Trump despliega Guardia Nacional en Los Ángeles sin aval estatal y desata alarma por posible crisis constitucional

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles provocó una fuerte ola de reacciones y preocupaciones tanto legales como políticas.

La medida, considerada inédita por varios expertos, se basa en una interpretación poco ortodoxa de una ley federal destinada a enfrentar disturbios civiles graves o ataques por parte de potencias extranjeras.

Se trata de la primera vez, en aproximadamente 60 años, que un presidente estadounidense toma esta acción sin el consentimiento del gobernador del estado afectado.

Además, la orden ejecutiva firmada por Trump autoriza al Pentágono a desplegar personal militar en territorio nacional para “habilitar funciones federales y proteger propiedades del gobierno”. Algo que también es causa de alarma entre analistas, pues temen que esta práctica se pueda replicar en otras ciudades donde se desarrollen protestas.

“Esto no tiene precedentes bajo ninguna autoridad legal conocida. El uso de militares para controlar disturbios civiles debe ser el último recurso absoluto”, afirma Elizabeth Goitein, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice.

De hecho, de acuerdo con el diario The New York Times “la verdadera emergencia” en Los Ángeles es la convocatoria de las tropas para enfrentar a los manifestantes.

“La Guardia Nacional suele desplegarse en ciudades estadounidenses durante emergencias como desastres naturales y disturbios civiles, o para brindar apoyo durante crisis de salud pública, cuando las autoridades locales requieren recursos o personal adicional. No hubo indicios de que fuera necesaria o deseada en Los Ángeles este fin de semana, donde las fuerzas del orden locales habían mantenido bajo control, en su mayoría, las protestas por las redadas federales de inmigración. Por eso, la orden del presidente Trump del sábado es contraria a la historia, basada en falsos pretextos y ya está creando el mismo caos que supuestamente pretendía prevenir”, indica el medio neoyorquino.

Las razones de la Casa Blanca para desplegar la Guardia Nacional en California

Trump invocó una sección del código de los Estados Unidos que le permite pasar por alto la autoridad de los gobernadores sobre la Guardia Nacional y federalizar estas tropas cuando lo considere necesario para repeler una invasión o suprimir una rebelión.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, rechazó con dureza la medida, asegurando que las autoridades estatales y locales tienen el control de la situación y acusó al presidente de buscar “crear un espectáculo”.

El anuncio de la Casa Blanca llegó el sábado por la noche tras varios episodios de violencia durante protestas contra redadas de inmigración llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Manifestantes incendiaron un vehículo y lanzaron fuegos artificiales, mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Asimismo, también contempla la protección temporal de agentes de ICE y otros funcionarios federales, así como de propiedades del gobierno donde se prevén nuevas protestas. 

Goitein califica este uso del estatuto como un precedente peligroso, señalando que presidentes anteriores siempre lo han empleado en conjunción con la Ley de Insurrección —algo que Trump no hizo en este caso.

La Ley de Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas para reprimir rebeliones, disturbios o circunstancias extremas. 

También permite a los militares desempeñar funciones propias de la policía, usualmente prohibidas por la Ley Posse Comitatus. La última vez que se invocó esta ley fue durante los disturbios de 1992 en Los Ángeles tras la absolución de los policías implicados en la golpiza a Rodney King.

Según Goitein, el presidente Trump podría estar intentando evitar el costo político de invocar la Ley de Insurrección al usar únicamente el estatuto de servicio federal. 

“Esto es terreno nuevo. Hay dudas sobre si está tratando de emplear los poderes de la Ley de Insurrección sin activarla oficialmente”, explicó en una entrevista con el New York Times.

Para el profesor Steve Vladeck, experto en derecho constitucional de la Universidad de Georgetown, al no invocar la Ley de Insurrección, los soldados federales tienen poderes limitados. “No están autorizados a realizar arrestos por su cuenta ni a ejecutar redadas migratorias”, aclara Vladeck.

¿Por qué Estados Unidos podría enfrentar una crisis constitucional tras orden de Donald Trump?

Rachel Van Landingham, profesora de la Escuela de Derecho en la Universidad de Southwestern y exabogada militar, también advirtió sobre los peligros de una escalada.

“Esto podría derivar fácilmente en una crisis constitucional si se activa la Ley de Insurrección”, dijo la analista.

Para Trump, sin embargo, la medida era necesaria no solo para proteger a las agentes del ICE que vienen realizando redadas sino a la misma ciudad, que, afirma está siendo tomada por “insurrectos”.

“No vamos a permitir que escupan a nuestros policías ni a nuestros militares. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para liberar Los Ángeles de la invasión migrante”, dijo el presidente en redes sociales.

Desde la Casa Blanca, Abigail Jackson, una portavoz, defendió las acciones del mandatario alegando que “ciudades e instituciones dirigidas por demócratas han fallado al pueblo estadounidense por elección o por incompetencia” y que Trump está actuando para “proteger a los estadounidenses cuando los demócratas se niegan a hacerlo”.

La administración Trump, además, advirtió que está lista para escalar aún más la respuesta. Tom Homan, el llamado zar de la frontera, dijo que podrían arrestar a cualquier persona, incluidos funcionarios públicos, que interfiera con la aplicación de las leyes migratorias.

Donald Trump y su puja con los demócratas de California

En cualquier caso, el episodio no es aislado. Desde su llegada a la Casa Blanca Trump viene adoptado un enfoque de confrontación con California en una multitud de frentes.

El mes pasado amenazó con cortar fondos federales por la inclusión de atletas transgénero en deportes femeninos y, recientemente, su administración anunció la cancelación de cerca de 4.000 millones de dólares destinados al tren de alta velocidad del estado.

De alguna manera, la disputa con Newsom, por un tema migratorio, era el escenario perfecto para llevar la pelea a otro nivel contra un gobernador rival -que puede ser candidato a la presidencia en 2028- y un estado que considera hostil a su agenda.

Pero más allá de lo puntual también está un profundo debate, con serias implicaciones para el país, sobre la expansión del poder presidencial -en detrimento del poder estatal- y los límites que hasta ahora tenían los militares para intervenir en asuntos domésticos.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO -Washington - @sergom68