'Al atacar a la Registraduría, no estamos entendiendo que se pone en riesgo la democracia': registrador Hernán Penagos

El registrador nacional, Hernán Penagos, atendió a EL TIEMPO para referirse a los señalamientos hechos por el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, contra la adjudicación del contrato por más 41 mil millones de pesos a la Unión Temporal Grupo Disproel, consorcio integrado por Thomas Greg & Sons.

Dicho contrato tiene como objetivo proveer servicios logísticos y tecnológicos en materia electoral para llevar a cabo las elecciones nuevas y complementarias de Juntas Administradoras Locales (JAL) y las consultas populares para la constitución de dos áreas metropolitanas, el próximo mes de noviembre.

Según Idárraga, el proceso habría carecido del acceso plural de oferentes afectando el cumplimiento de los principios de la contratación estatal. Incluso denunció a la Registraduría ante la Fiscalía y la Procuraduría. Cabe recordar que se trata de la misma firma por la que hace más de un año el Gobierno Nacional desató todo un lío jurídico por los pasaportes y con la que el presidente Gustavo Petro ha cazado un particular frente de batalla.

"Se cumplieron rigurosamente todos y cada uno de los pasos técnicos", dice Penagos. Además, afirma que el ataque "desproporcionado" contra la entidad supone un riesgo para la democracia. 

¿Por qué dice que los señalamientos de la oficina de Transparencia  no tienen fundamento desde la legalidad?

Hernán Penagos, registrador nacional

Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO

Cuando señalo que los argumentos carecen de fundamentos de la legalidad, no lo estoy diciendo yo. Lo estoy retomando de lo que señaló la Procuraduría General de la Nación, que acompañó el proceso de convocatoria. La Procuraduría estuvo en las pruebas técnicas, estuvo durante la semana correspondiente observando los pasos del proceso y acompañó el acto de adjudicación. Esa Procuraduría fue la que señaló que carecen de fundamento y que no encontraron observaciones. La palabra mía es lo de menos, se trata de una posición que tuvo la Procuraduría en su tarea constitucional de juez disciplinario y por eso yo lo destaco. Así que no es una posición personal.

¿Cree que hay intereses oscuros para tratar de poner en tela de juicio los procesos de la Registraduría?

Yo quiero pensar que no, y espero que sea más bien un poco de falta de información de cómo funciona el sistema electoral colombiano.

El secretario de Transparencia insinuó que el proceso careció del acceso a la pluralidad de oferentes. ¿Esto fue así?

La Registraduría por cuenta del estatuto contractual tiene competencia para contratar directamente los procesos electorales porque se tratan procesos en que está involucrado el tema de la soberanía. Eso ha sido histórico desde la existencia de la ley 80. No obstante, en este proceso las directrices que dimos fueron aquellas necesarias para que se pudiera garantizar una pluralidad de oferentes. Por ejemplo, se llevó a cabo una convocatoria pública. En segundo lugar, se dio la oportunidad para que proponentes no solamente nacionales sino extranjeros participaran y se flexibilizaron los requisitos. Ahora bien, que se haya presentado un proponente escapa a las competencias de la Registraduría y del equipo técnico de veinte personas. Garantizar la pluralidad de oferentes no es tan elemental. Estos son temas demasiado técnicos. Simplemente usted verifique cuántos procesos en Colombia en los últimos dos años se han adjudicado a un único proponente. También debo decirlo no son muchas las entidades en el mundo que se dedican a estas tareas y muy pocas en Colombia. Hicimos lo que nos correspondía a nosotros.

¿Es decir, pone la mano en el fuego porque ese proceso se hizo con absoluta transparencia?

Que se haya presentado un proponente escapa a las competencias de la Registraduría y del equipo técnico de veinte personas

Yo tengo la tranquilidad de que el equipo que construyó toda la arquitectura, que realizó el proceso de estudios de mercado, que adelantó los pliegos, que llevó a cabo las pruebas técnicas, que hizo la calificación de las ofertas y que adjudicó la convocatoria cumplió rigurosamente con los procedimientos que se exigen para este tipo de convocatorias. Vuelvo e insisto, es un equipo técnico de años que viene haciendo esa tarea.

En la carta que envió la Registraduría a Transparencia se menciona que las observaciones contenidas en la comunicación de Idárraga son similares a varias cartas que envió el llamado Grupo Cadena a pesar de que no se presentó al proceso. ¿Cómo leen esta situación? ¿Puede haber algo más detrás de los señalamientos del Gobierno?

El equipo técnico y los directivos de la Registraduría contestaron de manera muy respetuosa a las solicitudes del gobierno y explicaron punto a punto por qué esas preocupaciones tenían mucho asidero en función de la realidad de la convocatoria. Explicaron también que parte de esas solicitudes ya las había estudiado el equipo técnico y se habían respondido a alguna persona o algún proveedor que pretendía o que quiso traerlas al proceso.

Esto simplemente para señalarles que el tema ya lo habíamos estudiado con detalle y lo había revisado a profundidad, y en esos términos también se le contestó al gobierno. Básicamente ese fue el objetivo y siempre en lo particular planteé al equipo la necesidad de responder porque cuando se tiene argumentos lo que hay es que hacerlo y se respondió por respeto, más que por otra cosa. Porque en últimas a quien debe responder la Registraduría no es a un funcionario del Ejecutivo, la Registraduría responde a los órganos de control. Lo haremos con todo gusto, todos los funcionarios están atentos a explicar cómo se llevó a cabo este procedimiento.

¿Cree que hay una embestida del Gobierno contra la Registraduría o esto se ha generado por estar Thomas Greg de por medio?

Yo no sabría decir cuál es la razón, pero lo cierto es que lo único que nosotros solicitamos es que permitan que la Registraduría haga su labor, que no involucren a la Registraduría en disputas políticas. La Registraduría ha sido una entidad técnica de miles de funcionarios que llevan años trabajando en ella. Ha sido garante de la democracia por décadas. Por el trabajo de la Registraduría, con el apoyo de ciudadanos y jueces de la República, se han declarado los gobernantes de Colombia desde hace muchos años. Dejen a la Registraduría hacer la tarea técnica que la sabe hacer muy bien. No olvidemos que la Registraduría es un órgano autónomo, independiente y eso debe respetarlo todos los ciudadanos colombianos y en especial los servidores públicos.

Para aclararle a la ciudadanía: ¿qué servicios va a prestar Thomas Greg en los procesos electorales de noviembre?

Es muy importante destacar que no es una empresa la que presta los servicios electorales, son un grupo de empresas que prestan diferentes servicios. Le doy unos ejemplos. Comunicaciones, impresión, distribución de documentos electorales. Otros prestan procesos de tecnología. Luego, todos ellos hacen una parte de la logística electoral. Una sola empresa no tiene esa capacidad. El proceso electoral, propiamente dicho, lo hacen los funcionarios de la Registraduría, los jueces como escrutadores y los ciudadanos colombianos como jurados de votación.

Idárraga señaló que desde 2007 el conglomerado que integra Thomas Greg ha ejecutado contratos con la Registraduría por más de 4 billones de pesos, siendo el único oferente en 26 de 27 procesos. ¿Qué ha podido averiguar sobre esto? ¿Entiende que genere inquietudes?

No conozco a detalle cómo han sido los antecedentes de esos procesos. Lo cierto es que en esta oportunidad nos dimos a la tarea de abrir convocatorias y de aceptar que inclusive proveedores extranjeros pudieran venir. Es lo que yo puedo decir. Y no obstante, no pareciera mucha la posibilidad de pluralidad. Puede ser que eso haya ocurrido en el pasado, pero no tengo elementos de juicio para decirlo. Claro que entiendo que surjan preguntas al respecto, pero le voy a poner un ejemplo: hay una empresa francesa que se llama Idemia que es la que está en los temas de cédula de ciudadanía y hace soporte con la identificación. Lleva casi 30 años en la entidad. Se trata de circunstancias que pareciera que ocurre mucho en temas de tecnología. A veces no es tan extraño.

¿Cómo se van a defender de la denuncia del secretario de Transparencia?

A quien debe responder la Registraduría no es a un funcionario del Ejecutivo, la Registraduría responde a los órganos de control

Bueno, le recuerdo que este proceso lo construyeron un grupo de funcionarios de más de 20. Directivos de la primera línea de la Registraduría que trabajaron en él. Se cumplieron rigurosamente todos y cada uno de los pasos técnicos que se han cumplido históricamente y más, porque aquí se abrió convocatoria, así que en particular estamos tranquilos para explicar cómo se llevó a cabo ese proceso. No es justo que, de un día para otro gradúen a las personas de cometer actos ilegales, porque está de por medio del buen nombre, está de por medio por lo menos el derecho de defensa. Algunas personas parecieran no entender que eso es lo mínimo que se le puede garantizar a un servidor público a un ser humano.

Se habla de riesgos para el proceso electoral de las elecciones del 2026. ¿Los hay?

El proceso electoral en Colombia es responsabilidad de todas las entidades del Estado, pero voy a hablar por la Registraduría. De parte de la registraduría ya venimos trabajando en él para garantizar plena transparencia e integridad para las elecciones de 2026. Estamos desarrollando biometría facial, vamos a publicar todos los documentos electorales. Gran parte de lo que ocurrió en Venezuela fue la no publicación de documentos electorales. Aquí se han publicado y se van a publicar todos, absolutamente todos por primera vez en la historia. Se le va a dar acceso ágil y rápido a todos esos documentos, tanto a observadores, medios de comunicación y organizaciones políticas. Vamos a tener un canal, una página web para seguir a detalle en que está el proceso electoral. Tenemos construido una planeación a detalle que permita garantizar que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto.

 Pero de parte de otras entidades también tienen que hacer la tarea. De parte de los órganos de seguridad garantizar que se garantice no solamente el derecho al voto, sino el derecho al voto libre. Los que cuidan los recursos públicos impedir que haya recursos ilegales en las campañas políticas. Si usted se pone a mirar todo lo que los ciudadanos advierten como riesgo de fraude electoral ninguno es competencia nuestra: la compra de votos le corresponde a atacarla los órganos de la policía judicial, la superación de topes no es competencia nuestra, los recursos ilegales, el trasteo de votos. Nosotros hacemos logística electoral, solo eso. Y garantizamos que la logística electoral va a ser impecable y transparente.

¿Y cómo lo garantizarán?

Que lleguen todas las personas y auditen, porque va a haber auditores nacionales e internacionales.

¿Cree que, como está sucediendo ahora, se generará mucho ruido alrededor de la entidad cuando se acerquen esos comicios?

Registrador Hernán Penagos.

Foto:Registraduría

Tenemos que prepararnos. Pero de verdad yo creo que cuando se ataca de manera desproporcionada a una entidad como la Registraduría, no estamos entendiendo que estamos poniendo en riesgo la democracia del país. No estamos entendiendo que se está jugando con candela. A la entidad y al proceso electoral pueden hacerle el escrutinio que quieran y yo estoy listo para que eso ocurra. Pero golpear a la entidad como entidad, insisto, es injusto. Porque yo le pregunto, en los últimos 30 o 40 años, ¿qué investigación ha habido respecto de un fraude real o evidente? Creo que ninguna. Luego, descalificar, no a mí, descalificar a una entidad que ha sido técnica y juiciosa por tantos años, por no decir otra cosa, es injusto.

Hemos estado en Bichada, en Amazonas, en Guaviare la semana pasada, en la Sierra Nevada, en lugares donde nos han dicho que no ha habido un funcionario público casi que en la historia del país. Ya hemos ido a entregarle documentos de entidad a personas del país. Deberíamos trabajar todos para identificar a más de un millón de colombianos que hoy no tienen ni registro civil, ni tarjeta de entidad, ni cédula de ciudadanía. Y qué bueno hacerlo con muchas entidades del Estado, que llegaran detrás de la Registraduría a entregarles sus derechos a esas personas que son los más pobres de Colombia. Que cuando la Registraduría llegue a entregarles el registro civil, la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía, lleguen las oficinas de víctimas, las oficinas de pobreza y les den a esas personas los servicios sociales que se merecen. La verdad eso no lo he visto, por lo menos en el tiempo en que llevo hoy como registrador.

¿Cómo será el proceso de selección de los operadores logísticos de las elecciones del 2026?

Hoy estamos construyendo toda la parte de planeación, evaluando qué más servicios, herramientas, tanto materiales como tecnológicas, necesitamos para el proceso. El año entrante, una vez el Ministerio de Hacienda nos arbitre los recursos, (debo destacar que a pesar de que en el decreto que se expide al Presupuesto General de la Nación se incluyen los recursos de la Registraduría, en todo caso tenemos que ir al Ministerio de Hacienda para que, mediante una figura que ha sido histórica, que se llama el previo concepto, nos arbitren los recursos de la Registraduría, es decir, no los entreguen y los autoricen) vamos a hacer un proceso de convocatoria pública abierta. Vamos a escribirle a las embajadas en el país para que inviten a proveedores que tengan de esos países y vamos a abrir tanto el proceso nacional como internacionalmente. Insisto, no tenemos las fechas claras porque todo depende del momento en que el Ministerio de Hacienda autorice la inclusión presupuestal de esos recursos.

Lo he escuchado hacer mucho hincapié en eso y no sé si es porque teme que se demoren...

Cuando se ataca de manera desproporcionada a una entidad como la Registraduría, no estamos entendiendo que estamos poniendo en riesgo la democracia del país. No estamos entendiendo que se está jugando con candela

Yo no creo que eso ocurra, pero si ocurriera, por ejemplo, que se tarde en la entrega de recursos, pues asimismo se va a tardar la convocatoria y el proceso para buscar los proveedores de logística electoral. Pero yo creo que de parte del Ministerio de Hacienda debe haber toda la voluntad para eso. Si usted revisa los procesos electorales del pasado, se va a dar cuenta que hay procesos electorales que se han adjudicado, por ejemplo, en octubre o noviembre, a cuatro o cinco meses de las elecciones de Congreso. A veces por las dificultades presupuestales. Eso ha ocurrido, pero esperamos que en esta oportunidad eso no ocurra y tengamos un tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso.

¿Cómo tomó el fallido recorte del 77 por ciento al presupuesto de la Registraduría que luego el Gobierno calificó como un error en la ponencia?

No supe realmente qué fue lo que ocurrió de manera ya operativamente hablando. Nos invitó a buscar las circunstancias que rodearon el tema. Yo lo que escuché de un lado es que se trató de algún error en la ponencia, otros plantearon otro argumento, pero al final del día me quedo con que como quiera que el proyecto no se aprobó el presupuesto debe aprobarse el presupuesto tal y como fue presentado en junio y ahí están los recursos que ha solicitado la registraduría para las elecciones del 2026.

¿Siente que de alguna manera se está intentando limitar la autonomía de la Registraduría?

Se trata de un tema que hoy cobra mucha vigencia en Latinoamérica. Diferentes organizaciones electorales han expresado su preocupación por las dificultades presupuestales que tienen. Eso quiere decir que hay una circunstancia por resolver relacionada con la autonomía presupuestal de los órganos electorales en toda la región. Yo lo he venido hablando hace días, lo he expresado en diferentes foros, especialmente en foros internacionales. Se hace necesario diferenciar entre autonomía presupuestal y soberanía presupuestal. La autonomía presupuestal es la que dice que usted puede contratar los servicios electorales, pero la soberanía presupuestal es más que eso. Es lo que estamos hablando. Que los presupuestos de los órganos electorales no deriven de un diálogo, si se quiere, de una voluntad de los gobiernos. No puede ser, porque eso ya de alguna manera limita la independencia de los órganos electorales. Cuando un órgano electoral debe ir a un gobierno a solicitar y esperar de ellos los recursos, ya se hace complejo la garantía de la independencia.

¿Está usted tranquilo con la demanda que estudia el Consejo de Estado sobre su elección?

Estoy tranquilo. Se surte el proceso como se surte cualquier proceso de nulidad electoral. Las demandas contra los altos cargos del Estado son deporte nacional. Hoy está demandado el procurador, el controlador y la fiscal. Luego, simplemente hay que prestar la atención debida y responder jurídicamente a los argumentos de quienes hacen este tipo de demandas, y que yo en lo particular pues tengo tranquilidad de cómo va avanzando el proceso.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política