Telefónica sobornó a funcionarios del Gobierno de Maduro para recibir dólares preferenciales, determinó investigación en EE.UU.

Con el fin de obtener dólares preferenciales, se conoció este jueves que la empresa Telefónica Venezolana C.A., subsidiaria de la española de telecomunicaciones, incurrió en sobornos a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, en el año 2014.

Ante esta irregularidad, deberá pagar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cantidad de 85,2 millones de dólares.

“Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Telefónica Venezolana ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa”, dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.

La fiscal explicó que “Telefónica Venezolana decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela. Esta resolución es otro ejemplo más del compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra la corrupción y hacer que las empresas rindan cuentas por su conducta delictiva”, se lee en el sitio web del Departamento de Justicia.

Según la investigación, en el 2014, justo cuando el país atravesaba una severa crisis económica y los anaqueles de los supermercados estaban vacíos, Telefónica Venezolana -al igual que otras empresas- participaban del mecanismo de subastas implementado por el Gobierno para obtener dólares. 

Pero no todas las compañías salían satisfechas de las subastas. Para asegurar su compra, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para que realizaran aproximadamente 28,9 millones de dólares en pagos corruptos a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como una “comisión” a funcionarios del régimen venezolano.

Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el costo de los sobornos comprando equipos de los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, Telefónica Venezolana obtuvo permiso para intercambiar y posteriormente recibir más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65 por ciento de los fondos que el régimen de Maduro otorgó en la subasta de divisas de 2014, se lee en la web del Departamento de Justicia.

El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, detalló que “Telefónica Venezolana, una subsidiaria y agente de un emisor estadounidense, acordó llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano (…) Luego, los intermediarios canalizaron los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos. Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posición en el mercado apaciguándolos”.

Por este caso, la compañía era acusada de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Telefónica Venezolana y su matriz corporativa en España acordaron, entre otras cosas, continuar cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del DPA. Además, Telefónica Venezolana y Telefónica acordaron mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al gobierno sobre la remediación e implementación de su programa de cumplimiento mejorado.

“Este caso es un ejemplo del esfuerzo incansable de la Oficina de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para combatir la corrupción y proteger los intereses de los Estados Unidos”, dijo el agente especial ejecutivo a cargo Kareem Carter de la Oficina de Campo del IRS-CI en Washington. “Estamos comprometidos a llevar adelante investigaciones sobre fraude corporativo en un esfuerzo por proteger a los consumidores de tener que asumir los costos asociados con la actividad criminal”.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - CORRESPONSAL EL TIEMPO - CARACAS