cooperación internacional en búsqueda de alternativas para una reubicación digna que permitiera evitar una afectación mayor a estas familias

El fallo del Juzgado Tercero Penal Municipal, fechado el 18 de marzo de 2025, se produjo por el incumplimiento de una orden de tutela proferida el 6 de mayo de 2024, y fue ratificado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito el pasado 6 de mayo, en el que se ordena, además, la entrega real y material del lote a su propietaria, luego de que los ocupantes no acreditaran legalmente el derecho a permanecer en el predio.

“Desde que inició su mandato, el alcalde Redondo ha buscado una salida digna para estas familias. Se agotaron todas las vías posibles, pero hoy nos corresponde cumplir la ley”, explicó Wilson Rojas Vanegas, secretario de Gobierno del Distrito de Riohacha.

Rojas detalló que, al momento de la posesión de Redondo, el problema ya había escalado.

Cuando comenzó en 2018, apenas había 8 o 10 familias. Hoy son más de 450. Nosotros llevamos un año y cuatro meses de gobierno, y el alcalde intentó en múltiples ocasiones caracterizar a la población, pero los ocupantes no lo permitieron

Wilson Rojas VanegasSecretario de Gobierno del Distrito de Riohacha

El funcionario responsabilizó a administraciones anteriores por la falta de acción oportuna, ya que —según él— hubiera sido más fácil reubicar a unas diez familias en ese momento. Indicó además que, tras las verificaciones realizadas, se probó que no se trata de una comunidad indígena wayuu como se pensó al inicio, y que el terreno no es un territorio ancestral, sino un predio privado con propiedad formalmente constituida.

A pesar de los esfuerzos del alcalde de Riohacha por preservar la dignidad humana de las más de 450 familias y garantizar el respeto a la propiedad privada, este miércoles 7 de mayo deberá cumplirse el fallo judicial que ordena su desalojo.

“La preocupación del mandatario fue la parte humana: los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, indígenas, afrodescendientes, migrantes y víctimas del conflicto armado que se encuentran en este predio y que deben salir mañana”, señaló Rojas.

El secretario insistió en que la administración ha respetado el derecho a la propiedad privada, sin desconocer la grave situación humanitaria de las personas que allí habitan.

“No hay en la administración pública algo más doloroso que ordenar un desalojo. El alcalde trató por todos los medios de evitarlo, pero no tenemos predios ni recursos para reubicar. A pesar de la voluntad, fue imposible encontrar una solución”.

“No es una captura, es una responsabilidad asumida”

El secretario de Gobierno aclaró que la medida contra el alcalde Redondo no corresponde a una detención penal, sino a una medida correccional por el incumplimiento de un fallo judicial, la cual está siendo acatada en las instalaciones del Comando de Policía Guajira.

Mientras tanto, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Jaime Bruges, fue delegado para cumplir las funciones del despacho mientras Redondo cumple la sanción.