Trump va por más: fin a la ciudadanía por nacimiento y un giro clave en política migratoria

El exmandatario busca reinterpretar la Sección 1 de la Enmienda 14° de la Constitución, que desde 1868 garantiza la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Según un artículo publicado por el Council on Foreign Relations, el Tribunal Supremo de EE. UU. comenzó a analizar en mayo la legalidad de la orden ejecutiva firmada por Trump, que apunta a restringir ese derecho. 

La decisión podría afectar directamente a millones de hijos de migrantes indocumentados o con visas temporales, y redefinir el concepto mismo de ciudadanía en el país.

Qué es la ciudadanía por nacimiento y por qué está en debate

El principio de jus soli (derecho de suelo) establece que cualquier persona nacida dentro del territorio de EE. UU. es automáticamente ciudadana. 

Este derecho, ratificado en el caso Wong Kim Ark (1898), fue creado para revocar los efectos del fallo Dred Scott (1857), que negaba la ciudadanía a las personas negras, libres o esclavizadas.

Los críticos, incluyendo a Trump y sectores conservadores, afirman que la cláusula constitucional fue malinterpretada y que no debería aplicarse a hijos de extranjeros en situación irregular o de turistas. 

Alegan, además, que genera incentivos para el llamado “turismo de parto”, aunque estudios recientes —como los del Migration Policy Institute— sostienen que esta práctica es marginal y sobredimensionada.

Eliminar la ciudadanía por nacimiento no reduciría la inmigración, advierten los expertos. De hecho, podría aumentar en 2,7 millones la población de personas sin estatus legal hacia 2045, según un estudio conjunto entre el MPI y la Universidad Estatal de Pensilvania.

Además, limitaría derechos como el patrocinio legal que los ciudadanos pueden ejercer para sus padres inmigrantes al cumplir 21 años.

Aunque Trump no tiene facultades para eliminar esta garantía por decreto, su orden ejecutiva busca forzar una reinterpretación judicial del texto constitucional. 

Para derogar la Enmienda 14 sería necesaria una reforma constitucional, con apoyo de dos tercios del Congreso y ratificación por 38 estados, un escenario muy improbable.

Estados como Connecticut y Nueva Jersey ya presentaron demandas contra la medida, y organizaciones civiles y de derechos migratorios alertan sobre el riesgo de crear una generación de personas nacidas en EE. UU. pero privadas de ciudadanía. 

Actualmente, solo 38 países en el mundo —la mayoría en América— garantizan el derecho de suelo. El cambio que propone Trump podría aislar aún más al país en materia de derechos humanos y migración.