La empresa Air-e, actualmente intervenida por el gobierno, emitió un fuerte comunicado denunciando lo que califican como una "persecución" liderada por el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.
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Jaime Lombana, abogado representante jurídico de la compañía, acusó al funcionario de una supuesta desinformar al público y de proteger los intereses de ciertos generadores de energía, particularmente de la Central Hidroeléctrica Urrá, en detrimento de los usuarios y de la propia Air-e.
El superintendente lidera una campaña de desinformación que ya ha sido denunciada en la Fiscalía General de la Nación hace dos meses. Adicionalmente, meses atrás interpusimos dos quejas disciplinarias en la Procuraduría contra el funcionario por hechos similares.
"El superintendente lidera una campaña de desinformación que ya ha sido denunciada en la Fiscalía General de la Nación hace dos meses. Adicionalmente, meses atrás interpusimos dos quejas disciplinarias en la Procuraduría contra el funcionario por hechos similares. Este es un evidente capítulo adicional en esta persecución", afirmó Lombana en el comunicado.
La empresa aseguró que no existen irregularidades en su relación con Urrá, desmintiendo cualquier implicación en la venta de energía a precios injustificados.
Según Lombana, Air-e fue la primera en denunciar el supuesto abuso de precios por parte de Urrá, pero el superintendente no ha tomado ninguna acción al respecto. "Ninguna irregularidad encontrará el superintendente. No existió ni existe relación alguna con Urrá, por el contrario, Air-e fue víctima del oligopolio de los generadores de energía a quienes el superintendente protege y evita investigar", añadió el representante legal.
Air-e, distribuidora de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue intervenida por el gobierno debido a problemas financieros que afectaban su capacidad para prestar el servicio.
En este contexto, Air-e asegura que ha enfrentado condiciones adversas en el mercado eléctrico. Según la compañía, solo el 4% de la energía que necesitaba en los últimos tres años fue vendida por las generadoras, obligándola a recurrir al costoso mercado de reventa y a la bolsa de energía, donde los precios se dispararon debido al fenómeno de El Niño.
"Nos vimos obligados a comprar a los revendedores, al igual que otras 37 empresas, incluyendo a las más grandes del país, como AES, ENEL y EPM", explicó Air-e en su comunicado. A pesar de esta situación, el superintendente Quiroga ha mencionado únicamente a Air-e, lo que según Lombana, confirma la persecución que enfrentan.
Denuncia ante la Fiscalía
La empresa ha llevado el caso ante la Fiscalía General de la Nación, acusando al superintendente de omisión funcional y de desobedecer las directrices del presidente de la República.
Además, han interpuesto dos quejas disciplinarias ante la Procuraduría por lo que consideran un trato injusto y sesgado.
Este enfrentamiento entre Air-e y la Superintendencia de Servicios Públicos se da en un momento clave para el sector energético del país, con la regulación de los precios de la energía bajo el escrutinio de múltiples actores.
Sobre esta denuncia la Superservicio hasta el momento no se ha pronunciando.