‘Advertimos que no definir líneas rojas en las negociaciones podría agudizar la violencia’: Diego Tovar, ex-Farc que irá a la ONU tras asesinato de firmantes en el Catatumbo

Tras la incursión armada del Eln en la región del Catatumbo y los enfrentamientos entre la guerrilla y las disidencias de las Farc, que dejan hasta el momento cinco firmantes del acuerdo de paz asesinados, el Partido Comunes le pidió al presidente Gustavo Petro detener el “genocido” contra los excombatientes.

“Los firmantes y las comunidades hemos sido víctimas de múltiples ataques, asedios, desplazamientos, atentados, ya es hora de parar el genocidio contra quienes apostamos a la paz”, se lee en un comunicado publicado este viernes. Ese mismo movimiento político reveló los nombres de los cinco firmantes asesinados por el Eln. Se trata de Jhan Carlos Carvajalito, Yurgen Martínez, Albeiro Díaz, Pedro Rodríguez y John Fredy Carrascal. 

En conversación con EL TIEMPO, Diego Ferney Tovar Henao, conocido como Federico Montes, integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) que la próxima semana se plantará frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, habló sobre las amenazas que los firmantes habían recibido meses antes del ataque y de la responsabilidad que le cabe al Gobierno por esta crisis de violencia. 

¿Cuántos firmantes han sido asesinados por el Eln y cuál es la situación hoy en el Catatumbo de los excombatientes?  

Lo que conocemos nosotros es lo que públicamente han manifestado varias fuentes judiciales, en cabeza de los mismos responsables del proceso de negociación por parte del Gobierno, pero también las informaciones que han dado los diferentes observatorios dedicados a hacer seguimiento a este problema de seguridad. Cerramos la jornada el jueves con la confirmación de cinco asesinatos de población firmante en esta región del Catatumbo, pero también se habla que hay entre 20 y 25 personas que fueron asesinadas. 

Ahora falta determinar cuáles de esas personas son líderes sociales y defensores de derechos humanos y cuántas personas de la población civil y demás. A eso se suma también la confirmación del asesinato de un compañero firmante que estaba secuestrado en el Cauca desde hace ya algunos días, si mal no estoy desde el 11 de enero de este año. Si sumamos todos estos casos, la cifra se eleva a 6 firmantes que fueron asesinados solo el día de ayer en Colombia. 

¿Los firmantes habían manifestado su preocupación por esta situación? 

Sí, pero no solamente el Catatumbo. Nosotros habíamos advertido que no definir claramente las reglas en el manejo de las mesas negociación con los diferentes actores armados de cara a la población firmante, a las comunidades, a los procesos organizativos y los territorios, podría generar una agudización de los hechos de violencia que desde hace dos años se han venido dando con estos actores armados, casi todos ellos en diálogo con el gobierno nacional. 

En esta región hay un ETCR, ¿ellos ya habían sido advertidos que algo así podía pasar? 

En las reuniones previas con el Consejo de Seguridad para la sesión que tendrá lugar el miércoles 22 de enero se había manifestado de las presiones que estaban haciendo diferentes actores contra la población firmantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, pero también con la población firmante ubicada en los diferentes municipios de la región del Catatumbo. 

Nosotros obviamente también habíamos hecho algunas alertas tempranas frente a la difícil situación de seguridad que se está presentando allí y en otras regiones con estos actores armados por su persistencia e insistencia en criminalizar y en perseguir a la población que hace parte del acuerdo de paz y a las personas que están trabajando y comprometidas en el proceso de implementación. 

¿Hablarán sobre este caso frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? 

Esperamos poder tener nuevamente el uso de la palabra en el Consejo de Seguridad como delegado de la Alta Parte Contratante bajo la regla 39 del funcionamiento de este organismo. Allí, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a señalar nuevamente los desafíos que está afrontando en materia de seguridad y de implementación del acuerdo de paz, que son desafíos que se hacen mucho más complejos en la medida que se desarrolla la política de ‘paz total’.  

¿Esto es responsabilidad de la mala implementación de la ‘paz total’? 

Esta estrategia del Gobierno no ha logrado crear líneas rojas o reglas de juego que permitan aplicar el Derecho Internacional Humanitario o el Convenio de Ginebra en cuanto a la protección especial de la población firmante y en general de las comunidades en estos territorios.  Hay que señalar que los más afectados en estas contiendas y en estos hechos victimizantes siguen siendo, no solamente los firmantes del Acuerdo de Paz que estamos comprometidos con este, sino también las comunidades y pueblos étnicos, las mujeres y las comunidades campesinas que son las que están llevando la peor parte en todo este fenómeno. 

¿Cree que haya alguna decisión de fondo en este caso? 

En la sesión anterior, Consejo de Seguridad extendió el mandato para hacer parte y acompañar el proceso con el Eln, lo cual obviamente les obligará a ellos a que deban hacer un análisis frente a su mandato y al cómo afrontar esta problemática, porque este se anexa al mandato para verificar el acuerdo de paz.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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