Acusan a Apple de implementar políticas laborales ilegales en todo Estados Unidos: le contamos los detalles

Apple enfrenta una acusación nacional por parte de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), que alega que la compañía ha implementado una serie de políticas laborales ilegales en todas sus instalaciones en Estados Unidos. 

Esta nueva acusación se suma a una creciente lista de casos que la agencia ha presentado contra el gigante tecnológico por presuntas acciones anti-sindicales en tiendas específicas.

La denuncia, presentada el pasado viernes por la oficina de Los Ángeles, dice que Apple impuso a sus trabajadores una variedad de normas que violan la Ley Nacional de Relaciones Laborales, entre ellas acuerdos de confidencialidad, políticas de no divulgación, políticas de no competencia, y restricciones en la conducta en redes sociales. 

Según Kayla Blado, portavoz de la NLRB, las políticas están diseñadas para restringir las actividades sindicales y otras formas de organización laboral entre los empleados.

Ahora bien, este caso no se produjo de la noche a la mañana y es que la oficina de Los Ángeles ha estado investigando a Apple desde 2021, a raíz de una serie de denuncias presentadas contra la compañía. Tras años de investigación y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Apple, la NLRB presentó finalmente la denuncia formal. 

Blado explicó que, aunque no se han publicado más detalles de la denuncia, las violaciones que la agencia apunta son "numerosas" y reflejan una tendencia preocupante en las políticas laborales de la empresa.

Por su parte, Apple ha llegado a seis acuerdos de conciliación con la NLRB y los sindicatos en los últimos dos años, resolviendo cargos por prácticas laborales desleales en casos específicos. 

Sin embargo, tres denuncias más están a la espera del fallo de jueces administrativos, mientras que la NLRB continúa investigando otros 30 casos en 11 estados. Este último caso, que abarca todas las ubicaciones de la empresa, marca una diferencia significativa con las denuncias anteriores, que se centraban en tiendas y oficinas individuales. Una audiencia ante un juez administrativo está programada para enero de 2024.