Tormenta por capturas de Name y Calle por coimas desde el Gobierno apenas comienza

Las capturas de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por presuntamente haber recibido coimas desde el Ejecutivo para favorecer el trámite de la reforma pensional, constituyen un golpe para la imagen y credibilidad de las ya desprestigiadas instituciones colombianas, según encuestas. Tanto el Congreso como la Presidencia se ven afectados por este escándalo de corrupción, que nació del seno del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia, que tenía en la mira a quienes fueron las cabezas del Legislativo entre 2023 y 2024, desde hace un año, ordenó su detención el miércoles tras encontrar suficientes elementos sobre su presunta participación en un entramado. Pasaron de reinar en el Capitolio a habitar el pabellón de funcionarios públicos en La Picota.

Name y Calle, según las investigaciones del alto tribunal, habrían recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos, respectivamente, en el segundo semestre de 2023, justo cuando estaba en trámite la reforma pensional que finalmente fue aprobada por el Congreso y que hoy está en manos de la Corte Constitucional, la cual estudia una demanda por posibles vicios de procedimiento.

Es un hecho que golpea a los dos palacios, aunque desde el petrismo y el propio jefe de Estado se ha tratado de desligar de este hecho y cambiar la narrativa.

“Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo. Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara su tiempo de discusión”, fue la primera reacción del presidente Petro tras la orden de captura emitida por la Corte. Se refirió puntualmente a Name, pero no mencionó a Calle, quien hace parte de un clan político en Córdoba clave para la victoria de Petro en la región. De hecho, el hermano del expresidente de la Cámara fue el candidato del Pacto Histórico para la gobernación en las regionales de 2024.

“Petro, recuerde cómo usted apoyaba a su amigo Andrés Calle. Negarlo hoy no cambiará la historia”, le reclamó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, al mandatario.

¿Quién les dio la plata y de dónde salió? A Name le habría sido entregada por la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, su compañera de la Alianza Verde, quien hasta hace unos meses se sentaba en la misma mesa del presidente Gustavo Petro y hoy está imputada y pasa sus días en la Escuela de Carabineros, en Bogotá.

A Calle, la plata se la habría dado Sneyder Pinilla, quien fue subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desde donde se habrían desviado los recursos para pagar a las dos cabezas del Legislativo. Pinilla es el primer condenado por el entramado de corrupción y, gracias a él y a Olmedo López, quien era el director de la entidad, el país ha conocido los detalles de cómo se desviaron recursos para presuntamente comprar congresistas y favorecer el trámite de las reformas sociales. Ellos fueron los primeros en ser capturados y han buscado beneficios con la justicia. 

Al parecer, esos recursos habrían sido utilizados para impulsar las campañas al Concejo de Bogotá de María Clara Name y de los Calle en Córdoba.

Pero no es un hecho menor que otros seis congresistas están en la mira por este caso, así como un excongresista, además de altos funcionarios del Gobierno Nacional, como Carlos Ramón González, ex-M19 y quien durante meses fue el hombre de mayor confianza del presidente Petro, cuando fue director del Dapre y, literalmente, le cargaba el maletín al mandatario. Tras su mención en el escándalo, el mandatario lo sacó del Palacio presidencial y lo envió a un cargo de gran trascendencia: la Dirección Nacional de Inteligencia.

Pero todo indica que Carlos Ramón, amigo personal de Name –fundaron juntos la Alianza Verde–, sería el próximo en caer, pues según la Corte Suprema de Justicia es el cerebro de la operación para comprar a Name y Calle.

“Para la Sala, del contexto relatado por Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez se desprende, clara y objetivamente, que Iván Leonidas Name Vásquez conocía, probablemente, que los recursos que le serían entregados —3.000 millones de pesos— tenían su origen en el patrimonio de la UNGRD. No puede razonarse de otra forma, al constatar su presencia en el desayuno organizado por Sandra Ortiz Nova, entonces consejera presidencial para las Regiones, donde también estuvo presente Olmedo López Martínez, director de la entidad, y en el que participó Name Vásquez, según la versión de López. Dicho encuentro, además, estuvo precedido por la orden emitida en tal sentido por el director del Dapre, Carlos Ramón González Merchán”, dice la Corte.

Las implicaciones para las instituciones colombianas 

Es un escándalo de corrupción en doble vía. Tanto Congreso como Presidencia están inmersos. En otros casos de la historia, la imagen del Congreso se vio afectada por su relación con la mafia, así como con los paramilitares. Y aunque otros expresidentes del Congreso tienen líos con la justicia, este caso tiene una particularidad porque ambos habrían cometido el delito en sus dignidades y es desde seno del Ejecutivo donde se pagó a congresistas, específicamente a sus cabezas. La relación con el Ejecutivo, en la que ha primado la transacción y los votos a cambio de puestos y contratos, que no dejan de ser delito, ha llegado a otro nivel.

“Si bien el Congreso, según todas las encuestas, es una de las instituciones más desprestigiadas del país, la captura por presuntos actos de corrupción de los expresidentes de la Cámara y Senado es un golpe de incalculables consecuencias y que deja no solo muy mal parado al Congreso, sino al Gobierno también”, dijo Gabriel Cifuentes, analista político y columnista de este diario. Y añadió que “la captura contribuye a reforzar la convicción del imaginario colectivo sobre las relaciones espurias entre el Gobierno y el Congreso; confirma esa desconfianza generalizada que se tiene sobre el Legislativo y mina profundamente su legitimidad. Por su parte, al Gobierno también lo deja muy mal parado, al seguir evidenciando que el entramado de corrupción urdido desde las entrañas de Palacio ya dejó de ser una hipótesis de investigación para convertirse en una pieza más del ajedrez de uno de los peores entramados de corrupción. Será muy difícil desmarcarse después de la decisión de la Corte Suprema”, aseveró.

Mientras que Fernando Posada, también analista y columnista de EL TIEMPO, señaló que se cae parte de la narrativa del supuesto bloqueo legislativo del que habla el presidente Petro cuando sus iniciativas no van al ritmo que él espera e incluso se hunden.

“Un gobierno no puede seguir diciendo que el Congreso lo tiene bloqueado mientras los expresidentes de las dos cámaras son capturados por presuntamente recibir sobornos de funcionarios del Gobierno para aprobar reformas. Ahora la pregunta que debemos hacer es quién lideró esa operación criminal de semejante magnitud desde el alto Gobierno”, dijo Posada.

“El Congreso debería entender que asumir posiciones en las mesas directivas para hacerle mandados a gobiernos –al que sea– no vale la pena. El Gobierno se lavará las manos, los acusará de ‘traición’ y buscará al siguiente mandadero. No se presten”, advirtió la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Así se movió Iván Name en la reforma pensional

El expresidente del Senado, quien derrotó a la senadora Angélica Lozano en esa puja cuando la dignidad le correspondió a la Alianza Verde, se apartó del debate de la reforma pensional.

Él no dirigió las sesiones en las que la iniciativa fue aprobada en la plenaria del Senado, en el primer semestre de 2024. Quien fue la encargada de presidir las sesiones fue la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, entonces vicepresidenta de la corporación.

En total, fueron 8 de 13 sesiones en las que le cedió el asiento de la presidencia a la senadora del Pacto Histórico. Incluso, varias de estas sesiones, al menos cinco, se hicieron de forma posterior a la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la congresista de izquierdas para dicha dignidad. Aunque no estaba en firme el fallo, le cedió el puesto.

Name, anticipando su captura, se despidió del Congreso el martes, en la sesión plenaria, donde dio un mensaje que parecía una despedida. “No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos y una justicia en la que confiamos. Dispuestos a cambiar el traje y la vestidura parlamentaria por el que deba ser o pueda ser”, dijo a sus compañeros, y añadió: “No sé si mañana vuelva, pero mientras tanto le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al Parlamento”. Name, miembro de una poderosa familia política, de la que hizo parte el célebre José Name Terán, ya había anunciado su retiro del Congreso en 2026 y buscaría que su hijo, Iván Name Junior, ocupara su curul.

Presidente Gustavo Petro está dispuesto a declarar ante la Corte Suprema de Justicia

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del viernes que está dispuesto a declarar en la Corte Suprema de Justicia en este proceso, pero en sus mensajes insiste en la narrativa de desligarse y desligar a su gobierno de este entramado.

“No hay acción de soborno mía sobre un contradictor político que considero bajo y ruin, como Name. Más bien miren la acción de robo sobre el erario que administra mi gobierno, al que se oponía virulentamente, como una acción para financiar la campaña de su hija. Solo miren las fechas, tanto de la campaña de la hija como de los siete meses de engavetamiento de la reforma”, aseveró el mandatario.

Nuevamente, no mencionó a Calle, un hombre clave para la aprobación de la primera reforma de la salud y la pensional en plenaria de Cámara, donde se acogió el texto del Senado para evitar la conciliación, ya que si la reforma volvía, Name –ha insistido el presidente– la hundiría.

“Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia. Iván Name era el enterrador de la reforma pensional, y no su salvador sobornado”, complementó el mandatario.

El papel de Andrés Calle y su cercanía con el presidente Petro

El presidente Petro no menciona a Calle, y el petrismo se desmarca. Calle y su familia tienen una relación con el jefe de Estado desde 2021.

“Yo soy un demócrata, un liberal socialdemócrata. Y, en ese orden, acompañé al presidente Petro. Yo no soy un líder de izquierda, no soy petrista; lo acompañé porque el liberalismo comparte unas ideas con el Presidente. El Presidente tiene unas ideas liberales, pero el Partido Liberal no es petrista. Hemos acompañado al Presidente porque creemos en la agenda de cambio que le ha propuesto al país”, dijo en entrevista con este diario en febrero de 2024. Incluso, Gabriel Calle fue el gerente de la campaña de Petro en 2022. Tal era la relación, que el hoy mandatario, teniendo su propia lista a la Cámara, invitó a votar por Andrés, quien durante algunas sesiones de la pensional también se apartó, luego de que la Corte empezó a investigarlo.

Ahora, están por verse los efectos de este entramado de corrupción que salpica a los más altos funcionarios del Estado, un hecho que sin duda mina la confianza y la credibilidad de las instituciones colombianas y que será un arma de campaña en las legislativas y presidenciales de 2026.

Es un mensaje contradictorio del jefe de Estado, pues el 20 de julio de 2024, entre Name y Calle, durante la instalación del Congreso, le pidió perdón al país por el caso de corrupción de la UNGRD, específicamente por Olmedo López. “Quiero pedirles perdón por lo sucedido en la UNGRD, lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo no fue una transacción política: él viene de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. La corrupción en Colombia es una cultura, atraviesa todo, a los más ricos y a los más pobres, está entre los que tienen responsabilidades y los que no las tienen”, afirmó.

Están por verse los efectos de este escándalo de corrupción, que hasta ahora se está desarrollando, en las elecciones de 2026, si habrá un voto castigo contra los implicados, así como sus partidos. Además, este podría ser un nuevo elemento de la escalada de polarización que hoy enfrenta el país, para la cual necesita unas instituciones sólidas. 

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política